La recepción de pleno derecho y sus consecuencias jurídicas

Abstract

El tema central de este estudio es la Recepción de Pleno Derecho en los contratos de obra administrativa, la cual tiene como base principal el contrato administrativo, instrumento este que acoge el consentimiento mutuo de las partes, de dar, hacer o no hacer, siendo una parte la Administración Pública que persigue el cumplimiento de los objetivos del Estado en beneficio del bien común; y otra parte un particular que busca un beneficio propio y es considerado como un colaborador de la Administración en la consecución de los objetivos estatales. El contrato administrativo sin duda configura cláusulas exorbitantes que permiten garantizar a la Administración el cumplimiento eficaz del contratista, pero también es cierto que guarda cláusulas que permite al contratista aplicar en caso que sus derechos sean vulnerados; la recepción de pleno derecho es una de esas cláusulas que pretenden salvaguardar los intereses del particular; por tanto, dentro de este estudio inicialmente se revisara desde una perspectiva global el contrato administrativo sus definiciones, principios, elementos, características, cláusulas contractuales; se considera pertinente analizar el proceso de contratación pública y sus fases como antesala del contrato administrativo. Seguidamente, en el segundo capítulo se analizará el Contrato de Obra, su concepto y las cláusulas que deben ser consideradas en este tipo de contratos, entre la que consta la Recepción que a mi criterio es de vital importancia, por cuanto permite la terminación la relación contractual existente entre la Administración y el particular. En el capítulo tercero se abordará el tema central de este trabajo que es la Recepción de Pleno Derecho, con este trabajo se pretende aportar un mayor conocimiento en base a la experiencia laboral adquirida en la Administración Pública. Se analizará sus efectos jurídicos, los problemas que acarrea a su aplicación, se expondrá las posibles soluciones o cambios jurídicos que debe considerarse en torno a esta figura que permita salvaguardar los intereses de la Administración y evitar la vulneración de los derechos del contratista