Entorno físico que vulnera el principio-derecho de accesibilidad, y, el modelo social de la discapacidad para el desarrollo de la universidad nacional del altiplano

Existen grupos humanos que son excluidos de manera arbitraria en nuestro contexto social, político, cultural y económico, tales como los adultos mayores, los niños(as) y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros. El estado de cosas anterior necesita una respuesta integral y especializada desde todos los espacios de la sociedad; en la línea de dar una respuesta académica desde el contexto de la Universidad, se aborda la situación de las personas con discapacidad. La presente investigación, identifica el entorno físico de la Universidad Nacional del Altiplano que vulnera el principio-derecho de accesibilidad, y, propone el modelo social de la discapacidad para aminorar esas condiciones físicas; para ello se efectuó una verificación de las condiciones físicas de accesibilidad en 47 edificios universitarios; y se ofrece el modelo social de la discapacidad, con el apoyo de varios métodos de investigación factual y teórica. Entre los resultados más importantes tenemos que el 80% de las vías de ingreso principal a las edificaciones de la Universidad, no son accesibles en forma horizontal y vertical; el 84% de las edificaciones no cuentan con rampas o puentes para ingresar al edificio; y, el 98% de 40 edificios de varios pisos no tienen ascensor

La idea de justicia en la resolución de conflictos en la Central Única Distrital de la Ronda Campesina de Acora

oai:omp.fcjp.derecho.unap.edu.pe:publicationFormat/1El valor del presente trabajo es mostrar desde el quehacer directo y real, no desde la teoría o la normatividad la dinámica de una Justicia comunal, con las actividades que realizan los ronderos, y que estamos seguros, engrosará los ya bastantes trabajos que se vienen desarrollando en torno al pluralismo jurídico desde el lado del altiplano del sur peruano, a fin de propiciar en un corto tiempo a futuro que se pueda tener en nuestro país la coexistencia de sistema y ordenes jurídicos reconocidos y protegidos, a través de un estado también plural e intercultural que pueda finalmente ser congruente con el tipo de sociedad y culturas que tenemos en el Perú