El presente documento contiene una propuesta de bases para colaborar en la discusión y elaboración de una Ley Nacional de Procesos Colectivos para la República Argentina.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale

Giannini, Leandro

Kalafatich, Caren

Pérez Hazaña, Alejandro

Rusconi, Dante

Salgado, José M.

Sucunza, Matías A.

Tau, Matías R.

Ucín, M. Carlota

Verbic, Francisco

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DERECHOS en ACCIÓN•PRIMAVERA 2016
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PROPUESTA DE BASES PARA LA DISCUSIÓN 
DE UN PROYECTO DE LEY QUE REGULE LOS 
PROCESOS COLECTIVOS  1
Leandro J. Giannini 
Alejandro Pérez Hazaña 
Caren Kalafatich 
Dante Rusconi 
José M. Salgado 
Matías A. Sucunza 
Matías R. Tau 
M. Carlota Ucín 
Francisco Verbic
I. INTRODUCCIÓN 
El presente documento contiene una propuesta de bases para co-
laborar en la discusión y elaboración de una Ley Nacional de 
Procesos Colectivos para la República Argentina .2
1 En el presente número se publica parcialmente dicho trabajo, cuyo 
contenido completo está disponible en la página www.palabrasdeldere-
cho.com.ar. 
2 La propuesta fue redactada por los autores con motivo de la invitación 
realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción para remitir aportes o sugerencias en el marco de la Primera Mesa 
de Trabajo para la elaboración de un Proyecto Normativo que regule 
los Procesos Colectivos, celebrada el día 30 de junio de 2016. La ini-
ciativa forma parte del Programa Justicia 2020 y es encabezada por la 
Directora del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho 
Privado, Agustina Díaz Cordero, con la coordinación de la señalada 
Mesa de Trabajo a cargo de Javier Wajntraub y Hernán Calvo. El docu-
mento fue enviado el 15/08/16 a todos los participantes de dicha mesa 
de trabajo y ya está incorporado a la plataforma Justicia 2020 en la sec-
ción 3.3 Civil: Cambios procesales para un mejor servicio de justicia/
Ley de procesos colectivos (https://www.justicia2020.gob.ar/foro/topic/
ley-de-procesos-colectivos/).  
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DERECHOS en ACCIÓN•PRIMAVERA 2016
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El estudio de los procesos colectivos ha arribado en nuestro país 
a un grado de madurez que se distingue claramente respecto del 
estado de avance parcial que, en paralelo, evidencian las concre-
ciones legislativas en la materia. En efecto, desde hace décadas 
y especialmente a partir de la introducción de la categoría de 
los “derechos de incidencia colectiva” con la reforma consti-
tucional de 1994, la doctrina ha desarrollado progresivamente 
distintos contenidos fundamentales para el estudio adecuado de la 
problemática de estos mecanismos de procesamiento y enjuicia-
miento de conflictos colectivos. 
Sin embargo, la legislación sigue manteniendo una tendencia 
fragmentaria en la materia, que se exhibe especialmente desde 
dos perspectivas:
(i) Al avanzar, sin vocación de sistema, sobre la reglamentación 
de algunos de sus aspectos controvertidos (típicamente: la enun-
ciación de los sujetos legitimados para accionar colectivamente 
o la previsión de algunas variantes de regulación de los alcances 
subjetivos de la cosa juzgada), descuidando otros temas rele-
vantes (vg., la representatividad adecuada, la litispendencia, la 
interacción de las acciones colectivas e individuales, etc.). 
(ii) Al continuar sancionando normas relativas al trámite de este 
tipo de conflictos en cuerpos normativos aislados por materia 
(por ejemplo, leyes de defensa del consumidor o del medio 
ambiente; leyes de amparo, etc.), desconociendo así la regla de 
buena técnica legislativa que impone simplificar, en la medi-
da de las posibilidades, los instrumentos de tutela cuando no 
existen razones de peso que justifiquen un trato dispar entre 
controversias que comparten cualidades análogas, como en gran 
medida ocurre con los conflictos y procesos colectivos. 
La CSJN de Justicia de la Nación (CSJN), en el conocido caso 
“Halabi” (2009), puso de manifiesto la existencia de un cuadro 
de “mora legislativa” en la materia al advertir la inexistencia 
de un cuerpo de reglas fundamentales que permitan dar efica-
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cia al citado mandato constitucional, así como aportar certeza 
y eficiencia al trámite destinado a la resolución de esta clase de 
conflictos. Como es sabido, en dicho precedente, la Corte con-
sideró que dicha omisión del legislador no podía ser obstáculo 
para reclamar ante nuestros tribunales la tutela efectiva de dere-
chos de incidencia colectiva, dado que un criterio opuesto im-
portaría invertir el sistema de prelación normativa y reconocer la 
supremacía del legislador procesal sobre la Constitución misma.
 
