El primer laudo arbitral del MERCOSUR, que expidieron Juan Carlos Blanco, Guillermo Michelson Irusta y Joào Grandino Rodas, el 28 de abril de 1999 en Montevideo, se refiere a la disputa originada por los Comunicados DECEX 37/97 y SECEX 7/98, que clasifican y distinguen los productos y las operaciones sujetas a licencias automáticas y no automáticas.Instituto de Integración Latinoamericana (IIL

González, Flavio Floreal

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El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual

normativa brasileña constituye una mayor restricción al comercio recíproco. 
 
El laudo 
 
Sin pronunciarse acerca de la licitud o ilicitud de las medidas adoptadas por Brasil ni 
determinar si el daño ha sido o no efectivamente probado, el Tribunal -orientado a develar la 
intención de los Estados partes del MERCOSUR- concluye que “ una interpretación armónica 
del sistema congruente y no contradictoria con los fines y objetivos declarados y acordados 
por las Partes, lleva a que el desmantelamiento no arancelario ha de ocurrir necesariamente en 
paralelo con el arancelario y ha de concluir junto con éste, conforme fue definido en el 
Tratado de Asunción, su Anexo I y el Acuerdo de Alcance Parcial 18 y como está impuesto 
por la naturaleza de ambos, indisolublemente unidos en la liberación del comercio: faltando 
uno, será inútil el otro. Ello deberá ocurrir a más tardar el 31-12-99, fecha en la que se 
completa el programa de liberación comercial luego de la revaluación del MERCOSUR 
realizada por los Estados partes”.  
El plazo fijado por el Tribunal (31 de diciembre de 1999) para todas las restricciones no 
arancelarias -en consonancia con la finalización del régimen de gravámenes arancelarios 
residuales- admite para los árbitros dos excepciones: 
• las medidas previstas en el art. 50 del Tratado de Montevideo de 1980 (constitutivo de 
ALADI); 
• los sectores automotriz y del azúcar, al persistir en ellos los gravámenes arancelarios. 
El laudo fija así un límite temporario a la admisión de restricciones no arancelarias en el 
MERCOSUR, con las dos excepciones citadas. Cabría entender entonces, porque no está 
explícitamente establecido, que las medidas objeto del litigio encuadrarían en el 
pronunciamiento arbitral. 
El fallo plantea, entre otros, el siguiente interrogante: cómo compatibilizar el plazo fijado por 
el Tribunal para la remoción de las restricciones no arancelarias –por equiparación del 
efectivamente acordado para la supresión de los aranceles- con la tarea emprendida en el 
MERCOSUR de afrontar el diseño de sistemas de equivalencia o reconocimiento bilateral de 
certificaciones nacionales para facilitar el avance del proceso de eliminación de esas 
restricciones. 
 
aAnálisis del primer laudo arbitral del MERCOSUR 
Flavio Floreal González (*) 
 
El primer laudo arbitral del MERCOSUR, que expidieron Juan Carlos Blanco, 
Guillermo Michelson Irusta y Joào Grandino Rodas, el 28 de abril de 1999 en Montevideo, se 
refiere a la disputa originada por los Comunicados DECEX 37/97 y SECEX 7/98, que 
clasifican y distinguen los productos y las operaciones sujetas a licencias automáticas y no 
automáticas. 
 
Sin analizar el fondo de la disputa, el laudo en cuestión nos merece los siguientes 
comentarios. 
 
El haber 
 
                                                          
(*) Abogado, Master en Relaciones Internacionales, FLACSO, consultor de empresas y asesor de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (gonfer@ciudad.com.ar). 
 
 6
El laudo presenta diversos aspectos positivos. Cabe destacar que la emisión de un 
primer laudo arbitral es de por sí algo saludable para el MERCOSUR. Era hora de que los 
Estados recurrieran al sistema de solución de controversias. Para resolver los conflictos 
surgidos dentro del esquema nunca se había recurrido a mecanismos institucionales para 
dirimir las disputas conforme a derecho. Los problemas se negociaban en ámbitos políticos, 
muchas veces de alto nivel, en los que se arribaba a soluciones que dejaban de lado, en 
muchas oportunidades, los compromisos previos formalizados en las distintas normas del 
MERCOSUR. La situación descripta exponía al esquema a perder impulso o a que se 
desdibujara la implementación de sus acuerdos. Desde esta óptica es bueno para el 
MERCOSUR haber recurrido a la instancia arbitral, en la que la solución se debe producir 
conforme a las reglas vigentes, lo que descomprime la agenda política. En ese sentido, 
recurrir a un laudo es saludable a la hora de valorizar el orden normativo como así también en 
lo político-institucional. 
 
