Se caracterizan las pautas de actuación de las policías que el combate contra el tráfico de drogas ha inducido, como son construídos los blancos de represión, y se indican las ambiguidades que acompañan la evolución reciente de los modelos de acción policial, como el de la "policía de proximidad

Cunha, Manuela Ivone P. da

Universidade do Minho: RepositoriUM

 1 Droga y transformaciones de la represión: la construcción de objetivos en el control de la criminalidad  52 Congresso Internacional de Americanistas: "Pueblo y Culturas de las Américas: Diálogos Entre Globalidad y Localidad", Simpósio La Seguridad Entre lo Global Y lo Local, los Entornos Latinoamericanos, 17-21 de Julho 2006, Sevilha.    A comienzos del mes de mayo de este año, una operación policial de gran envergadura, llevada a cabo en uno de los barrios pobres considerados problemáticos de la periferia de Lisboa, fue motivo de escándalo público y dio lugar a reacciones de indignación por parte de diversas figuras de la política, la justicia y de organizaciones de derechos humanos. Se condenó el aparato militar con el que se cercó el barrio, la desproporción de los medios utilizados (casi 600 agentes, muchos de ellos miembros de la Unidad de Intervención Policial) tanto en relación al modo como se realizaron los registros domiciliarios y a como se interpeló indiscriminadamente a los habitantes del barrio, en una especie de presunción de culpa colectiva, como en lo que se refiere a los pobres resultados obtenidos, lo cual convertiría a la operación en una demostración de fuerza sin consecuencias (fueron aprehendidas 19 armas prohibidas y se detuvo a 10 personas, más tarde puestas en libertad). Pero si su impacto público fue inédito, lo cual se explica en parte por la proyección mediática de la operación, no se puede decir lo mismo de las características de la intervención en sí misma. Dejando a un lado el ingrediente escénico de su filmación por las cámaras de televisión (la “puesta en escena de la seguridad”, en palabras de L. Wacquant), este tipo de incursiones estaba lejos de ser una novedad para aquellos que, directa o indirectamente, convivían con la realidad de estos barrios y con la intensa atención policial de la que se habían convertido en objeto. A pesar de que esta operación en particular tuviera como objetivo las armas prohibidas, reproduce un patrón de actuación que la represión del tráfico de drogas ha convertido en relativamente rutinario en estos territorios urbanos.  2 En efecto, ha sido sobre todo el combate contra el tráfico de drogas o contra el eje delictivo de la droga, en torno al que se sitúan delitos conexos como la receptación de artículos robados, el que ha inducido o acentuado lógicas masificantes en el funcionamiento de las esferas policial y judicial. Como intenté demostrar en otro lugar, a la masificación de la represión en este ámbito se debe en gran medida la modificación cuantitativa y cualitativa que el panorama carcelario sufrió en los últimos años del siglo pasado. Además de un notorio aumento de la población reclusa, el flujo de entrada en las cárceles pasó a organizarse en muchos casos, simultánea o sucesivamente, en grupos de individuos relacionados entre sí antes de su reclusión por lazos de parentesco, vecindad o simple conocimiento. Estos lazos, además, pueden articular extensamente tanto redes de relaciones intra-barrio como inter-barrios.  Un primer conjunto de circunstancias que produce estas nuevas configuraciones tiene que ver con ciertos mecanismos judiciales relacionados con el procesamiento de los acusados y el tratamiento judicial de los procesos. Así, parientes, amigos y vecinos, por estar presentes en un lugar donde se ha encontrado droga, pueden ser detenidos preventivamente en conjunto por este motivo mientras no se individualice el responsable de la posesión de la sustancia, al igual que diferentes grupos de personas sin relación entre ellos pueden encontrarse yuxtapuestos en el mismo proceso judicial. Esta manera de reelaborar y reunir casos particulares en procesos conjuntos con base en conexiones relativamente tenues, así como la fluidez con la que se determinan jurídicamente los propios hechos juzgados, ya ha sido apuntada por varios autores como una característica recurrente en el tratamiento penal del tráfico de drogas, sin paralelo en otras formas de control de la criminalidad. El efecto es el de alimentar la percepción pública de que las coaliciones del tráfico de drogas se organizan en “grandes redes”. Sin  3embargo, es infrecuente que esas redes correspondan a alguna realidad sociológica y no pasan de ser, en la mayor parte de los casos, una construcción jurídica.  