En un Estado de Derecho como es el mexicano, la legitimación del ejercicio del poder público encuentra su sustento en la medida que garantice el respeto de los derechos fundamentales de los gobernados. De esta manera, el funcionamiento de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, estará justificado sólo si respetan y hagan respetar los derechos fundamentales de los individuos dentro de una nación