A continuación cabe considerar los aspectos positivos que se encuentran 
incorporados en el propio laudo. Es destacable la tarea de vincular la aplicación de las normas 
con el contexto dado. Esta relación, si bien recomendable en cualquier labor jurisdiccional, es 
más necesaria en un proceso de integración en atención a las realidades cambiantes que suele 
presentar.  
 
Asimismo, es apropiado recurrir a una interpretación sistemática del orden normativo 
en su conjunto. Esta metodología facilita percibir al derecho intergubernamental del 
MERCOSUR como un sistema, más que como un conglomerado de normas, en el que las 
regulaciones son estructuradas de una manera lógica.  
 
También es acertada la opción por un sistema de interpretación teleológico, en el que 
los árbitros desarrollan su tarea de dilucidar la controversia teniendo como objetivo 
resguardar la finalidad de los tratados y sus normas derivadas, o sea preservar la integración. 
 
Ambos mecanismos de interpretación han sido utilizados por otros esquemas de 
integración y en especial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) a la 
hora de desarrollar su tarea jurisdiccional.5  
 
De esta manera, en el laudo se destaca la importancia de los objetivos de la 
integración asentados en los tratados constitutivos, en tanto los mismos no son meros 
decorados formales sino que deben ser una guía concreta para la acción política de los 
Estados.         
 
El debe 
 
En cuanto a las falencias, se puede considerar que el laudo presenta una severa 
deficiencia: el laudo no lauda, no dirime la controversia. 
El pronunciamiento no dice si los comunicados objetados se encuentran reñidos o de 
conformidad con el orden jurídico del MERCOSUR. Por el contrario, a la hora de decidir 
señala que el régimen de licencias se deberá ajustar a los criterios establecidos en sus 
conclusiones. 
 
                                                          
1 Véase Guy, Isaac, Manual de Derecho Comunitario General, Barcelona, Ed. Ariel Derecho, 1995, 
págs. 171 y ss. 
 7
De este modo, parece emitir más un dictamen vinculante para el futuro que un laudo 
obligatorio respecto de una conducta ya sucedida. El pronunciamiento no establece si 
realmente existió alguna violación de las normas y, en su caso, si alguno de los contendientes 
puede ser pasible de sanciones.  
 
Además, al contener un pronunciamiento orientado hacia el "deber ser", adquiere la 
apariencia de una norma, por lo que su cumplimiento puede quedar expuesto a las 
limitaciones que le impone el propio sistema de solución de controversias.  Ello es así ya que 
si en el futuro cualquier Estado viola su decisión, podría suceder que tal situación derive en 
otro tribunal y que sean otros los árbitros encargados de la contienda, quienes, dicho sea de 
paso, no tienen porque compartir los argumentos de este Tribunal y pueden variar totalmente 
los criterios aquí establecidos.  
 
Por lo dicho, el laudo en cuestión no solo no resuelve este conflicto sino que también 
puede generar problemas en el futuro. 
 
Conclusión 
 
En mi opinión el laudo tiene una prolija fundamentación. Al mismo tiempo es 
acertada la metodología de interpretación que se invoca como guía de su elaboración. Pero, 
por otra parte, todo ello deriva en una decisión que presenta una severa deficiencia: no dirime 
la disputa. En ese sentido pareciera que estamos frente a una “carta de intención” diplomática 
y no ante un pronunciamiento que resuelve una controversia. La solución del conflicto 
conforme a las normas ha sido dejada de lado por un nuevo compromiso político, que 
requerirá de la buena voluntad de los contendientes a la hora de acatarlo. En tal sentido, no se 
habrían concretado los beneficios mencionados al inicio de esta nota, en el sentido de que era 
saludable que los conflictos se dirimieran por el mecanismo de solución de controversias. La 
falencia señalada obedece a las limitaciones institucionales del esquema, por cuanto un 
sistema arbitral no permanente dista de ser recomendable para un esquema con rutinarios 
conflictos de alta y baja intensidad. El MERCOSUR necesita dar un salto institucional y, en 
tanto no lo dé, será muy difícil que se puedan resolver los conflictos y profundizar la 
integración.  
 
 
Actividades del bienio 1999-2000 
 
 El Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuenta con dos sedes, La Plata y 
Buenos Aires (*). El IIL lleva a cabo, entre otras, las tareas que se indican a continuación: 
 
I- Actividades docentes. Comprenden el dictado de la Maestría en Integración 
Latinoamericana y de la Especialización en Políticas de Integración. 
 
