Violencia sexual en el conflicto armado : barreras para acceder a la justicia

68 páginasEl patriarcado, basado en la posición dominante del hombre en la familia y en la opresión hacia la mujer, ha permeado las instituciones y las generaciones hasta el día de hoy; el poderío masculino se ha impuesto y se ha mantenido a través de la historia, entre otros mecanismos, con la violencia contra la mujer y los hijos. La sexualidad ha sido el producto de todas esas prácticas de opresión cuyo mensaje consciente e inconsciente le otorga a la mujer y a su comportamiento un menor valor. Mensaje que ha sido socializado generación tras generación y que al ser internalizado (Berger y Luckmann , 1999: 170 y ss) en el hombre ha legitimado la arbitrariedad y la violencia en contra de la mujer. Dicha violencia –física, sexual o psicológica– se ha extendido tanto en el ámbito familiar –doméstico– como en el público. Las agresiones sexuales en contra de las mujeres en su mayoría no son denunciadas ante organismos o entidades del Estado. Pero dentro del conflicto armado las agresiones sexuales, pese a ser sistemáticas y generalizadas, han sido invisibilizadas por el Estado y en general por la sociedad. Existe un alto subregistro de estos delitos por parte de organismos del Estado. El Estado ha incumplido con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, más cuando se trata de violencia sexual contra las mujeres, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado. Deber que se acentúa cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Del mismo modo, las mujeres víctimas de tales agresiones no denuncian estos hechos, pues se enfrentan a varias causas, como miedo, desconocimiento del código del sistema judicial, desconfianza en el mismo, etc. Esta situación impide que los derechos afectados sean reparados y que dichas agresiones se repitan. De tal suerte que se atenúen los límites del conflicto armado y se amplía cada vez más la brecha entre hombres y mujeres

Mujer, drogas y cárcel: algunas tendencias en el proceso penal en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes

67 páginasThe penal system, the “war on drugs” policy established by the State and the criminal law, as an instrument of patriarchal control, ignore the vulnerability situation of women deprived of liberty for the crime of trafficking, manufacturing and carrying narcotics. Consequently, the criminal proceedings against these women affect the right of access to justice and due process. The purpose of this investigation is to identify some trends in criminal proceedings against women deprived of liberty for the aforementioned crime.El sistema penal, la política de “guerra contra las drogas” establecida por el Estado y el derecho penal como instrumento de control patriarcal desconocen la situación de vulnerabilidad acentuada que enfrentan las mujeres privadas de la libertad por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En consecuencia, el proceso penal en contra de estas mujeres no resulta garantista y afecta el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. Esta investigación tiene como propósito identificar algunas tendencias del proceso penal contra las mujeres privadas de la libertad por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en la ciudad de Bogotá

La justicia transicional en Colombia, un espacio de deliberación contra el populismo punitivo

42 páginasColombian criminal policy has led the legislator to focus in punitive measures, characterized for the indiscriminate and disproportionate use of prison as the main punitive institution. For this reason, it is necessary to identify and strengthened restorative and reparative alternatives different from the prison. For instance, transitional justice in contexts of mass violence against human rights and the international humanitarian law has led the possibility to guarantee reparative and restorative measures for victims and society. Furthermore, transitional justice allows putting into consideration punishments rather than prison to achieve reintegration of the offenders with the community.Colombia ha enfocado la política criminal en torno a medidas represivas caracterizadas por una excesiva actividad legislativa criminalizadora, un refuerzo por el mantenimiento de la prisión como institución punitiva por excelencia y un incremento desproporcionado de la pena privativa de la libertad. Por esta razón es necesario evidenciar y fortalecer espacios que permitan formas restauradoras y reparadoras distintas de la prisión. La justicia transicional es un ejemplo de cómo aún en los peores escenarios de violencia contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario existe la posibilidad de encontrar otras medidas de reparación y de restauración para las víctimas y para la sociedad. Así mismo, esta justicia permite considerar otras sanciones distintas a la prisión para lograr la reintegración de los infractores a la comunidad

Los derechos económicos, sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia

32 páginasLas mujeres en Colombia, especialmente las mujeres rurales ven afectados sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto antes como después del desplazamiento forzado por la violencia –en este caso en particular, frente a los derechos a la educación, trabajo y salud sexual y reproductiva–. Dicho de otra manera, la mujer desplazada es doblemente victimizada. La mayoría de las mujeres rurales no tiene el conocimiento de lo público, se encargan del cuidado del hogar, su nivel educativo es bajo, la autonomía frente a los derechos sexuales y reproductivos es casi nula, su trabajo se limita a las labores domésticas, sólo en algunas ocasiones trabajan en agricultura, modistería, manualidades, dicho en otras palabras, el trabajo obedece a modelos sexistas, de tal suerte que desde antes de que se presente el desplazamiento como hecho atentatorio de sus derechos, ya sus posibilidades de hacerlos valer se encuentran totalmente disminuidas. Con el desplazamiento la situación no mejora, por el contrario, dada la desproporcionalidad de las consecuencias de tal fenómeno en su contra, las posibilidades de empoderarse y exigir la reparación de los mismos al Estado –que permitió su lesión–, a través del derecho de acceso a la justicia, son, casi inexistentes. El 73% de cada 100 mujeres no sabe a dónde acudir para obtener la acreditación que certifica su situación de desplazada, el resto de las mujeres evidencian su situación con el fin de obtener la ayuda humanitaria que proporciona el Estado, pero no denuncian el hecho penalmente

