Propuesta internacional para la creación de una asignatura obligatoria de mediación y resolución colaborativa de conflictos para el grado de Trabajo Social y otros grados afines

El presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración una propuesta para la creación de una asignatura de mediación y resolución colaborativa de conflictos que pueda ser aplicada en diversos países, áreas de conocimiento y titulaciones, pero de forma específica en el grado en Trabajo Social de la UCM

Enseñanza de las ciencias : revista de investigación y experiencias didácticas

Resumen basado en el de la publicaciónTítulo, resumen y palabras clave en español e inglésSe presenta la influencia de una intervención educativa sobre el éxodo rural en las actitudes hacia la ciencia de un grupo de estudiantes de 4.º de la ESO de la ciudad de Ávila. La intervención se llevó a cabo simultáneamente en el aula de la asignatura de Historia (migraciones rurales en la Edad Contemporánea) y en la de Física y Química (reacciones de saponificación, como ejemplo de la cultura de aprovechamiento que caracteriza al saber rural tradicional). La hipótesis de partida es que, si cabe hablar de una identidad rural, una actividad como la que se plantea, en un contexto muy cercano a lo rural, como el abulense, ha de traducirse en un aumento de las actitudes positivas hacia la ciencia. Los resultados confirman esta hipótesis y aportan datos para profundizar en la cuestión en trabajos posteriores.ES

International proposal for the creation of a cross-cutting subject on collaborative conflict resolution and a culture of peace for the UCM university community

