En este proyecto de intervención se creará y pondrá en funcionamiento el Registro Único para Beneficiarios de Programas Sociales en Villa María, Provincia de
Córdoba. El Estado Municipal será el encargado de construir, administrar, actualizar y coordinar la base de datos de los niños, niñas y adolescentes hasta 17 años en situación de vulnerabilidad, ubicados geográficamente en un mapa de necesidades. Se persigue la sistematización mediante la clasificación de requerimientos comunes, el abordaje, tratamiento, solución y seguimiento de cada demanda, para que la respuesta desde el municipio sea efectiva, ágil y ajustada a cada necesidad.
Los fines que se pretenden lograr son el aumento en la eficiencia de la asistencia social, la contribución a la mejora en la asignación de los recursos de los
programas sociales municipales, la autonomía y satisfacción personal de los beneficiarios.
El registro sobre beneficiarios de programas sociales prevé trabajar sobre el concepto de capital humano, refiriéndose a “un conjunto de cualidades o capacidades
humanas individuales que mejoran las oportunidades en la vida de las personas” (Arnoletto, y otros, 2004, p.53).
La ciudad de Villa María cuenta con una población estimada en 90.175 habitantes, según Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC 2010).
Los niños entre 0 y 15 años se calculan en 22.600 personas a esa fecha y la población de menores con NBI1
se estima en 2.550, según Censo 2010 e Informe de la SENAF2 año 2008, o sea que representan el 11,28% de la población infantil.
Este proyecto de intervención se enmarca en una estrategia mayor que permitirá conocer y comprender los efectos combinados, producto de las múltiples privaciones
que sufren los niños y niñas de la ciudad. A la vez, se abordará la problemática de manera integral, permitiendo potenciar todas las acciones que el Estado municipal pueda realizar, articulando eficazmente con los otros estamentos del Estado, logrando beneficios directos para ellos.
“En los últimos años, Argentina ha avanzado de manera significativa en la ampliación de los derechos del niño. La sanción de la Ley 26.061 y otras numerosas leyes en los ámbitos de protección social, así como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establecieron un nuevo paradigma de protección integral y reconocimiento de los niños y niñas 3 como sujetos de derechos plenos” (UNICEF, 2016, p. 6).
A partir de la consagración de los derechos de los niños y el reconocimiento de los mismos en el año 1989 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
comenzaron a pensarse y delinearse programas nacionales y locales para dar cumplimento a los requerimientos que planteaba un contexto complejo. En esos años, la
economía de nuestro país pasó por inflación, crisis energética, desindustrialización,
caída de reservas, endeudamiento e hiperinflación, alcanzándose niveles de pobreza, indigencia y desocupación escandalosos. Un ciclo desfavorable extendido en las décadas de los 80 y los 90 y que concluyera en el 2001 con la crisis institucional más
grave que se recuerde en la historia reciente. Luego del recambio institucional, la economía se recuperó, para luego crecer a tasas elevadas durante el período 2003-2009, permitiendo la implementación de diferentes políticas de empleo y protección social, que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y desarrollo de la niñez, en un proceso de mayor inclusión.
4 A partir del año 2003, se pusieron en ejecución políticas sociales que formaban parte de una estrategia gubernamental mucho más amplia y que incluyó cambios en
materia social, laboral, económica, previsional y de infraestructura. Se buscó abordar la problemática de la pobreza de una manera integral, tratando de eliminar las causas que promueven que las mismas se produzcan o reproduzcan por la presencia de ciertas condiciones favorables para ello.
Se parte del supuesto que la política social no se limita a la lucha contra la pobreza monetaria. A las acciones concretas para brindar igualdad de oportunidades en
materia social, educativa, de salud y de empleo, paralelamente deben sumarse la transmisión de valores y pautas de comportamiento, que permitan cambios en las
conductas de las personas que beneficien a la comunidad, a las democracias y a los mercados.
Las ayudas estatales, como subsidios, viviendas o sumas dinerarias son en general cuestionadas por considerarse “incentivos a la vagancia”. Como dice Minoldo
Sol (2014) “la herencia social, es decir, la situación socioeconómica heredada de la familia en la que por azar se nace, hace que alcanzar los mismos logros socioeconómicos exija más esfuerzos a unos que a otros”. Por eso los Estados, trabajarán para subsanar las desigualdades, cuidando las condiciones de vida desde la infancia, la escolaridad, la integración de los niños en la escuela, en la sociedad, en la ciudad y las condiciones de empleabilidad y emprendedurismo de los padres. Los alcances en la materia, no deben verse afectados por deficiencias nutricionales en la infancia, el hacinamiento y la promiscuidad de los hogares, el no acceso a la escuela o la desatención de la salud o la desocupación o subocupación de los adultos.
A la vista de los resultados obtenidos, el consenso general es que estas políticas sociales no produjeron los cambios en cuestiones estructurales que demandaba la nueva y compleja sociedad, alcanzándose metas y objetivos modestos, manteniéndose profundas desigualdades sociales, abriéndose más aún la brecha entre los que más ganan/ tienen y los que menos ganan/ tienen.
“En la Argentina, entre el 25% y el 32% del total de niños son pobres multidimensionales. Esto implica un valor que oscila entre 3,3 y 4 millones de niños y
niñas”, según el Informe “Bienestar y Pobreza” (UNICEF, 2016, p. 10).
“La pobreza multidimensional es una herramienta que permite analizar en detalle las privaciones que sufren los chicos, que son causantes de la desigualdad. Esta información es vital para desarrollar políticas públicas que además de hacer transferencias monetarias directas, contemplan acciones focalizadas en otras dimensiones de la pobreza como el saneamiento o la exposición a la violencia”, expresa Sebastián Waisgrais (2016, p. 1).
“Las políticas sociales y económicas tienen efectos determinantes en las posibilidades de que un niño crezca y desarrolle todo su potencial y tenga una vida
próspera, o de que esta se malogre. Cada vez hay una mayor convergencia entre los países pobres y los ricos con respecto al tipo de problemas de salud que hay que
resolver” (Organización Mundial de la Salud, 2008, p. 1).
A partir de la implementación de diversos programas focalizados en la población infantil originados en los distintos estamentos del Estado Federal se hace hoy necesaria, la creación y existencia de un Registro Único para Beneficiarios de Programas Sociales,
siendo el Estado Municipal el encargado de construir, administrar, actualizar y coordinar la base de datos de los niños, niñas y adolescentes villamarienses hasta 17
años en situación de vulnerabilidad, siendo ubicados geográficamente en un mapa de necesidades.
5 El costo total de implementación del proyecto es de pesos dieciseis millones ochenta y cinco mil quinientos ($ 16.085.500) a valores de Junio de 2016.Fil: Navarro Alegre, Verónica Fátima. Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Argentin