Acceso a la justicia : mujer y desplazamiento forzado

46 páginasLa falta de interés del Estado en la prestación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –DESC– en las mujeres rurales influye ostensiblemente en el derecho de acceso a la justicia. La imposibilidad de construir un capital simbólico es determinante frente a este derecho, al momento de presentarse el desplazamiento forzado. Una política pública de reconocimiento de DESC a las mujeres campesinas, rurales e indígenas en perspectiva de género sin duda influiría positivamente en la efectividad del derecho de acceso a la justicia. En las mujeres rurales en situación de desplazamiento existen numerosos obstáculos: unos de tipo estructural, arraigados en la sociedad, como la cultura patriarcal; otros de orden social,económico y legal, que impiden el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia en todo su contenido, pues no solo se trata de entrar al sistema sino de participar activamente en él, obtener un fallo pronto y ejecutable

Hacia el reconocimiento de derechos fundamentales colectivos en identidades culturales

32 páginasEste artículo trata sobre el reconocimiento de derechos fundamentales colectivos en identidades étnicas. Para llegar a tal afirmación, se aparta de la construcción histórica de los derechos humanos y fundamentales, la cual propugna, entre otras concepciones, por la universalidad y la individualidad de los mismos. En el artículo se reafirma el deber de reconocer otras formas de dignidad humana distintas a las de la cultura mayoritaria, con el fin de lograr un pluralismo material que respete y reconozca la diferencia. Se reconoce que estas comunidades étnicas se desarrollan plenamente como sujetos colectivos de derechos fundamentales por tener una procedencia histórica común y una identidad en sus condiciones sociales, políticas, culturales, religiosas, económicas, etc. Así mismo se analiza cómo el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y el derecho a adquirir y aprovechar el territorio que ocupan estas comunidades son derechos fundamentales colectivos y han sido reconocidos, expresamente, por el Convenio 169 de 1989 de la OIT en el ámbito internacional, y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el ámbito nacional.This article deals with the recognition of fundamental collective rights in ethnic identities. In order to make this affirmation, the article gets aside from the historical construction of human and fundamental rights, which advocates, among other things, for their universality and individuality. It reaffirms the duty to recognize other forms of human dignity that are different from the majority culture in order to achieve a material pluralism that will respect and acknowledge this difference.The article recognizes that these ethnic communities fully develop as collective subjects of fundamental rights because they share historical origin and identity in terms of their social, political, cultural, religious and economic conditions. It analyzes the right to enjoy a healthy environment and the right to acquire and exploit the territory occupied by these communities as fundamental collective rights, that have been expressly recognized by Covenant 169 of 1989 of the ILO, in the international sphere; and by the decisions of the Constitutional Court in the national sphere

Algunas consideraciones respecto del derecho de acceso a la justicia en la ley de "justicia y paz"

42 páginasEste artículo analiza el derecho de acceso a la justicia en las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado interno colombiano, a propósito de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de “Justicia y Paz”. Indaga el contenido de este derecho en la doctrina, normatividad nacional e internacional y jurisprudencia nacional e internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo modo, analiza la garantía del Estado de acceso a un recurso judicial efectivo y su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. Deber que se acentúa ante violaciones de derechos humanos en un escenario de desmovilización. Las víctimas de estas violaciones en su mayoría pertenecen a zonas rurales, con escasos recursos, bajo nivel educativo, etc. En la aplicación de la Ley 975 de 2005 se observaron obstáculos de distinto orden que hacen nugatorio el derecho de acceso a la justicia que les asiste y, por supuesto, no permite que las víctimas sean reparadas en sus derechos. El incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar el acceso a un recurso judicial efectivo se hace manifiesto en esta Ley. La identificación de estos obstáculos resulta interesante en la construcción de una política pública de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que, por la gravedad de las victimizaciones, han sufrido más dolor

Obstáculos en la efectividad del derecho a la reparación en las mujeres en situación de desplazamiento dentro del sistema judicial

