Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Departamento de Publicaciones
Abstract
The legal establishment of Anticipated Medical Guidelines, by the law 25.529, amended by the law 26.742, reinforces the changes that have been taking place, during the past decades, in the doctor-patient relationship. This statute highlights and reinforces the rights of liberty and autonomy, by regulating the possibility of deciding on personal health and care. This paper, besides analyzing the local and international legal background, considers the practical difficulties that will arise from the formal requisites established by the law and that are susceptible of affecting individual rights under the Argentinean Constitution.Fil: Ferrari, María Laura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. Buenos Aires, ArgentinaFil: Guz, Miriam. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. Buenos Aires, ArgentinaFil: Massaro, Laura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. Buenos Aires, ArgentinaFil: Moreira, Gricelda. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. Buenos Aires, ArgentinaFil: Ruffa, Adriana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. Buenos Aires, ArgentinaFil: Soifer, Graciela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. Buenos Aires, ArgentinaLa consagración legislativa de la figura de las Directivas Anticipadas, a partir de la sanción de la ley 26.529, modificada por la ley 26.742 reafirma los profundos cambios que en las últimas décadas se han producido en la relación médico-paciente. La referida norma resalta y jerarquiza el valor de los derechos personalísimos, derivados de la libertad y de la autonomía, al regular la posibilidad de tomar decisiones relativas a la salud de las personas. El trabajo, además de analizar el marco legislativo provincial e internacional, aborda críticamente las dificultades prácticas que se generarán a partir de los requisitos formales exigidos por la norma, susceptibles de afectar derechos protegidos por nuestra Constitución Nacional