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos han ido ganando cada vez más protagonismo en nuestra sociedad, y, por tanto, también en la universidad. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que nuestro sistema educativo tiene entre sus fines conseguir una educación residenciada en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos, la mediación y la resolución pacífica de los mismos. La reciente Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2022), establece que “el fomento de la convivencia en el seno de la comunidad universitaria excede un régimen disciplinario y no puede afrontarse, al menos exclusiva ni preferentemente, mediante el mismo. Por tanto, las universidades, en el ejercicio de su autonomía universitaria consagrada en el artículo 27.10 de la Constitución Española, han establecido y pueden desarrollar con mayor intensidad medidas y actuaciones que favorezcan y estimulen la convivencia activa y la corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, las universidades pueden potenciar el uso de medios alternativos de resolución de conflictos que pueden resultar más eficaces para afrontar determinadas conductas y conflictos entre miembros de la comunidad universitaria”. El Título I de la citada ley emplaza a las universidades públicas y privadas a desarrollar medios alternativos de solución de los conflictos, que tendrán carácter preferente al sistema disciplinario de resolución de conflictos. Los principios sobre los que se configurarán estos medios alternativos son los de voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y respeto mutuo, flexibilidad, calidad y transparencia. Así mismo afirma que para garantizar estos principios y concretarlos en el marco de los procedimientos, se podrán elaborar manuales de actuación y se fomentará la formación técnica de las personas mediadoras (art. 1 y 5). La importancia que se da a los sistemas alternativos y a la mediación en esta normativa es evidente. Sin embargo, desde hace años la doctrina viene reconociendo que, a pesar del apoyo normativo e institucional ofrecido a las ADR y a la mediación, lo cierto es que estos ADR no se usan. La mayoría de los países se encuentran en un número de mediaciones al año menor a 500. En algunos de ellos como España el número asciende entre 500 y 2000 y solo cuatro países superan las 10.000 mediaciones al año: Italia, Alemania, Holanda y Reino unido (De Palo, y otros, 2014, pág. 6). Si tratamos de buscar la razón de este fracaso, los expertos apuntan a las grandes diferencias en la forma de entender la mediación, en la implicación de las instituciones a la hora de apostar por esta institución y, fundamentalmente, en la falta de cultura en la gestión colaborativa de conflictos de cada país. A la mayoría de los ciudadanos europeos, salvo contadas excepciones, nos cuesta acudir a un tercero que no garantiza una solución al conflicto. Afirman los expertos que el principal reto político y legislativo es modificar la cultura pro-litigadora en la que el juzgado es visto como la opción preconcebida. Entre las recomendaciones que se proponen en el informe de la Directiva de 2016 se encuentran la mejora de los esfuerzos de las autoridades nacionales para promover la mediación, como las buenas prácticas, así como la voluntad de la Comisión Europea en seguir cofinanciando proyectos relacionados con la mediación. Es evidente que la evolución cultural en un sentido colaborativo “requiere tiempos más largos y procesos educativos y de formación más complejos, también vinculados al cambio generacional de los operadores y usuarios de la justicia” (Pilia, 2019, pág. 52). Precisamente con este objetivo el Proyecto de ley de impulso a la mediación de 2019, que no llegó a aprobarse en España, establecía en su Disposición adicional segunda, bajo el rótulo inclusión de la mediación en planes formativos: "En el plazo de un año desde la publicación de esta ley se llevarán a cabo las reformas precisas para modificar los planes formativos del grado en Derecho y otros grados que se determinen por acuerdo del Consejo de Ministros para incluir la mediación como asignatura obligatoria". Encontrar fórmulas que permitan cambiar nuestra arraigada cultura litigadora hacia una gestión más colaborativa de los conflictos se ha convertido en uno de los desafíos legislativos, políticos e institucionales más urgentes. Los expertos y profesionales ponen el acento en la necesidad de potenciar la mediación no solo en la escuela primaria y secundaria, sino también la universitaria (García Villaluenga & Vázquez de Castro, 2019, para que los futuros profesionales que atiendan a estos ciudadanos también reciban una formación específica en ADR y mediación en sus grados universitarios (Dorado Barbé, Hernández Martón, Lorente Moreno, & García Longoria-Serrano, 2015). En otras palabras, los ADR o servicios de mediación que se ofrezcan a la comunidad universitaria serán un fracaso si no se inicia, paralelamente, un proceso de formación y sensibilización a la comunidad universitaria. Los resultados obtenidos del proyecto de innovación docente presentado por parte de este equipo durante el curso pasado (proyecto nº 124 área de ciencias sociales y jurídicas) vienen a ratificar estos datos. En el informe realizado se hizo patente que es necesario ofrecer a los estudiantes universitarios una asignatura trasversal sobre negociación, cultura de paz y sistemas alternativos de resolución de conflictos accesible a todo estudiante universitario en todos los grados, de cualquier área de conocimiento. Por esta razón este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de una asignatura trasversal que pueda ser ofrecida a todo el estudiantado, e incluso al profesorado y resto de la comunidad universitaria sobre estas materias. Dentro de la formación universitaria se recogen una serie de asignaturas que desarrollan competencias trasversales. Según el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, recoge en su artículo 4 una serie de valores y principios que deben impregnar la enseñanza universitaria. Establece que los planes de estudios deberán tener como referente los principios y valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deberán incorporarse como contenidos o competencias de carácter transversal, en el formato que el centro o la universidad decida, en las diferentes enseñanzas oficiales que se oferten. La Universidad complutense de Madrid ha establecido un procedimiento para la creación de estas asignaturas de carácter trasversal que refuercen las competencias transversales en el Grado que cursan. Cursar una asignatura de gestión colaborativa de conflictos y paz social se trabajarían las áreas temáticas 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11. Para la elaboración de esta propuesta se constituirá un grupo de trabajo internacional que trabajará en el Laboratorio