La lucha contra la pobreza en España: implementación y desafíos del Ingreso Mínimo Vital

Abstract

Objectives: To examine the Minimum Vital Income (IMV) as a key instrument in combating poverty in Spain, with particular attention to the parliamentary debate preceding its approval. Methodology: This study offers a synthesis of social inclusion policies developed in recent decades and the conceptual frameworks shaping academic debates on minimun income schemes. It analyzes parliamentary arguments and evaluates procedural and substantive aspects of the IMV that could be improved. Results: The IMV’s design was shapened by the social emergency caused by the pandemic, which enable an unprecedented parliamentary consensus between opposing conceptions of poverty. The outcome was a compromise between a punitive-disicplinary approach, focused on labour activation, and assistentialist model that recognized the right to social protection but retains demanding bureacratic requirements. This ambivalence limits its transformative potential and reproduces exclusionary logics. Five years after its implementation, deficiencies in design, management, and coverage persist. Conclusions: Consolidating the IMV as an effective right requieres three priority actions: regulatory simplification, stronger inter-administrative coordination, and clear, accesible communication strategy to ensure its adaptation to the country’s social and territrial diversity.Objetivos: se examina el Ingreso Minímo Vital (IMV) como política de lucha contra la pobreza, prestando atención al debate parlamentario que impulsó su aprobación. Metodología: se ofrece una breve reconstrucción de las políticas de lucha contra la exclusión social desarrolladas en España en las últimas decádas y de los princiapales conceptos del debate académico de políticas de renta miníma. Se analizan los argumentos esgrimidos, utilizados en el debate parlamentario que dio lugar al IMV, y se evalúan algunos aspectos procedimentales y sustantivos del IMV susceptibles de mejora. Resultados: el diseño del IMV estuvo condicionado por la emergencia social provocada por la pandemia, que posibilitó un consenso parlamentario inédito emtre concepciones antagónicas de la pobreza. El resultado fue un compromiso entre un enfoque punitivo-disciplinario, centrado en la activación laboral, y uno asistencialista, que reconoce el derecho a la protección social pero mantiene exigentes requisitos burocráticos. Esta ambivalencia reduce su potencial transformador y reproduce lógicas de exclusión. Cinco años después de su aprobación persisten carencias en diseño, gestión y cobertura. Conclusiones: para consolidar el IMV como derecho efectivo se requieren tres líneas prioritarias: simplificación normativa, coordinación interadministrativa y comunicación clara y accesible, garantizando su adaptación a la diversidad social y territorial