Honduras: el papel de los municipios en el combate a la pobreza

Incluye BibliografíaEn el marco del Proyecto Pobreza urbana: estrategia orientada a la acción para los gobiernos e instituciones municipales de América Latina y el Caribe" se realizó el presente trabajo sobre el sistema municipal y la superación de la pobreza y precariedad urbana en Honduras. El objetivo principal de la investigación fue identificar las capacidades, fortalezas y debilidades que presenta el sistema municipal de Honduras, para desarrollar y colaborar en acciones y programas para superar la pobreza. Honduras es uno de los países con menor ingreso per cápita de América Latina (700 dólares anuales). El crecimiento promedio de la economía hondureña en el período 1991-2000 fue 3,2% por año, pero el crecimiento promedio anual de la población fue de 3,3% en el mismo período, por lo que el PIB per cápita permaneció estancado. En primer lugar la Ley de Municipalidades no asigna casi ninguna función relevante a los mismos, y en los hechos su existencia no resulta significativa en términos del combate a la pobreza, salvo algunas pocas excepciones puntuales en el caso de educación y salud. En segundo lugar, la Constitución establece la autonomía municipal, y el gobierno a través de Corporaciones elegidas por los habitantes de cada uno de los municipios, y si bien impide la sanción independiente de "impuestos", los que requieren ser aprobados por el Gobierno Nacional, otorga a los municipios facultades bastantes amplias para la aplicación de tasas retributivas de servicios, así como para el cobro de las contribuciones de mejoras. En tercer lugar, si bien la Corporación Municipal es el órgano que analiza y emite regulaciones municipales y constituye la máxima autoridad en los municipios, bajo la administración del Alcalde y de los Regidores, el grado de independencia política respecto del Gobierno Central resulta ser tan débil que produce una inestabilidad laboral que afecta a todos los niveles y constituye un gran limitante para mejorar el grado de eficiencia de la acción de las municipalidades. En cuarto lugar, el proceso de descentralización fiscal en Honduras no puede ser analizado de manera independiente de la marcha de las finanzas del Gobierno Central. En ese sentido resulta evidente que todo proceso de descentralización implica un riesgo potencial de desvío en cuanto al nivel de las erogaciones y recursos nacionales que sólo puede ser asumido bajo circunstancias de un estricto control fiscal. En quinto lugar, el porcentaje de las transferencias del Gobierno Central a los municipios establecido en la Ley de Municipalidades, no se ha venido cumpliendo, incorporando así un elemento de incertidumbre y discrecionalidad en el manejo de las finanzas municipales. Por otra parte, si bien los criterios de distribución secundaria establecidos resultan ser de sencilla aplicación, los mismos no brindan ningún estímulo a los municipios para que estos incrementen sus recursos propios. En sexto lugar, los municipios tienen un ámbito limitado de competencias propias en el cual desarrollarse, estando las mismas focalizadas en brindar bienes y servicios semipúblicos a sus habitantes, si bien en los últimos años se han desarrollado algunas experiencias en materia educativa que sería conveniente que sean impulsadas con mayor fuerza. Este conjunto de elementos -cantidad y tamaño desigual, ausencia de información estadística muchas veces no consistente, influencia del entorno político y debilidad macrofiscal-, constituyen un punto de referencia inicial que debe ser tomado en consideración por las autoridades gubernamentales a la hora de adoptar decisiones tendientes al fortalecimiento y descentralización municipal con el objetivo de combatir los altos niveles de pobreza existentes. El proceso de transformación municipal en el país, sustentado sobre la base de una mayor descentralización y fortalecimiento de los municipios, enfrenta una serie de obstáculos y desafíos que requieren ser conocidos de manera previa para poder formular las recomendaciones del caso.