La CSJN entendió que aun en ausencia de reglas explicitadas, 
los jueces deben encontrar mecanismos adecuados para tramitar 
y decidir esta clase de pretensiones. Además, indicó en ese mis-
mo fallo cuáles serían algunas de las instituciones a contemplar 
en cada caso tales como la tipología de casos susceptibles de 
ser enjuiciados colectivamente, la legitimación, la representa-
tividad adecuada, la notificación a los miembros del grupo, la 
posibilidad de ejercer el derecho de autoexclusión, la modalidad 
de definición de la clase, la litispendencia y la relación entre las 
acciones colectivas y las individuales, la cosa juzgada, etc. 
Si bien dicho precedente cumplió un papel fundamental en el 
desarrollo de las acciones de clase en nuestro país, lo cierto es 
que no fue suficiente para que los distintos tribunales de las 
diversas instancias y fueros de todo el país puedan afrontar la 
multiplicidad de dilemas que enfrentan cuando llega a sus estra-
dos una acción de este tipo. En otros términos, ni el fallo “Hala-
bi” ni la significativa jurisprudencia posterior de la CSJN (o sus 
reglamentaciones) han remediado los serios inconvenientes que 
produce la necesidad de tramitar y decidir conflictos atípicos 
y complejos como son los que tramitan en el marco de procesos 
colectivos, con estructuras judiciales y reglas procesales que no 
fueron concebidas ni están preparadas para ello.
A más de siete años del caso “Halabi”, por lo tanto, se renueva 
y refuerza la necesidad de encontrar reglas adecuadas para 
afrontar el debate y resolución de esta clase de conflictos. 
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II. CARACTERES Y FUNDAMENTOS DE LOS 
PROCESOS COLECTIVOS. OBJETIVOS DE UNA LEY 
NACIONAL DE PROCESOS COLECTIVOS 
Conocer los caracteres y fundamentos de una institución cons-
tituye el necesario puntapié inicial para intentar reglamentarla 
adecuadamente. Al poner en evidencia sus rasgos más salien-
tes y definir para qué sirve un instrumento procesal, es posible 
explicitar los principios que guían su diseño normativo, lo que 
entendemos servirá ulteriormente para interpretar los alcances 
de sus previsiones. 
1) Caracteres 
La característica fundamental de los procesos colectivos es 
su cualidad “representativa”. Suele utilizarse dicha expresión 
para calificar a los modos de enfrentar la conflictividad plural 
mediante el reconocimiento de la atribución de una persona 
pública, privada o entidad intermedia para representar en juicio 
los intereses de la totalidad del grupo alcanzado por la contro-
versia, sin que sus integrantes le hayan conferido explícitamente 
autorización o poder para hacerlo. 
Esta conocida nota de los procesos colectivos, concentrada en el 
concepto de la “legitimación colectiva”, pone en juego la necesi-
dad de preservar la garantía del debido proceso de los miem-
bros del grupo involucrados en la contienda, que pueden verse 
alcanzados por la decisión final del litigio, sin haber tenido opor-
tunidad de ser oídos a título personal, sino sólo a través de la 
actuación de ese representante. 
Por ello, para preservar la eficiencia y constitucionalidad de esta 
clase de procesos, el régimen procesal debe incorporar a este 
tipo de pleitos una serie de recaudos que permitan concentrar 
el debate de las cuestiones comunes de hecho o de derecho co-
munes al grupo, sin afectar la garantía de defensa en juicio de los 
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integrantes que no han participado de la litis. Nos referiremos a 
dichos recaudos más adelante. 
Una segunda característica de esta clase de litigios es su com-
plejidad. Dada la multiplicidad de los integrantes del grupo, 
la extensión territorial de la afectación, la dificultad probato-
ria que en general acarrean, los inconvenientes que conlleva 
la implementación de los mandatos y remedios contenidos en 
la sentencia definitiva, etc., los procesos colectivos están mar-
cados por especiales problemas de administración en casi todas 
sus fases. Dichas dificultades deben ser abordadas en la legis-
lación, brindando a los operadores mejores herramientas para 
obtener decisiones de calidad, útiles y pronunciadas en un plazo 
razonable. 
2) Fundamentos 
El elenco de fundamentos de los procesos colectivos puede sin-
tetizarse en cuatro aspectos principales. 
En primer lugar, este tipo de acciones tienden a lograr una mayor 
eficiencia en el sistema de administración de justicia mediante 
el juzgamiento concentrado de numerosos reclamos similares, 
evitando así malgastar recursos humanos y materiales para dis-
cutir miles de veces las mismas cuestiones frente a los mismo 
sujetos. Esta aspiración de eficiencia se magnifica cuando la 
multiplicidad de reclamos por análoga problemática provoca 
cuadros de litigiosidad masiva que llega a colapsar los fueros e 
instancias encargados de su juzgamiento, como ha ocurrido en 
más de una oportunidad en nuestro país. 
