Análisis de ley de reparación a víctimas. Un enfoque hacia la violencia en Colombia

La Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de víctimas y de restitución de tierras, es el instrumento por el cual el Estado se propuso reparar en forma integral las víctimas de desplazamiento, despojo o abandono en razón del conflicto armado interno colombiano, en miras de restablecer su dignidad y sus derechos, teniendo por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas que sufrieron violaciones de sus derechos en el marco del conflicto armado. Estas medidas pretenden hacer efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación patrimonial de las víctimas en el país, mediante diversos mecanismos que puedan llegar a solventar los daños sufridos a través del tiempo, esto en miras a poder dignificarlas por medio de la materialización real y concreta de sus derechos. Entre tanto, con el desarrollo de esta investigación se podrá observar, como la Ley de restitución de tierras efectivamente vela por la protección de los derechos y garantías de la población víctima del desarraigo forzoso, determinando los instrumentos o medidas implementadas para lograr la reparación individual e integral a las víctimas del conflicto armado interno, o si por el contrario esta población no ha recibido la asistencia adecuada por parte del Estado. Bajo el anterior panorama, se ha planteado la pregunta investigativa de la siguiente forma: ¿Cómo la Ley de 1448 del 2011 garantiza una reparación integral individual eficaz a las víctimas del desplazamiento forzado? dándole respuesta a esta pregunta se llegará a observar si realmente el Estado tiene respuestas eficaces enfocadas a las necesidades específicas de las víctimas del desplazamiento forzado. Asimismo, se ha planteado como hipótesis investigativa que: el Estado ha implementado una serie de medidas asistenciales para lograr reparar a las víctimas del conflicto armado interno, medidas con las cuales se pretende dignificar a las víctimas y suplir sus necesidades de la mejor forma, dichas medidas se enmarcan dentro de la Ley de reparación de víctimas; de esta forma, el Estado ha velado para que la población desplazada sea tomada en cuenta, garantizando así sus derechos y protegiendo su dignidad. Ahora, el conflicto armado en Colombia se prolongó por más de 50 años, en función de una guerra armada interna, pero fue en los años 90s donde los grupos armados inician una serie de actos para derrotar al Estado, creando estrategias en contra de la población civil (en su mayoría rural) como secuestros, masacres, desplazamientos y reclutamientos forzosos, vinculación de grupos al margen de la ley, violaciones y la siembra de minas antipersonas, entre otras. El Estado dio un gran paso con la Ley 1148 del 2011 en el marco del proceso de paz y en la construcción de un escenario de post-conflicto. Premeditada como mecanismo en la política transicional en el cual facilitará el camino hacia el posconflicto, ya que la Ley garantiza la protección de los derechos individuales de cada una de los sujetos de especial protección dentro del conflicto armado como los niños, niñas, adolecentes, mujeres, personas con orientación sexual diversa, adultos mayores, personas con limitaciones físicas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, personas pertenecientes a grupos étnicos y afrocolombianos; Ahora bien, esta investigación se torna interesante y relevante a la vida académica, ya que analiza la justicia restaurativa contenida dentro de la Ley de Restitución de Tierras, de esta forma, se podrá observar como el Estado se hace presente para que las víctimas tengan una seguridad frente a la protección de sus derechos y con la identificación de las medidas de reparación integral que el Gobierno Nacional ha propuesto para garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, se entrelazan temas que tienen una importancia fundamental para todo aquel que estudie el derecho y la sociedad.Facultad de Derecho - Centro De Investigaciones Sociojurídicas - Derech

Mortality from gastrointestinal congenital anomalies at 264 hospitals in 74 low-income, middle-income, and high-income countries: a multicentre, international, prospective cohort study

Summary Background Congenital anomalies are the fifth leading cause of mortality in children younger than 5 years globally. Many gastrointestinal congenital anomalies are fatal without timely access to neonatal surgical care, but few studies have been done on these conditions in low-income and middle-income countries (LMICs). We compared outcomes of the seven most common gastrointestinal congenital anomalies in low-income, middle-income, and high-income countries globally, and identified factors associated with mortality. Methods We did a multicentre, international prospective cohort study of patients younger than 16 years, presenting to hospital for the first time with oesophageal atresia, congenital diaphragmatic hernia, intestinal atresia, gastroschisis, exomphalos, anorectal malformation, and Hirschsprung’s disease. Recruitment was of consecutive patients for a minimum of 1 month between October, 2018, and April, 2019. We collected data on patient demographics, clinical status, interventions, and outcomes using the REDCap platform. Patients were followed up for 30 days after primary intervention, or 30 days after admission if they did not receive an intervention. The primary outcome was all-cause, in-hospital mortality for all conditions combined and each condition individually, stratified by country income status. We did a complete case analysis. Findings We included 3849 patients with 3975 study conditions (560 with oesophageal atresia, 448 with congenital diaphragmatic hernia, 681 with intestinal atresia, 453 with gastroschisis, 325 with exomphalos, 991 with anorectal malformation, and 517 with Hirschsprung’s disease) from 264 hospitals (89 in high-income countries, 166 in middleincome countries, and nine in low-income countries) in 74 countries. Of the 3849 patients, 2231 (58·0%) were male. Median gestational age at birth was 38 weeks (IQR 36–39) and median bodyweight at presentation was 2·8 kg (2·3–3·3). Mortality among all patients was 37 (39·8%) of 93 in low-income countries, 583 (20·4%) of 2860 in middle-income countries, and 50 (5·6%) of 896 in high-income countries (p<0·0001 between all country income groups). Gastroschisis had the greatest difference in mortality between country income strata (nine [90·0%] of ten in lowincome countries, 97 [31·9%] of 304 in middle-income countries, and two [1·4%] of 139 in high-income countries; p≤0·0001 between all country income groups). Factors significantly associated with higher mortality for all patients combined included country income status (low-income vs high-income countries, risk ratio 2·78 [95% CI 1·88–4·11], p<0·0001; middle-income vs high-income countries, 2·11 [1·59–2·79], p<0·0001), sepsis at presentation (1·20 [1·04–1·40], p=0·016), higher American Society of Anesthesiologists (ASA) score at primary intervention (ASA 4–5 vs ASA 1–2, 1·82 [1·40–2·35], p<0·0001; ASA 3 vs ASA 1–2, 1·58, [1·30–1·92], p<0·0001]), surgical safety checklist not used (1·39 [1·02–1·90], p=0·035), and ventilation or parenteral nutrition unavailable when needed (ventilation 1·96, [1·41–2·71], p=0·0001; parenteral nutrition 1·35, [1·05–1·74], p=0·018). Administration of parenteral nutrition (0·61, [0·47–0·79], p=0·0002) and use of a peripherally inserted central catheter (0·65 [0·50–0·86], p=0·0024) or percutaneous central line (0·69 [0·48–1·00], p=0·049) were associated with lower mortality. Interpretation Unacceptable differences in mortality exist for gastrointestinal congenital anomalies between lowincome, middle-income, and high-income countries. Improving access to quality neonatal surgical care in LMICs will be vital to achieve Sustainable Development Goal 3.2 of ending preventable deaths in neonates and children younger than 5 years by 2030