II- Investigaciones. Para el período 1999-2000, se desarrollan las siguientes: 
aActualización de datos en el proyecto Viabilidad de una zona franca en el Gran La Plata y 
su compatibilidad con el MERCOSUR. 
aAlternativas de inclusión regional en el MERCOSUR. El caso del Gran La Plata. 
                                                          
(*) La Plata: Calle 10 Nº 1074, Tel/Fax: 54-0221-4213202, e-mail: integra@nervertk.com.ar 
Buenos Aires: México 1230, Tel/Fax: 54-011-4382-7414, e-mail: mhalperin@ciudad.com.ar 
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Análisis del primer laudo arbitral del MERCOSUR

LAReferencia - Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas Latinoamericanas

normativa brasileña constituye una mayor restricción al comercio recíproco.  El laudo  Sin pronunciarse acerca de la licitud o ilicitud de las medidas adoptadas por Brasil ni determinar si el daño ha sido o no efectivamente probado, el Tribunal -orientado a develar la intención de los Estados partes del MERCOSUR- concluye que “ una interpretación armónica del sistema congruente y no contradictoria con los fines y objetivos declarados y acordados por las Partes, lleva a que el desmantelamiento no arancelario ha de ocurrir necesariamente en paralelo con el arancelario y ha de concluir junto con éste, conforme fue definido en el Tratado de Asunción, su Anexo I y el Acuerdo de Alcance Parcial 18 y como está impuesto por la naturaleza de ambos, indisolublemente unidos en la liberación del comercio: faltando uno, será inútil el otro. Ello deberá ocurrir a más tardar el 31-12-99, fecha en la que se completa el programa de liberación comercial luego de la revaluación del MERCOSUR realizada por los Estados partes”.  El plazo fijado por el Tribunal (31 de diciembre de 1999) para todas las restricciones no arancelarias -en consonancia con la finalización del régimen de gravámenes arancelarios residuales- admite para los árbitros dos excepciones: • las medidas previstas en el art. 50 del Tratado de Montevideo de 1980 (constitutivo de ALADI); • los sectores automotriz y del azúcar, al persistir en ellos los gravámenes arancelarios. El laudo fija así un límite temporario a la admisión de restricciones no arancelarias en el MERCOSUR, con las dos excepciones citadas. Cabría entender entonces, porque no está explícitamente establecido, que las medidas objeto del litigio encuadrarían en el pronunciamiento arbitral. El fallo plantea, entre otros, el siguiente interrogante: cómo compatibilizar el plazo fijado por el Tribunal para la remoción de las restricciones no arancelarias –por equiparación del efectivamente acordado para la supresión de los aranceles- con la tarea emprendida en el MERCOSUR de afrontar el diseño de sistemas de equivalencia o reconocimiento bilateral de certificaciones nacionales para facilitar el avance del proceso de eliminación de esas restricciones.  aAnálisis del primer laudo arbitral del MERCOSUR Flavio Floreal González (*)  El primer laudo arbitral del MERCOSUR, que expidieron Juan Carlos Blanco, Guillermo Michelson Irusta y Joào Grandino Rodas, el 28 de abril de 1999 en Montevideo, se refiere a la disputa originada por los Comunicados DECEX 37/97 y SECEX 7/98, que clasifican y distinguen los productos y las operaciones sujetas a licencias automáticas y no automáticas.  Sin analizar el fondo de la disputa, el laudo en cuestión nos merece los siguientes comentarios.  El haber                                                            (*) Abogado, Master en Relaciones Internacionales, FLACSO, consultor de empresas y asesor de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (gonfer@ciudad.com.ar).   6El laudo presenta diversos aspectos positivos. Cabe destacar que la emisión de un primer laudo arbitral es de por sí algo saludable para el MERCOSUR. Era hora de que los Estados recurrieran al sistema de solución de controversias. Para resolver los conflictos surgidos dentro del esquema nunca se había recurrido a mecanismos institucionales para dirimir las disputas conforme a derecho. Los problemas se negociaban en ámbitos políticos, muchas veces de alto nivel, en los que se arribaba a soluciones que dejaban de lado, en muchas oportunidades, los compromisos previos formalizados en las distintas normas del MERCOSUR. La situación descripta exponía al esquema a perder impulso o a que se desdibujara la implementación de sus acuerdos. Desde esta óptica es bueno para el MERCOSUR haber recurrido a la instancia arbitral, en la que la solución se debe producir conforme a las reglas vigentes, lo que descomprime la agenda política. En ese sentido, recurrir a un laudo es saludable a la hora de valorizar el orden normativo como así también en lo político-institucional.  A continuación cabe considerar los aspectos positivos que se encuentran incorporados en el propio laudo. Es destacable la tarea de vincular la aplicación de las normas con el contexto dado. Esta relación, si bien recomendable en cualquier labor jurisdiccional, es más necesaria en un proceso de integración en atención a las realidades cambiantes que suele presentar.   