Guatemala: fortalecimiento de las finanzas municipales para el combate a la pobreza

Incluye BibliografíaGuatemala tiene un área de 108.889 kilómetros cuadrados. De acuerdo con el último censo, realizado en el año 2002, el país contaba con 11.237.196 habitantes. Su tasa de crecimiento de población es de 2,6%. Es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, donde, además del castellano (idioma oficial), se hablan 22 idiomas más (20 mayas, el xinca y el garífuna). El país ocupa el puesto número 120 en el índice de desarrollo humano. A partir de 1986 Guatemala vive un nuevo orden constitucional democrático, habiendo logrado en la década pasada una tasa de crecimiento económico del 4,1%; sin embargo, en los últimos tres años el crecimiento promedio ha sido menor del 3%. En el 2000, el 40,5% de los guatemaltecos eran pobres y el 15,7% extremadamente pobres.3 Para llevar a cabo el proceso de descentralización eficiente es necesario transferir recursos financieros al igual que contar con sistemas de rendición de cuentas. Después de un largo período de guerra civil que vio sus momentos más convulsos en 1982, tres años después, en 1985, el país aprobó una Constitución y celebró elecciones libres certificadas como un reflejo verdadero de la voluntad ciudadana. Finalmente, el 14 de enero de 1986 el país entró en un proceso de democratización largamente esperado. La Asamblea a cargo de redactar y aprobar la Constitución incluyó el artículo 257, el cual especificaba que el 8% de los ingresos ordinarios" (un concepto cercano pero no idéntico a "ingresos corrientes"),4 debería ser asignado a las municipalidades de acuerdo a un conjunto de criterios redistributivos (básicamente relacionados con población total, rural y los ingresos propios recaudados por las municipalidades). La única limitación a esta transferencia por parte del gobierno central, exigida directamente a las municipalidades, era que el 90% de la cantidad total recibida, debía ser invertida en infraestructura y el 10% restante podía asignarse al funcionamiento de las municipalidades (principalmente salarios). Esta medida fue denominada "aporte constitucional" (AC) el cual es entregado trimestralmente por el Ministerio de Finanzas Públicas. Políticamente, las medidas de descentralización eran consideradas ajustadas a las metas democráticas y este AC del 8% intentaba llegar rápidamente a las comunidades alejadas para atender necesidades insatisfechas por largo tiempo. Sin embargo el propio proceso de distribución de los fondos, en particular en relación con las comunidades indígenas, generó una desconfianza en el proceso de descentralización que se estaba iniciando. Sin embargo, estas medidas fueron profundizadas, mejoradas y ampliadas a través de los años. En 1993, durante la presidencia de León Carpio se reformó la Constitución Política, eliminando la clasificación de la municipalidades y las elecciones municipales a mitad de período; se elevó de 8% a 10% el aporte constitucional a las mismas, destinándose, como mínimo, el 90% a programas y proyectos de educación, salud, obras de infraestructura y servicios públicos. Asimismo a comienzos de 1997, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue aumentado del 7% al 10%, y el 1% de esta contribución fue también asignado a las municipalidades. Posteriormente, este porcentaje fue aumentado al 1,5% (2001). Ambos rubros, el Aporte Constitucional y la asignación de la contribución del IVA-Paz juntos, representaron el 48,8% de los ingresos totales municipales en 1999. Por otro lado, surgieron los Fondos de Inversión Social que consistían en una concentración de recursos, que provenían del gobierno y de agencias bilaterales y multilaterales, que se especializaban en proyectos pequeños, fuertemente demandados por las comunidades locales. En Guatemala, este esquema llegó algo tarde pero una vez que el primero fue aceptado en 1993, la cantidad de fondos se expandió rápidamente a punto tal que en 1999 había 19 de ellos operando en el país. Las nuevas prioridades también han permitido a los gobiernos locales contraer deudas, añadiendo los bancos comerciales a las instituciones públicas que, con anterioridad, habían sido su fuente financiera en el pasado. Este rubro contribuyó con el 11,3% de los ingresos totales municipales en 1999. Recientemente, una nueva posibilidad de incrementar los ingresos propios para los gobiernos locales es la transferencia del impuesto único sobre inmuebles que en otras partes del mundo resulta ser un elemento clave para la autonomía municipal. Existen 142 municipios que recaudan este impuesto, de un total de 331. Este es un programa auspiciado por el Ministerio de Finanzas Públicas que ha permitido que los municipios puedan incorporarse voluntariamente si demuestran tener la capacidad para administrarlo. El programa comenzó en 1994 y para 1999 constituía el 4,3% respectivamente del ingreso total municipal, habiendo experimentado un crecimiento del 12% en este último año con relación al anterior. Además, las municipalidades continuaron recibiendo un impuesto de aproximadamente US$ 0,02 por galón de gasolina superior o regular en el presente y otro impuesto sobre la circulación de vehículos. En el año 2002 se aprobó el nuevo marco legal para el proceso de descentralización, con la aprobación de la Ley General de Descentralización, así como el nuevo Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Los principales desafíos que implica impulsar el proceso de descentralización y desarrollo municipal en Guatemala, se refieren al establecimiento de un marco nacional de políticas, que permita definir una mejor correspondencia entre las competencias y recursos a nivel municipal y determine un adecuado balance entre la autonomía municipal, el control presupuestario, la rendición de cuentas y el equilibrio fiscal.

