"El presente trabajo de investigación tiene su causa en la realidad de un Estado mexicano que parte de un marco jurídico que regula de manera indiferente y sin razón los aspectos tributarios a que se encuentran obligados los ciudadanos para contribuir al gasto público. De manera particular, la cuestión de los impuestos como una de las formas de obtención del ingreso público para el desarrollo del país, en el que, como única exigencia para legitimar la validez de un impuesto, basta que cumpla con los requisitos formales del proceso legislativo a que debe someterse toda ley para poder ser aplicada, sin que efectivamente se estudie la verdadera capacidad contributiva del contribuyente sobre el cual recae la fuerza impositiva del tributo. Bajo ese entendido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone en el artículo 31, fracción IV la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa; mientras que en el inciso a) de la fracción IV del artículo 115, señala que los municipios gozarán de la libertad para administrar su hacienda, la que se formará de entre otros conceptos, de las contribuciones que perciban sobre la propiedad inmobiliaria.