Esto nos lleva, en segundo lugar, a la cuestión de la espacialización de un determinado tipo de control policial en algunos barrios urbanos, así como a la selectividad que da lugar a esta espacialización. El complejo delictivo de la droga induce a la policía a una actuación de tipo más proactivo que reactivo, es decir, que se desencadena más a partir de opciones policiales que de la denuncia de víctimas. Es en parte por esto por lo que los citados barrios han llegado a convertirse en objetivos colectivos. De hecho, en la inevitable selectividad que rige todas las opciones, las fuerzas policiales tienden a revelarse más proactivas en relación a determinadas categorías socioespaciales y étnicas, con lo que se elevan las probabilidades de detención para los miembros de esas categorías. Sin embargo, y de acuerdo con la literatura especializada, el estatuto colectivo de una comunidad residencial parece ser más decisivo que el estatuto étnico o socioeconómico de sus miembros considerados individualmente. En este sentido, diversos autores han indicado que la tasa de detención de miembros de algunas minorías étnicas es menor para delitos cuya investigación se desencadena por la denuncia de víctimas desconocedoras de las características o de la inserción étnica del delincuente; es mayor, en cambio, para delitos cuya detección se debe sobre todo a la discrecionalidad y la investigación proactiva de la policía -como es el caso, precisamente, de los delitos relacionados con las drogas. En este caso, la tasa de detención es especialmente elevada, en parte porque sería habitual que las fuerzas policiales eligieran determinados sectores de la población como objetivos preferenciales.  Así, si por exemplo nos EEUU considerarmos las tendencias evolutivas de la distribución genérica de delitos entre blancos y afro-americanos desde 1965, las  4disparidades “raciales” en las tasas de detención fueron disminuyendo en las décadas siguientes. Con todo, la gran excepción a esta tendencia se registra en los delitos relacionados con la droga. Aquí, por el contrario, las discrepancias se acentúan: las probabilidades de que los negros sean detenidos pasaron a ser cinco veces superiores a las de los blancos, cuando anteriormente se mantenían estables en el doble. Sin embargo, estas diferencias raciales no reflejan patrones generales de consumo de unos y de otros, que descendieron en ambos casos, sino diferentes tipos de control del tráfico y del consumo.  En consecuencia, para entender el modo como determinados barrios se convierten en objetivo colectivo de control, es importante que primero nos detengamos en dar cuenta de estas relaciones entre etnicidad y procesamiento represivo de la criminalidad. En la abundante bibliografía que examina estas relaciones, especialmente desde el punto de vista de los eventuales mecanismos discriminatorios que producirían el encarcelamiento desproporcionado de las minorías, parece que actualmente encontramos algunos puntos de consenso. En efecto, tanto si se refieren a EE. UU. como a diversos países europeos, varios autores convergen en la conclusión de que no se verificaría en el balance de este procesamiento criminal una inclinación étnico-“racial” sistemática, directa y generalizada que permita dar cuenta en su totalidad de las discrepancias proporcionales minorías-mayoría constatadas al final del proceso judicial. Ahora bien, se reconocería, por una parte, una cierta discriminación en algunas etapas del proceso y, por otra parte, la aplicación universalista e imparcial de ciertos criterios legales aparentemente neutros, pero que acaban por resultar de hecho e indirectamente en detrimento de esas minorías. Por ejemplo, los tribunales de justicia optarían más fácilmente por la prisión preventiva para aquellos con vidas menos estables (en lo que se refiere a residencia, trabajo y familia), situación en la que se encontrarían, por vía de  5una precariedad genérica, muchos de los miembros de minorías étnicas; y, en los sistemas en los que la declaración de culpa por parte del acusado le es favorable, esos mismos tribunales impondrían penas más severas cuando el acusado niega su culpabilidad -lo cual tendería a suceder en el seno de estas minorías, dada su desconfianza respecto al sistema legal y las sospechas de parcialidad que le atribuyen.  