Incompatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia en Colombia

Abstract

30 páginasThis paper analyzes the tension between the preventive detention and the presumption of innocence in Colombia. The analysis focuses on decisions taken by the Inter-American Court of Human Rights. Circumstances like (i) the excessive use of preventive detention, (ii) the time accused people spent in jail, and (iii) the fact that convicts and accused people share the same prison conditions represent key challenges for the local justice administration in relation to parameters defined by the Inter-American Court of Human Rights. This context has been described by the Constitutional Court through the figure of the unconstitutional state of affairs in prisons; nevertheless, this Court has validated the preventive detention as an assurance measure. Although judges do not ignore the problematic, most of the judges interviewed for this study defend the imposition of a preventive custody because they consider that this measure does not affect the guarantees related to the presumption of innocence.El presente trabajo analiza el panorama colombiano frente a la detención preventiva, a partir de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Situaciones como el uso excesivo de la detención preventiva y la duración del tiempo que la persona permanece privada de la libertad; la mezcla de condenados y sindicados en los establecimientos de reclusión y la gravedad del delito como criterio orientador para adoptar la decisión de recluir preventivamente a un individuo, comprometen seriamente a la administración de justicia local frente a los parámetros interamericanos. Este contexto ha sido descrito por la Corte Constitucional a través de la figura del estado de cosas inconstitucional en las cárceles, corporación que en todo caso encuentra proporcional la existencia de esta medida de aseguramiento. Aunque los jueces no son ajenos a esta situación, la mayoría de los entrevistados defiende la imposición de la prisión preventiva por considerar que no se compromete la responsabilidad penal en virtud de la separación de funciones (garantías y conocimiento) y, por ende, se mantiene vigente la presunción de inocencia