El incremento de la representación política de las mujeres que se ha logrado en los últimos años en México ha tenido, como una consecuencia no deseada, el aumento de los casos de violencia política de género que afectan a las mujeres participantes en los procesos electorales. La gravedad del fenómeno ha trascendido, en los procesos electorales de 2016, 2017 y 2018, a discusiones acerca de la validez de los comicios, abriendo un nuevo tema de debate político y jurídico. El análisis de los criterios del TEPJF acerca de la posibilidad y condiciones para que violencia política en razón de género sea causal de nulidad demuestran que no existe, por el momento, una doctrina firme, y que las decisiones emitidas hasta la fecha parecen reflejar las complejidades e incertidumbres propios de las declaratorias de nulidad