En cualquier caso, donde esa inclinación parece mostrarse con cierta nitidez es en los primeros momentos del trayecto, o sea, en los encuentros con la policía y en las intervenciones a las que esta procede en el ejercicio de sus poderes discrecionales. Las citadas intervenciones se manifiestan, por ejemplo, en controles policiales (acompañados o no de registros en vehículos y cacheos) llevados a cabo en carretera o en la calle. Esta actuación policial puede tener como objetivo desde infracciones de tráfico hasta robos y delitos relacionados con las drogas. Es precisamente en este tipo de encuentros en los que ciertas categorías étnicas se encuentran sobre-representadas en diversos contextos. Además, los negros, por ejemplo, son más susceptibles de ser abordados con base más en sospechas genéricas que en indicios específicos, mientras que las actuaciones policiales en relación a los blancos se fundamentan en razones menos especulativas. Es más, una vez abordados, los negros corren un riesgo muy superior de ser cacheados.  Con todo, investigaciones de otros autores corrigen un poco el sentido de estas conclusiones, estableciendo la hipótesis de que tal vez la “raza” y la etnicidad no constituyan por sí solas una influencia decisiva en la selección de los objetivos de las prácticas policiales. Así, los estilos de intervención policial varían según las áreas de actuación y lo que parece pesar más en las decisiones policiales de detención es sobre todo el contexto residencial de los potenciales sospechosos. Si bien es cierto que, como algunos estudios han demostrado, la probabilidad de uso de las diversas modalidades de  6autoridad coercitiva es mayor en barrios de minorías o étnicamente mixtos, no es menos cierto que, dentro de estas zonas, los referentes étnico-“raciales” dejan de constituir un indicador posible del comportamiento policial, es decir, parece que ya no influencian ese comportamiento. En consecuencia, se deduce que la actuación policial se ve menos influenciada por las características individuales de los afectados que por el estatuto del barrio de residencia considerado como un todo. Así, en este como en otros niveles del procesamiento de la criminalidad, la “raza”/etnicidad podría operar indirectamente a través de otros factores o en interacción con estos. En parte por este motivo, se opta cada vez más por análisis más contextuales y atentos a las condiciones socioespaciales que pueden mediar en la relación etnicidad-delito o etnicidad-criminalización. No se trata solamente, pues, de acoplar la “clase” a la “raza”, dado que a una misma posición estructural en el espacio de las clases pueden corresponderle inserciones contextuales en medios diversos.  En suma, la selectividad en la actuación proactiva de las fuerzas policiales estará condicionada en último término menos por las marcas individuales de los sospechosos que por el estatuto colectivo de las zonas donde estos habitan -o transitan. De esta forma, es sobre todo el barrio el que será sospechoso, tratándose por consiguiente de un objetivo generalizado. Determinados lugares han pasado a ser asociados con el delito y la droga, atrayendo por este motivo una atención policial particular. Pero la intensificación de la acción de estas fuerzas policiales puede no limitarse estrictamente a prevenir y a elucidar delitos concretos, revistiéndose en muchas ocasiones de un carácter más demostrativo del poder policial, sobre todo destinado a transmitir hacia el exterior el mensaje de que se controlan esos barrios. Tales territorios, en consecuencia, se convierten en “lugares simbólicos de intervención policial”, una intervención policial cuya dimensión expresiva se eleva a su máximo exponente con las redadas,  7intervenciones generalizadas acompañadas frecuentemente