Nicaragua: el papel de los municipios como instrumento para el combate de la pobreza

Incluye BibliografíaCon un ingreso anual per cápita de US$ 730, Nicaragua no sólo es uno de los países más pobres de América Latina, sino que además tiene una distribución de ingresos muy desigual (el coeficiente de Gini en 2002 fue de 0,579), un alto coeficiente de pobreza del orden del 46% en el 2001, una pobreza extrema del 15,1% en ese mismo año y ocupaba la posición 118 en el mundo según el Índice de Desarrollo Humano de 2002. Este conjunto de circunstancias pone de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar políticas que procuren lograr de manera urgente los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese sentido, se observa que Nicaragua viene realizando esfuerzos por desarrollar una política de reducción de la pobreza, habiéndose creado con esos propósitos el Fondo de Inversión Social de Emergencia en 1990, la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza en 2001 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el 2003. Dado que Nicaragua es uno de los países más endeudados del mundo, la condonación de la deuda en el marco de la Iniciativa HIPC constituyó un incentivo primordial para implementar reformas políticas. Asegurar los recursos financieros para la infraestructura social y el aumento de ingresos y, al mismo tiempo, contrarrestar el enorme déficit presupuestario constituye un reto particular en la reducción de la pobreza. El resultado del Sector Público no Financiero (SPNF) para los años 2002/2004 indica un déficit que osciló entre 5% y 6,0% (antes de donaciones) y dicho niveles siguen principalmente los desequilibrios del Gobierno Central lo que se debe, por un lado, a que los ingresos tributarios han tenido un sostenido incremento entre el 2002 y el 2004 (pasaron del 13,5% del PIB al 15,5%) debido a las reformas efectuadas en materia impositiva a través de la Ley de Ampliación de la Base Tributaria y de la Ley de Equidad Fiscal, y por otro, al incremento más leve del gasto. En la última década el gobierno ha avanzado en lograr mayor disciplina fiscal, pero la capacidad de hacer políticas económicas y sociales coherentes aún está fragmentada. Las debilidades institucionales han fomentado una dispersión en el diseño y coordinación de programas y proyectos, dando como resultado una baja eficiencia operacional del gasto. Durante 2002 y 2003, la política del gobierno en relación al gasto para la reducción de la pobreza se orientó en dos direcciones: una, protegerlo de las severas restricciones presupuestarias; y dos, elevar su eficiencia e impacto. De esta manera, mientras el gasto del SPNF mostró un perfil descendente para lograr reducir el déficit fiscal, por el contrario el gasto para la reducción de la pobreza se incrementó. El PND determinó los niveles del gasto de pobreza para el quinquenio 2005-09 y estimó que el gasto en pobreza solamente podrá crecer alrededor de 0,2% del PIB anualmente, con lo que no será factible lograr algunas metas de la estrategia. No obstante los esfuerzos realizados, los mismos no han sido tan exitosos como lo deseable en lo que se refiere al aumento de ingresos y de empleo para la población pobre, de ahí que el tema de la descentralización municipal cobre tanta importancia en esta nueva etapa como un mecanismo más efectivo de incentivar la participación ciudadana para focalizar el gasto en las áreas y los sectores más necesitados. La autonomía municipal está consagrada en la Constitución Nacional y la Ley de Municipios define el concepto y los alcances de la autonomía municipal, consistentes entre otros, en la gestión y disposición de sus propios recursos con plena autonomía, para lo cual cada municipio elaborará anualmente su presupuesto de ingresos y egresos. La autonomía se expresa también a través del ejercicio de las competencias municipales señaladas en las leyes, con el fin de satisfacer las necesidades de la población y, en general, en cualquier materia que incida en el desarrollo socioeconómico de su circunscripción. En la actualidad el territorio nacional se divide en 152 municipios y la Ley del Régimen Presupuestario Municipal, que regula el presupuesto tanto de ingresos como de egresos, los categoriza según su nivel de ingresos corrientes. Sobre la base de esa clasificación se señala la alta concentración geográfica de la población y de los ingresos de los gobiernos locales (producto de una concentración de las actividades económicas) en sólo unos pocos de ellos, así como la heterogeneidad de los mismos, lo que pone de manifiesto la diversidad de las demandas de servicios públicos que experimentan