de ideas, creado en el proyecto de innovación 124 en el curso académico 2021-22. El Dispute Resolution Lab DR Ltiene vocación de permanencia y su información pública podrá consultarse en https://www.ucm.es/labdr/. El Lab DRL tiene en cuenta criterios esenciales para la calidad de la formación de nuestra comunidad universitaria: la transversalidad, transdiciplinariedad, internacionalización y transferencia de conocimientos y que marcan el carácter y la forma de trabajo de este equipo.This proposal is the result of the work developed within the framework of the teaching innovation project nº 357 entitled International proposal for the creation of a transversal course on collaborative conflict resolution and mediation for the university community of the UCM. The main objective of this project is the elaboration of a proposal for the creation of a course on mediation and collaborative conflict resolution that can be offered to all UCM students, and, if necessary, to the entire university community. The Organic Law 2/2006, of May 3, 2006, on Education, establishes that one of the aims of our educational system is to achieve an education based on the exercise of tolerance and freedom within the democratic principles of coexistence, as well as on conflict prevention, mediation and peaceful resolution of conflicts. The recent Law 3/2022, of February 24, on university coexistence (BOE no. 48, of February 25, 2022), establishes that "the promotion of coexistence within the university community exceeds a disciplinary regime and cannot be addressed, at least exclusively or preferably, by means of the same. Therefore, the universities, in the exercise of their university autonomy enshrined in Article 27.10 of the Spanish Constitution, have established and can develop with greater intensity measures and actions that favor and stimulate active coexistence and co-responsibility among all members of the university community. Likewise, universities can promote the use of alternative means of conflict resolution that can be more effective in dealing with certain behaviors and conflicts between members of the university community". This law regulates the creation of coexistence units in the university, which will introduce appropriate means of dispute resolution "based on mediation" (art. 5) and provides for the possibility of suspending the disciplinary procedure in those cases in which the parties have expressed their willingness to accept the mediation procedure (art. 22). The importance of alternative systems and, especially, of mediation in this regulation is evident. However, for years the most specialized literature and regulations have been recognizing that, despite the regulatory and institutional support offered to ADR and mediation, the truth is that these ADRs are not used. Most European citizens, with few exceptions, find it difficult to turn to a third party that does not guarantee a solution to the conflict. Experts say that the main political and legislative challenge is to change the pro-litigation culture in which the court is seen as the preconceived option. Finding ways to change our entrenched litigation culture towards more collaborative conflict management has become one of the most urgent legislative, political and institutional challenges. Although there are numerous systems for dealing with conflicts in a collaborative manner, known as alternative dispute resolution systems, the truth is that they are not known or do not generate sufficient confidence among citizens to resort to them in the event of a conflict. Experts and professionals emphasize the need to promote mediation not only in primary and secondary schools, but also in universities (García Villaluenga & Vázquez de Castro, 2019), so that future professionals who serve these citizens also receive specific training in ADR and mediation in their university degrees (Dorado Barbé, Hernández Martón, Lorente Moreno, & García Longoria-Serrano, 2015). In other words, ADR or mediation services offered to the university community will be a failure if a training and awareness process is not initiated, in parallel, to the university community. University education includes a series of subjects that develop transversal competencies. According to Royal Decree 822/2021, of September 28, which establishes the organization of university education and the procedure for quality assurance, Article 4 contains a series of values and principles that should permeate university education. It establishes that the curricula must have as a reference the democratic principles and values and the Sustainable Development Goals and, in particular: "(a) respect for human rights and fundamental rights; democratic values - freedom of thought and academic freedom, tolerance and recognition and respect for diversity, equity of all citizens, the elimination of all discriminatory content or practices, the culture of peace and participation, among others-; b) respect for gender equality in accordance with the provisions of Organic Law 3/2007, of March 22, for the effective equality of women and men, and the principle of equal treatment and non-discrimination on the basis of birth, national or ethnic origin, religion, conviction or opinion, age, disability, sexual orientation, gender identity or expression, sexual characteristics, illness, socioeconomic status or any other personal or social condition or circumstance. c) respect for the principles of universal accessibility and design for all persons, in accordance with the provisions of the second final provision of the Consolidated Text of the General Law on the Rights of Persons with Disabilities and their Social Inclusion, approved by Royal Legislative Decree 1/2013, of November 29; d) the treatment of sustainability and climate change, in accordance with the provisions of article 35.2 of Law 7/2021, of May 20, on Climate Change and Energy Transition". This project has as a precedent the teaching innovation project presented by this team during the last academic year (project no. 124 in the area of social and legal sciences). In the report it became clear that it is necessary to offer university students a cross-cutting subject on negotiation, culture of peace and alternative systems of conflict resolution accessible to all university students in all degrees, in any area of knowledge. For this reason, the main objective of this project is the development of a proposal for a cross-cutting subject that can be offered to all students, and even to the faculty and the rest of the university community on these subjects. For the development of this proposal, an international working group will be formed to work in the "DRLab" Laboratory of ideas, created in the innovation project 124 in the academic year 2021-22Depto. de Trabajo Social y Servicios SocialesFac. de Trabajo SocialFALSEsubmitte