16 páginasEn aquellos casos en los que las mujeres rurales víctimas de desplazamiento tienen el referente de la justicia y denuncian el desplazamiento forzado como un delito independiente de los hechos de hostigamiento que lo causaron, se presentan distintos obstáculos que inciden en la efectividad del derecho a la reparación. Dentro de dichos obstáculos encontramos: i. Los que tienen que ver con las barreras propias del derecho de acceso a la justicia –algunos de orden estructural y otros de orden económico, social, legal y cultural–, ii. Y otros también de orden estructural que se relacionan directamente con la reparación en estricto sentido dentro del sistema judicial, que inciden en la efectividad de este derecho en las mujeres víctimas del desplazamiento. Entre estos últimos encontramos: la invisibilidad de los daños causados a las mujeres y del impacto que genera en las mismas; la falta de reconocimiento jurídico del daño desproporcionado que sufren dichas mujeres; la dificultad probatoria de los perjuicios en un proceso judicial y algunos obstáculos en torno a la reparación judicial penal: Ley 975 de 2005, los cuales inciden desfavorablemente en el proceso de reparación, tanto en la selección de las medidas, como en el modo de ejecución de las mismas, pues no se efectúan desde una perspectiva de género que considere la diferencia y sus especificaciones. Por ello, se hace necesario que las distintas recomendaciones efectuadas por la doctrina, las organizaciones no gubernamentales, algunas instituciones del Estado y, en general, por la comunidad internacional, sobre el reconocimiento de la diferencia y sus especificidades en género, se lleven a la práctica dentro del sistema judicial y se hagan efectivas por los funcionarios judiciales al momento de decidir sobre la reparación y su forma de ejecución

Enfoques de investigación y organización del trabajo de campo : el estudio de caso y la encuesta

34 páginasEste artículo está dirigido a los estudiantes y jóvenes investigadores interesados en la investigación sociojurídica. El mismo presenta de manera sucinta, cómo llevar a cabo una investigación, una vez se ha resuelto las preguntas de: qué, por qué y para qué investigar. En esta etapa se propone que el investigador además de acudir al análisis de fuentes secundarias o diseños bibliográficos, recurra a los hechos que contemplan la realidad social que quiere conocer, es decir a información de primera mano. Para ello resulta fundamental que elabore su diseño de investigación y realice un “diálogo entre la epistemología y las acciones de campo”3, que le permita seleccionar tanto el enfoque epistemológico de la investigación (cualitativo y/o cuantitativo) como las estrategias y las técnicas de recolección de información que desea emplear para el cumplimiento del objetivo propuesto. El artículo pretende que los estudiantes conozcan algunas categorías que diferencian el enfoque cualitativo y cuantitativo de la investigación sociojurídica y expone brevemente tanto el estudio de caso –método tradicionalmente cualitativo– como la encuesta –estrategia o método de investigación cuantitativa–

The need for a criminal drug policy that recognizes the vulnerability situation of women

41 páginasMost of imprisoned women have been sentenced for to the commission of the following offences: traffic, fabrication or transport of drugs (31.1%). This means that a high percentage of their criminal infractions have to do with drug-related offences. This number indicates the difficult economic and social problems that women must face before they get imprisoned. A similar situation occurs in Mexico, Argentina, Brazil and, Costa Rica, where more than 60% of female imprisoned population is sentenced for such offences. The general objective of this writing is to show the vulnerability situation that sentenced women face because of drug-related offences so that criminal policy recognizes it and responds to the various affectations and, diminishes the social inequality by favoring women. This study will present the specific risks and the defenselessness condition to which incarcerated women are subject for the mentioned offences. Additionally, the study gets close to the vulnerability concept and criticizes the criminal system as long as it ignores this reality. Finally, this article points out the need to implement a criminal policy on drugs that recognizes the gender approach and transforms the current conditions for women benefit.La mayoría de mujeres privadas de la libertad han sido condenadas por modalidades delictivas de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (31,1%); es decir, un alto porcentaje de las infracciones penales tienen que ver con delitos relacionados con el tráfico de drogas. Esta cifra refleja los graves problemas sociales y económicos que tienen que afrontar las mujeres antes de ser privadas de su libertad. Una situación similar ocurre en México, Argentina, Brasil y Costa Rica, donde más de 60% de la población carcelaria femenina está privada de su libertad por tales delitos (Wola, Dejusticia, idpc, p. 3). Este escrito tiene como objetivo general visibilizar la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, con el fin de que la política criminal reconozca tal situación y enfrente las afectaciones diferenciadas en aras de disminuir la desigualdad social en favor de las mujeres. En este estudio se exponen los riesgos específicos y el estado de indefensión a los que son sometidas las mujeres detenidas por los delitos mencionados. Asimismo, se hace un acercamiento al concepto de vulnerabilidad y una crítica al sistema penal por ignorar esta realidad. Por último, se expone la necesidad de implementar una política criminal de drogas que reconozca el enfoque de género y transforme las actuales condiciones en pro de la igualdad de la mujer