los municipios. Esto plantea la necesidad de diferenciar las políticas para enfrentar la pobreza urbana y la rural. Por último, la relación entre las categorías municipales y el grado de pobreza extrema existente en cada una de ellas, señala una enorme brecha entre Managua y el resto del país. Asimismo se observa una correlación inversa existente entre el nivel de ingresos propios per cápita de cada categoría y el nivel de pobreza extrema de los mismos, la cual se ratifica al agrupar los municipios de cada categoría en distintos niveles de pobreza: a medida que desciende el nivel de recursos propios, los municipios suelen presentar mayores problemas de pobreza. Tres son las fuentes principales de recursos de que disponen los gobiernos locales: por una parte el conjunto de sus ingresos corrientes propios (ingresos tributarios); por otra el conjunto de transferencias que reciben por parte del Gobierno Central y otros organismos, y finalmente, las donaciones. Asimismo se observa que para el conjunto de los municipios la composición de sus ingresos totales se distribuye en partes iguales entre sus recursos propios, que pueden ser asignados libremente para llevar a cabo sus funciones de gastos, y los ingresos por transferencias y donaciones, que se encuentran condicionadas en su destino. De esta forma la masa de recursos financieros de los municipios en Nicaragua (3,7% del PIB en el 2004) resulta ser superior al de otros países de la región. Los municipios solamente pueden cobrar tributos, que hayan sido legislados a nivel nacional. Dentro de los principales impuestos municipales podemos destacar el impuesto municipal sobre ingresos (IMI), el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), y el impuesto de matrícula y licencias (IML). El segundo tipo de tributos lo componen las tasas que se cobran por la prestación de un servicio municipal o por el uso o aprovechamiento privado de un bien municipal. El último tipo de tributos está compuesto por las contribuciones especiales que son establecidas en el Plan de Arbitrios Municipal a los beneficiados directamente por una obra o por la ampliación o mejora de un servicio municipal. El conjunto de los impuestos municipales constituyen el 84% del total de sus ingresos tributarios (el IMI produce el 53% de los ingresos tributarios, el IBI ha duplicado los niveles de recaudación entre el 2000 y el 2004, llevándolo del 11% al 14,3% de los ingresos tributarios y el impuesto de matrículas y licencias" aportó alrededor de 11% de los ingresos tributarios.) mientras que las contribuciones especiales o de mejoras prácticamente no generan ningún ingreso a los mismos. En cuanto a las tasas (15% del total de ingresos tributarios), son mayormente ingresadas en función de los servicios prestados por los municipios (ya que las tasas por aprovechamiento tienen un carácter totalmente marginal) y las que corresponden a las "facultades de hacer" son las que generan los mayores recursos. La estructura de los ingresos tributarios de los municipios no responde a las pautas teóricas esperadas según las cuales los ingresos en concepto de tasas por servicios prestados deberían constituir uno de los rubros de mayor peso en la recaudación total, papel que ha sido delegado en Nicaragua a los impuestos. Por otra parte, en relación con estos últimos también debería esperarse que fuese el impuesto a los bienes inmuebles el de mayor peso relativo, hecho que tampoco se cumple en la práctica, ya que el mayor ingreso impositivo proviene de un seudo gravamen a las ventas brutas. No obstante este comentario general, cuando se analiza la estructura tributaria según el tamaño de los municipios esta situación pareciera revertirse debido a la insuficiencia de bases impositivas potenciales en los municipios más pequeños (categorías E, F, G y H). La reforma constitucional de 1995 reafirma la Autonomía Municipal y establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto a los municipios del país, el que se debe distribuir priorizando a los municipios con menos capacidad de ingresos lo que empezó a cumplirse recién en agosto del 2003, cuando se aprobó la Ley Nº 466 de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua. La ley señala que la "distribución primaria" se establecerá iniciando con un 4% de los ingresos tributarios del Gobierno Central establecidos en el Presupuesto 2004, incrementándose hasta alcanzar como mínimo el 10% de los ingresos tributarios en el 2010. La "distribución secundaria" se realizará distribuyendo un 2,5% de los recursos transferidos para el Municipio de Managua; y el restante 97,5% para los otros municipios del país siguiendo