Asimismo, tienden a facilitar el acceso a la justicia de conflictos 
que de otro modo quedarían marginados del sistema debido a los 
conocidos obstáculos materiales (económicos) y personales (so-
ciales y culturales) que impiden el ejercicio efectivo de los dere-
chos por parte de la ciudadanía, tales como el desconocimiento 
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de los derechos (potenciado cuando se pone en juego la apli-
cación de marcos normativos o cuadros regulatorios complejos), 
la falta de acceso a la información por parte de los afectados 
(agravada en general por la insuficiencia de medios para obte-
nerla), la relación costo beneficio desfavorable para el accionar 
individual (excesivo costo que conlleva el remedio, frente a la 
escasa cuantía del beneficio ulterior), entre otras. 
En tercer lugar, gracias a dicha nota de acceso, los procesos co-
lectivos sirven como instrumento de prevención y desaliento de 
conductas ilícitas masivas al brindar instrumentos adecuados 
para inhibir, sancionar y reparar las consecuencias de conductas 
que, de no ser por este tipo de acciones, permanecerían en el 
anonimato y la impunidad (lo cual, a su turno, estimula su rei-
teración en el futuro). 
Por último, este tipo de procesos genera capacidad para que el 
sistema de administración de justicia pueda brindar soluciones 
igualitarias frente a violaciones masivas de derecho, concurrien-
do con ello también a fortalecer la legitimidad del sistema frente 
a la sociedad. 
3) Objetivos y pautas generales para una 
Ley de Procesos Colectivos 
Teniendo a la vista los caracteres de esta clase de procesos 
(representatividad, complejidad) y los fundamentos de la ins-
ttución (eficiencia y economía procesal; acceso a la justicia; 
prevención y desaliento de conductas ilícitas; soluciones igua-
litarias a conflictos repetitivos), es posible definir los objetivos 
generales que entendemos debe perseguir una Ley de Procesos 
Colectivos. 
(i) Lograr un mecanismo de debate flexible que permita la dis-
cusión amplia, pública, robusta e informada sobre el conflicto 
colectivo. Este mecanismo debería incluir el análisis del impacto 
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social y económico de las decisiones a tomar, una preferencia 
por la discusión oral, y contemplar la intervención de la mayor 
cantidad de voces posibles en la discusión. 
(ii) A tal fin entendemos fundamental la regulación de audien-
cias públi cas regulares, tanto a los efectos de la determinación 
de la litis cuanto de la determinación fáctica de los hechos con-
trovertidos, y luego para la determinación del cumplimiento de 
la sentencia en la fase de ejecución. La participación en éstas 
debe ser prevista de modo amplio para que puedan tener inter-
vención otras voces. Igualmente, consideramos conveniente que 
la ley establezca pautas objetivas que definan cuándo convocar, 
cómo hacerlo, bajo qué condiciones y el deber de que los ma-
gistrados tomen en consideración y efectivamente analicen los 
argumentos conducentes para la resolución del conflicto, sea a 
fin de tomarlos como elemento de juicio para la decisión o bien 
descartarlos. 
(iii) Reglamentar un mecanismo de procesamiento y resolución 
de conflictos colectivos de orden transustantivo. Esto es, apli-
cable con independencia de la materia de fondo sobre la cual 
verse el conflicto en cuestión. Este tipo de esquema de proce-
samiento transustantivo no implica negar la existencia de 
particularidades en función de ciertos sujetos, bienes y conflic-
tos. De ese modo, la ley debería contener un conjunto de reglas 
generales (comunes a todo proceso) y otras especiales (propias 
de ciertos sujetos y bienes). 
(iv) Estas reglas especiales no sólo tendrían que ver con mo-
dulaciones propias del microsistema sustantivo de que se trate 
(por ejemplo, consumo), sino también con aquellas especifi-
cidades procesales (tutelas diferenciadas) que puedan asumir. 
Por ejemplo, reglas especiales para la ejecución de sentencias 
en conflictos vinculados con pretensiones que buscan controlar 
la constitucionalidad y convencionalidad de políticas públicas, 
o la posibilidad de tolerar en ciertos supuestos la mutación de 
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la cosa juzgada. Es decir, intentar sancionar una ley que re-
gule adecuadamente los procesos colectivos de manera general 
y común, incorporando las reglas especiales que sean necesarias 
para atender las especificidades propias de ciertos conflictos, sea 
dentro de cada institución o como apartados diferenciados. 
(v) Entendemos necesario también poner especial énfasis en 
la necesidad de garantizar normas específicas que contemplen 
las necesidades propias de los derechos sociales, de naturaleza 
eminentemente colectiva, pues su judicialización importa un 
litigio que procura modificaciones de prácticas y reformas 
estructurales que en la mayoría de los casos, además, involucra 