Asimismo, es apropiado recurrir a una interpretación sistemática del orden normativo en su conjunto. Esta metodología facilita percibir al derecho intergubernamental del MERCOSUR como un sistema, más que como un conglomerado de normas, en el que las regulaciones son estructuradas de una manera lógica.   También es acertada la opción por un sistema de interpretación teleológico, en el que los árbitros desarrollan su tarea de dilucidar la controversia teniendo como objetivo resguardar la finalidad de los tratados y sus normas derivadas, o sea preservar la integración.  Ambos mecanismos de interpretación han sido utilizados por otros esquemas de integración y en especial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) a la hora de desarrollar su tarea jurisdiccional.5   De esta manera, en el laudo se destaca la importancia de los objetivos de la integración asentados en los tratados constitutivos, en tanto los mismos no son meros decorados formales sino que deben ser una guía concreta para la acción política de los Estados.          El debe  En cuanto a las falencias, se puede considerar que el laudo presenta una severa deficiencia: el laudo no lauda, no dirime la controversia. El pronunciamiento no dice si los comunicados objetados se encuentran reñidos o de conformidad con el orden jurídico del MERCOSUR. Por el contrario, a la hora de decidir señala que el régimen de licencias se deberá ajustar a los criterios establecidos en sus conclusiones.                                                            1 Véase Guy, Isaac, Manual de Derecho Comunitario General, Barcelona, Ed. Ariel Derecho, 1995, págs. 171 y ss.  7De este modo, parece emitir más un dictamen vinculante para el futuro que un laudo obligatorio respecto de una conducta ya sucedida. El pronunciamiento no establece si realmente existió alguna violación de las normas y, en su caso, si alguno de los contendientes puede ser pasible de sanciones.   Además, al contener un pronunciamiento orientado hacia el "deber ser", adquiere la apariencia de una norma, por lo que su cumplimiento puede quedar expuesto a las limitaciones que le impone el propio sistema de solución de controversias.  Ello es así ya que si en el futuro cualquier Estado viola su decisión, podría suceder que tal situación derive en otro tribunal y que sean otros los árbitros encargados de la contienda, quienes, dicho sea de paso, no tienen porque compartir los argumentos de este Tribunal y pueden variar totalmente los criterios aquí establecidos.   Por lo dicho, el laudo en cuestión no solo no resuelve este conflicto sino que también puede generar problemas en el futuro.  Conclusión  En mi opinión el laudo tiene una prolija fundamentación. Al mismo tiempo es acertada la metodología de interpretación que se invoca como guía de su elaboración. Pero, por otra parte, todo ello deriva en una decisión que presenta una severa deficiencia: no dirime la disputa. En ese sentido pareciera que estamos frente a una “carta de intención” diplomática y no ante un pronunciamiento que resuelve una controversia. La solución del conflicto conforme a las normas ha sido dejada de lado por un nuevo compromiso político, que requerirá de la buena voluntad de los contendientes a la hora de acatarlo. En tal sentido, no se habrían concretado los beneficios mencionados al inicio de esta nota, en el sentido de que era saludable que los conflictos se dirimieran por el mecanismo de solución de controversias. La falencia señalada obedece a las limitaciones institucionales del esquema, por cuanto un sistema arbitral no permanente dista de ser recomendable para un esquema con rutinarios conflictos de alta y baja intensidad. El MERCOSUR necesita dar un salto institucional y, en tanto no lo dé, será muy difícil que se puedan resolver los conflictos y profundizar la integración.    Actividades del bienio 1999-2000   El Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuenta con dos sedes, La Plata y Buenos Aires (*). El IIL lleva a cabo, entre otras, las tareas que se indican a continuación:  I- Actividades docentes. Comprenden el dictado de la Maestría en Integración Latinoamericana y de la Especialización en Políticas de Integración.  II- Investigaciones. Para el período 1999-2000, se desarrollan las siguientes: aActualización de datos en el proyecto Viabilidad de una zona franca en el Gran La Plata y su compatibilidad con el MERCOSUR. aAlternativas de inclusión regional en el MERCOSUR. El caso del Gran La Plata.                                                           (*) La Plata: Calle 10 Nº 1074, Tel/Fax: 54-0221-4213202, e-mail: integra@nervertk.com.ar Buenos Aires: México 1230, Tel/Fax: 54-011-4382-7414, e-mail: mhalperin@ciudad.com.ar  8

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