Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal. El conjunto de transacciones realizadas por uno o más agentes económicos usualmente mezcladas con actividades lícitas para ocultar o disfrazar este origen y darle apariencia de legalidad se denomina lavado de dinero, también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales. Entre las más importantes fuentes de dinero ilícito cabe mencionar el narcotráfico, el contrabando, el contrabando de armas, la piratería o delito contra la propiedad intelectual, la trata de blancas, la prostitución infantil, la evasión tributaria, la defraudación tributaria, el fraude fiscal, el desfalco, los crímenes de cuello blanco, la malversación pública, la extorsión, la asociación ilícita para delinquir, la corrupción de funcionarios y, últimamente, el terrorismo.
Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los Estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan. Para hacer frente a estas actividades criminales que desafían el poder de los estados nacionales, aparece entonces como algo primordial la prevención y represión del lavado de activos, y dado que este delito se ha transnacionalizado.
En este contexto se promulga la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), legislando esta la actividad vulnerable, "Servicios de Comercio Exterior