sectores de la población tradicionalmente relegados de la dis-
cusión institucional o débilmente protegidos por el Estado. 
(vi) Los procesos de reforma estructural deben asumir que ha-
brá dos grandes etapas procesales “necesarias”, una de “juicio” 
y otra de “ejecución”. Asimismo, esta última debería incluir 
instancias de seguimiento afines a las desarrolladas en el “expe-
rimentalismo” norteamericano. 
(vii) Respetar el esquema de reglas existentes (legales, regla-
mentarias o jurisprudenciales) como un piso de mínima ya que 
cualquier interpretación o norma que tienda a restringir los 
estándares de protección existentes incurriría en violación al 
marco hermenéutico constitucional-convencional, violentando 
el derecho al acceso a la justicia y debido proceso colectivo (en 
tanto garantía humana fundamental de cumplimiento efecti-
vo e inmediato por el Estado), el propio margen de aplicación 
nacional (auto)impuesto y los principios de progresividad, no 
regresividad, indivisibilidad e interdependencia de derechos, 
generando responsabilidad internacional. 
(viii) Establecer reglas comunes para todo el territorio nacional. 
Existen distintas razones que justifican ese temperamento, entre 
las cuales cabe destacar: (i) el alcance y dimensión que los con-
flictos colectivos suelen suponer; (ii) el correcto procesamiento 
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de esos conflictos, la reiteración de múltiples procesos en diver-
sas jurisdicciones y la eficacia de una sentencia colectiva; (iii) el 
respeto por parte de las regulaciones locales de los estándares de 
mínima que el debido proceso colectivo supone. 
(ix) Receptar instrumentos amplios, concretos y efectivos para 
garantizar el derecho humano de acceso a la justicia colectiva. 
Eso incluye desde incentivos económicos tales como beneficios 
de gratuidad o regulaciones especiales en materia de costas u 
honorarios, hasta la ampliación de la legitimación colectiva por 
encima de lo dispuesto en el art. 43 de la CN e incluso de las nor-
mas reglamentarias con previsiones al respecto (LGA y LDC). 
Esta legitimación debería pensarse en línea con la instauración 
del modelo heterogéneo constitucional-convencionalmente 
consagrado (personas individuales, entidades intermedias y orga-
nismos públicos). 
(x) Contemplar la posibilidad de que el proceso colectivo sea no 
solo activo, sino también pasivo y mixto. 
(xi) Reconocer la importancia de la intervención del Ministerio 
Público en este campo, atento las funciones y poderes asignados 
constitucional y legalmente a dicho organismo. 
Consideramos que estos poderes y funciones asumen par-
ticular relevancia en el campo de la tutela colectiva ya que el 
correcto tratamiento y resolución de esta clase de conflictos 
involucra siempre, aunque más no sea de modo indirecto, un 
interés general de la sociedad. Para permitir la actuación de 
esta figura sugerimos establecer un sistema de comunicaciones 
regulares de los pasos procesales más relevantes del debate, 
generando así condiciones de posibilidad reales para que, en 
ejercicio de sus facultades discrecionales, pueda evaluar moda-
lidades de actuación acordes con cada situación en particular. 
(xii) Receptar expresamente la noción de derechos individuales 
homogéneos como especie del género “derechos de incidencia 
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colectiva” establecida en el art. 43 de la CN, eliminando las 
restricciones asociadas con la justificación “económica” 
de las acciones individuales. 
(xiii) Reconocer la consolidación de la idea de caso o causa 
colectiva, en tanto elemento definitorio para la apertura en 
instancia jurisdiccional de cualquier conflicto de esa naturale-
za. Esto supone asumir un cambio de paradigma en el rol del 
Poder Judicial dentro de la estructura de división de funciones 
de Estado. Un cambio de paradigma que reclama fuertemente 
una regulación adecuada en este campo para mantener un equi-
librio razonable que permita a la administración y al Poder 
Legislativo trabajar en sus esferas privativas de actuación, y que 
al mismo tiempo habilite canales idóneos para que el Poder Judi-
cial cumpla con su deber funcional de tutelar derechos de mane-
ra eficaz y eficiente sin avanzar indebidamente sobre aquellas 
esferas privativas. 
(xiv) Analizar la posibilidad y conveniencia de la creación de 
fueros especializados y establecer la posibilidad de intervención 
de expertos como auxiliares de la justicia para cumplir distintas 
funciones que requiera cada discusión en particular. 
(xv) Reconocer el poder de los jueces para convertir acciones 
individuales en un proceso colectivo, aspecto especialmente 
importante en el campo de la tutela de derechos económicos, 
sociales y culturales. 


Propuesta de bases para la discusión de un proyecto de ley que regule los procesos colectivos

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