COVID-19 in hospitalized HIV-positive and HIV-negative patients : A matched study

CatedresObjectives: We compared the characteristics and clinical outcomes of hospitalized individuals with COVID-19 with [people with HIV (PWH)] and without (non-PWH) HIV co-infection in Spain during the first wave of the pandemic. Methods: This was a retrospective matched cohort study. People with HIV were identified by reviewing clinical records and laboratory registries of 10 922 patients in active-follow-up within the Spanish HIV Research Network (CoRIS) up to 30 June 2020. Each hospitalized PWH was matched with five non-PWH of the same age and sex randomly selected from COVID-19@Spain, a multicentre cohort of 4035 patients hospitalized with confirmed COVID-19. The main outcome was all-cause in-hospital mortality. Results: Forty-five PWH with PCR-confirmed COVID-19 were identified in CoRIS, 21 of whom were hospitalized. A total of 105 age/sex-matched controls were selected from the COVID-19@Spain cohort. The median age in both groups was 53 (Q1-Q3, 46-56) years, and 90.5% were men. In PWH, 19.1% were injecting drug users, 95.2% were on antiretroviral therapy, 94.4% had HIV-RNA < 50 copies/mL, and the median (Q1-Q3) CD4 count was 595 (349-798) cells/μL. No statistically significant differences were found between PWH and non-PWH in number of comorbidities, presenting signs and symptoms, laboratory parameters, radiology findings and severity scores on admission. Corticosteroids were administered to 33.3% and 27.4% of PWH and non-PWH, respectively (P = 0.580). Deaths during admission were documented in two (9.5%) PWH and 12 (11.4%) non-PWH (P = 0.800). Conclusions: Our findings suggest that well-controlled HIV infection does not modify the clinical presentation or worsen clinical outcomes of COVID-19 hospitalization

How do women living with HIV experience menopause? Menopausal symptoms, anxiety and depression according to reproductive age in a multicenter cohort

CatedresBackground: To estimate the prevalence and severity of menopausal symptoms and anxiety/depression and to assess the differences according to menopausal status among women living with HIV aged 45-60 years from the cohort of Spanish HIV/AIDS Research Network (CoRIS). Methods: Women were interviewed by phone between September 2017 and December 2018 to determine whether they had experienced menopausal symptoms and anxiety/depression. The Menopause Rating Scale was used to evaluate the prevalence and severity of symptoms related to menopause in three subscales: somatic, psychologic and urogenital; and the 4-item Patient Health Questionnaire was used for anxiety/depression. Logistic regression models were used to estimate odds ratios (ORs) of association between menopausal status, and other potential risk factors, the presence and severity of somatic, psychological and urogenital symptoms and of anxiety/depression. Results: Of 251 women included, 137 (54.6%) were post-, 70 (27.9%) peri- and 44 (17.5%) pre-menopausal, respectively. Median age of onset menopause was 48 years (IQR 45-50). The proportions of pre-, peri- and post-menopausal women who had experienced any menopausal symptoms were 45.5%, 60.0% and 66.4%, respectively. Both peri- and post-menopause were associated with a higher likelihood of having somatic symptoms (aOR 3.01; 95% CI 1.38-6.55 and 2.63; 1.44-4.81, respectively), while post-menopause increased the likelihood of having psychological (2.16; 1.13-4.14) and urogenital symptoms (2.54; 1.42-4.85). By other hand, post-menopausal women had a statistically significant five-fold increase in the likelihood of presenting severe urogenital symptoms than pre-menopausal women (4.90; 1.74-13.84). No significant differences by menopausal status were found for anxiety/depression. Joint/muscle problems, exhaustion and sleeping disorders were the most commonly reported symptoms among all women. Differences in the prevalences of vaginal dryness (p = 0.002), joint/muscle complaints (p = 0.032), and sweating/flush (p = 0.032) were found among the three groups. Conclusions: Women living with HIV experienced a wide variety of menopausal symptoms, some of them initiated before women had any menstrual irregularity. We found a higher likelihood of somatic symptoms in peri- and post-menopausal women, while a higher likelihood of psychological and urogenital symptoms was found in post-menopausal women. Most somatic symptoms were of low or moderate severity, probably due to the good clinical and immunological situation of these women