los criterios de Equidad Fiscal, Eficiencia en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, Población y Ejecución de las Transferencias, cada uno de los cuales distribuye el 25% del monto asignado a estos municipios. La ley establece condiciones para el uso de las transferencias municipales obligando a destinar un mínimo para inversión que varía según la categoría municipal. Como resultado de la nueva Ley el promedio de transferencias por habitante se incrementó en un 170% entre el 2003 y el 2004, más que duplicándose en términos del PIB (pasó a 0,56%). La fórmula de la distribución de las transferencias cumple con la disminución de la brecha horizontal, por lo tanto disminuye el desequilibrio entre los municipios de mayores y menores recursos en términos de ingreso per cápita. A pesar de este hecho positivo, la relación entre las transferencias que reciben los municipios de parte del gobierno y sus ingresos tributarios muestra el poco margen de autonomía de los municipios con menores recursos, aunque con una gran variabilidad dentro de cada una de las categorías. Los criterios introducidos por la Ley 266, que resultan ser mucho más complejos de aplicar, han favorecido a los municipios de manera general al proveer a los mismos de mayores recursos (beneficiando más en términos absolutos a los municipios de menores recursos debido al aumento de la distribución primaria), pero no han modificado sustancialmente la distribución secundaria preexistente y por eso no han mejorado la participación de los municipios con mayor nivel de pobreza. Esto ocurre pues dentro de los criterios de transferencias no existe ninguno directamente relacionado con el grado de pobreza de los municipios o el nivel de desarrollo relativo de los mismos. Sin embargo, la alta correlación entre el nivel de ingresos propios y el grado de pobreza ha llevado a utilizar el primero como proxy del segundo de lo que ha resultado un sistema que no beneficia claramente a los municipios más pobres. Además, el criterio de ejecución de las transferencias, que premia a los municipios que cumplen con lo proyectado, no toma en cuenta si los gastos municipales se destinan a combatir la pobreza o a otros fines, por lo que se desperdició la oportunidad de utilizar este criterio como mecanismo de focalización. Las competencias municipales son los asuntos públicos que la Constitución y las leyes señalan que deben ser atendidos por los gobiernos municipales y en el caso de Nicaragua el ejercicio real de estas competencias es muy disímil entre los municipios: de las diez competencias que más se cumplen las cuatro primeras son funciones de regulación o control y las seis últimas son responsabilidades de hacer. Asimismo, las responsabilidades de hacer tienen una muy baja proporción de municipalidades que las cobran, no así las de regulación. En lo que respecta al nivel de los gastos municipales se observa que evolucionan de manera consistente con el nivel de los ingresos totales obtenidos por los mismos, generándose de manera sistemática un leve superávit durante los últimos años con un sustancial aumento de los mismos debido al incremento en el monto de las transferencias operado entre el 2003 y el 2004 lo que significa que los municipios han dispuesto en este último año de recursos financieros como para llevar a cabo programas de combate a la pobreza. Asimismo se observa que se ha producido un sustancial incremento de las erogaciones en capital a la vez que los gastos corrientes se han mantenido constantes en todo el período, lo que está señalando la potencial capacidad de los municipios para encarar programas en relación con el tema de la pobreza dada su capacidad para administrar este tipo de gastos. Además, las municipalidades han demostrado capacidad de ejecución de las transferencias para inversión, las cuales se han destinado en su casi totalidad a la construcción de obras de infraestructura, con escasa importancia de los proyectos sociales. En definitiva, el gobierno sigue asignando una prioridad relativamente baja a la reducción de la pobreza, la cual se traduce por ejemplo en la proporción decreciente del gasto social que es financiado con recursos propios del tesoro. En cuanto a las capacidades de los gobiernos locales en esta lucha contra la pobreza, el análisis de los municipios con base a sus ingresos corrientes, nos indica una gran concentración de la población, de los recursos y de la actividad económica en pocos municipios, es decir, una centralización económica. Además, resalta la poca autonomía financiera de la mayoría de municipios, considerando ésta como la capacidad de financiamiento para