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Aguas marinas en Colombia, historia, desarrollo y perspectivas de las políticas públicas para mares y océanos
32 páginasEl 71% de la superficie del planeta Tierra está constituido por mares y océanos, sin embargo, el conocimiento de sus riquezas y potencialidades es mínimo. A lo largo de la historia estos cuerpos de agua han servido tan solo como una vía de comunicación entre los países del mundo, pero los avances en la tecnología, el transporte y el comercio han inducido a una nueva forma de apropiación de los espacios marinos y oceánicos. Estas formas de apropiación han implicado a su vez el establecimiento de una normativa que permita un aprovechamiento y convivencia pacíficos entre los Estados, fruto de ello surgió la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. A pesar de haber participado históricamente de sus negociaciones,
Colombia no forma parte de los 168 países que han ratificado dicha convención. Este documento analiza la historia, desarrollo y evolución, así como las perspectivas del país en la esfera internacional en materia de políticas nacionales para mares y océanos
Territorios líquidos de Colombia. Espacios marítimos e insulares ante la legislación nacional e internacional
44 páginasColombia conserva una larga tradición de respeto hacia los acuerdos y tratados internacionales. Sin embargo, ha seguido un derrotero en ocasiones alejado de esa tendencia, de tal manera que en su legislación introduce y adopta conceptos referentes a la definición de espacios marítimos tales como Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva (zee) y Plataforma Continental, aceptados por la comunidad y la legislación internacional por medio de acuerdos multilaterales, sin que para el país se hayan creado vínculos jurídicos (convenios) derivados de ellos. Esta investigación analiza, desde la perspectiva de la evolución histórico-jurídica, los acontecimientos legislativos que han dado como resultado nuestra actual estructura normativa en materia de definición de espacios marítimos, conscientes de que constituye una base fundamental para plantear las estrategias de abordaje de los retos derivados de la gestión territorial y ambiental del 50 % de nuestro territorio
Delitos ambientales en Colombia. Análisis desde la perspectiva de las políticas nacionales de protección de los recursos naturales
34 páginasLa expedición de un cuerpo normativo de carácter integral, y cuyo objetivo
primordial era la protección de los recursos naturales en Colombia se inició
con la expedición del Decreto ley 2811 de 1974. Antes de ese decreto los compendios
normativos en materia ambiental se inscribían dentro de un amplio
contexto de normas de carácter sectorial, dispersas y normalmente centradas
en objetivos específicos, en los que la concepción de la integralidad como
elemento fundamental aún no era tenida en consideración por la legislación.
Las reuniones de Estocolmo 1972 y Río de Janeiro en 1992 marcaron la línea a
seguir por los países firmantes en cuanto a la construcción de políticas públicas
en materia de protección de los recursos naturales, que posteriormente se
tradujeron en la espina dorsal de muchas cartas constituciones a nivel regional
e incluso global, y con gran incidencia en las latinoamericanas. De la misma
manera, estos antecedentes propiciaron la construcción y el desarrollo de un
capítulo específico dentro de nuestro estatuto penal titulado “De los delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente”, diseñado con el objetivo
de salvaguardar y proteger los bienes jurídicos que conforman nuestro
medio ambiente, así como los mecanismos para exigir responsabilidades a sus infractores. Este trabajo plantea un recorrido por ese proceso evolutivo
y adicionalmente realiza, desde la perspectiva de la estadística descriptiva,
una radiografía del comportamiento de los delitos ambientales con mayor
incidencia durante el período comprendido entre 2000 y 2018.The issuance of a comprehensive regulatory body and whose primary
objective was the protection of natural resources in Colombia, began with
the Law 2811 of the year 1974. Before this expedition, the regular compendiums
on environmental matters were scattered throughout broad context
of sector-specific norms, usually focused on specific objectives, in which the
concept of comprehensiveness as a fundamental element was not yet taken
into account by legislation. The meetings of Stockholm 1972 and Rio de
Janeiro in 1992 marked the line to be followed by the signatory countries
regarding the construction of public policies about the protection of natural
resources, which subsequently became the backbone of many constitutional
letters of regional and even global level, and with great incidence in Latin
American countries. These antecedents, in the same way have directed the
construction and development of a specific chapter within our criminal
statute entitled “Of crimes against natural resources and the environment”,
designed with the aim of safeguarding and protecting the legal assets that
make up our environment, as well as mechanisms to hold its offenders accountable.
This work presents a journey through the evolutionary process
and additionally performs, from the perspective of descriptive statistics, an
x-ray of the behavior of environmental crimes with the highest incidence
during the period from 2000 to 2018