de registros y detenciones para identificación e interrogación. Efectivamente, estas incursiones tipo “guerra relámpago”, relativamente rutinarias en los barrios asociados al tráfico y consumo de narcóticos, pueden producir un gran número de detenciones, aunque el número y la importancia de las aprehensiones de sustancias prohibidas o de bienes susceptibles de proceder de ganancias ilícitas no siempre se corresponden con la envergadura de la operación. Pero, como ya se ha referido, el tipo y la cantidad de las aprehensiones son criterios secundarios, de la misma forma que las personas abordadas lo son en muchas ocasiones por cosas inconsecuentes y de un modo poco selectivo. Estas no sólo son estrategias de perturbación de la interacción venta-consumo en las transacciones de droga que se producen en esos barrios. También se pone de manifiesto la capacidad de intervención del Estado, una capacidad que ha perdido, o de la cual ha ido abdicando, en la esfera económica y social.  Esto nos lleva, finalmente, a algunas ambigüedades que han venido acompañando la evolución reciente de los modelos de acción policial y las nuevas concepciones sobre la relación entre la policía y la población. En este ámbito proliferan las designaciones -debidas a la diversidad de los abordajes o a diferentes raíces nacionales-, que van desde la de “policía de proximidad” y “policía de orientación comunitaria”, a la de “policía orientada a la resolución de problemas” y “policía de calidad de vida”. Esta última designación es probablemente la que evoca de manera más paradigmática la ambiguïdad significativa que estas expresiones pueden encerrar, en la medida en que no sólo amalgama estrategias distintas, aunque relacionadas, de intervención policial y mantenimiento del orden público, sino que también acabó por acoger la idea de “tolerancia cero”, de la que se ha convertido en un eufemismo. Pero la citada denominación no es sino un ejemplo extremo del tipo de derivas que otras han  8sufrido. Para indicar sólo la designación quizás más genérica -y de uso más generalizado-, la etiqueta “policía de proximidad” ha sido objeto de las más diversas apropiaciones sociales y políticas, hasta tal punto que en ocasiones su sentido actual contrasta radicalmente con su espíritu inicial. Algunas de estas derivas espurias muestran como se han ido produciendo desvíos sucesivos en las ideas que el modelo de policía de proximidad pretendía promover y que resultaron en su desvirtuación en algunos contextos contemporáneos. Por ejemplo, de la idea de que todas las funciones que la policía asume, incluso la resolución de los problemas más triviales, son componentes igualmente legítimos o dignos del trabajo policial, puede pasarse a la idea de que todos los problemas son igualmente graves y que por eso todos deben ser tratados con idéntica severidad (el resultado es la represión desproporcionada de los pequeños desórdenes, como ha sucedido con la implantación de la “teoría” de los cristales rotos); de la idea de una mayor cercanía a la comunidad, en la que la comunidad es considerada como sujeto de su seguridad, puede pasarse a una focalización en ciertas comunidades que se convierten en objeto de una mayor represión (es el caso de algunos barrios en los que la idea de proximidad de la policía ha adquirido un sentido totalmente diferente); de una idea de proactividad que consiste en intervenir antes de que los problemas se produzcan, puede pasarse a una idea en la que se trata de intervenir sólo ex post en aquello que, habiendo ocurrido, no es denunciado. En este caso, se pasa a una idea de selección de objetivos que a menudo crea las condiciones para la intensificación de la represión y que en muchas ocasiones es un factor de multiplicación de incidentes (es decir, en lugar de ser una modalidad de prevención, la proactividad acaba por figurar como una nueva modalidad de represión). Finalmente, del incentivo a la participación de la población en su propia vigilancia, existe el riesgo  9de que se pase a que el Estado se desentienda de este cometido y lo transfira hacia los ciudadanos. 

Droga y transformaciones de la represión: la construcción de objetivos en el control de la criminalidad

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