cumplir con los servicios que por Ley tienen que prestar, por ende, la poca capacidad de respuesta a las necesidades de la población que se puede expresar en problemas de gobernabilidad. En este contexto, el rol de los organismos descentralizados, como el INIFOM y el FISE, es de vital importancia para fomentar el desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales aunque la falta de recursos humanos "calificados" en los municipios, es sin duda, la principal limitante. Además, es necesario diseñar e implementar un mecanismo institucional de cofinanciamiento y un esquema de incentivos que permita la conformación de unidades técnicas municipales o intermunicipales que viabilicen y hagan sostenibles los procesos de descentralización. En definitiva, el financiamiento por parte de los gobiernos locales de programas destinados a combatir la pobreza parece ser muy dependiente en el corto plazo de las transferencias del gobierno central y de los proyectos de organismos como el FISE o INIFOM, pero los pasos dados recientemente para acelerar y mejorar el proceso de descentralización muestran un claro compromiso por parte de todos los actores involucrados en superar los desafíos que este proceso conlleva.

Short-Term Fever-Range Hyperthermia Accelerates NETosis and Reduces Pro-inflammatory Cytokine Secretion by Human Neutrophils

Fever is a hallmark of infections and inflammatory diseases, represented by an increase of 1–4°C in core body temperature. Fever-range hyperthermia (FRH) has been shown to increase neutrophil recruitment to local sites of infection. Here, we evaluated the impact of a short period (1 h) of FRH (STFRH) on pro-inflammatory and bactericidal human neutrophil functions. STFRH did not affect neutrophil spontaneous apoptosis but reverted the lipopolysaccharide (LPS)-induced anti-apoptotic effect compared with that under normothermic conditions. Furthermore, STFRH accelerated phorbol myristate acetate (PMA)-induced NETosis evaluated either by the nuclear DNA decondensation at 2 h post-stimulation or by the increase in extracellular DNA that colocalized with myeloperoxidase (MPO) at 4 h post-stimulation. Increased NETosis upon STFRH was associated with an increase in reactive oxygen species (ROS) production but not in autophagy levels. STFRH also increased NETosis in response to Pseudomonas aeruginosa challenge but moderately reduced its phagocytosis. However, these STFRH-induced effects did not influence the ability of neutrophils to kill bacteria after 4 h of co-culture. STFRH also significantly reduced neutrophil capacity to release the pro-inflammatory cytokines chemokine (C-X-C motif) ligand 8/interleukin 8 (CXCL8/IL-8) and IL-1β in response to LPS and P. aeruginosa challenge. Altogether, these results indicate that a short and mild hyperthermal period is enough to modulate neutrophil responses to bacterial encounter. They also suggest that fever spikes during bacterial infections might lead neutrophils to trigger an emergency response promoting neutrophil extracellular trap (NET) formation to ensnare bacteria in order to wall off the infection and to reduce their release of pro-inflammatory cytokines in order to limit the inflammatory response.Fil: Keitelman, Irene Angélica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Sabbione, Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Shiromizu, Carolina Maiumi. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Giai, Constanza. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Houssay. Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica; ArgentinaFil: Fuentes, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Rosso, David Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Ledo, Camila. Universidad Maimónides; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Houssay. Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica; ArgentinaFil: Miglio Rodríguez, Maximiliano Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Guzman, Mauricio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Geffner, Jorge Raúl. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Houssay. Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida; ArgentinaFil: Galletti, Jeremías Gastón. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Jancic, Carolina Cristina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; ArgentinaFil: Gómez, Marisa Ileana. Universidad Maimónides; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Trevani, Analía Silvina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina Experimental. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Instituto de Medicina Experimental; Argentin