Aplicación del artículo 163 del código de procedimiento pena

Suprema de Justicia, Corte

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-726-APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Procede en cualquier momento del proceso y por el funcionario de primera O segunda instancia y aun por la Cort� Suprema de Justicia, si la causal se presenta o se alega durante la tramitación del � curso extraordinario. e Auto de 18 de mayo de 1981. Magistrado ponente, doctor DARio VELÁBQUEZ GAVIRIA El art.163 del C. de P. P. establece, entre las varias hipótesis de improcedibilidad o imposibilidad del ejercicio de la acción pe· na!, la referente a que esta no pudiere pro· seguirse, lo cual se presenta, entre otros casos, cuando fallece el procesado, pues ese hecho extingue la acción penal (C. P., art. 76). El pronunciamiento sobre la causal de improcedibilidad y la consecuente cesación de toda actuación puede hacerse en cual­quier estado del proceso, de oficio o a solici­tud de parte, previo concepto del ministe­rio público, y siempre que aquella aparezca plenamente comprobada. Esa decisión, que debe ser consultada, le corresponde al juez, esto es, al funcionario del conocimien­to, no al que es meramente instructor. Se exige, por tanto, tener competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto que constituye la relación jurfdico-procesal que se discute. Ahora bien, como respecto de un deter· minado caso pueden tener competencia, en sus correspondientes momentos procesa­les, el juez de primera instancia, el de se­gunda y la propia Corte por intermedio de su Sala Penal cuando se interpone el recur­so de casación, cabe dilucidar si la decisión que se toma con base en el art. 163 del C. de P. P. corresponde privativamente al juez competente de la primera instancia o si puede adoptarse por el de segunda, o, en su caso, por la Corte si la causal se presenta o se alega durante la tramitación del recurso extraordinario, como ocurre en el proceso que motiva este análisis. La jurisprudencia, en la que ha predomi­nado el criterio de que la determinación in­cumbe al juez del conocimiento, ha mostra­do variantes respecto de si puede y debe to­marla el de segunda instancia cuando el asunto está bajo su competencia. En auto de 15 de diciembre de 1954 ("G. J", t. LXXIX, pág. 368) sostuvo la Corte la exclusividad de esa competencia en el juez de primera instancia, al no haber resuelto acerca de la declaratoria de prescripción para deferir el pronunciamiento al fun­cionario de instancia. Así se desprende de la siguiente trascripción: "Pero se advierte que la acción penal se halla prescrita, pues los hechos denoociados tuvieron lugar con anterioridad al mes de octubre de 1949, por lo cual el auto de sobreseimiento consulta­do habrá de revocarse por la Sala con la fi. nalidad distinta de que el tribunal a q,.w deci­da, por ser de su incumbencia, sobre laapli--727-cación del art. 153 del estatuto procesal por ese concepto" (subrayado fuera de texto). En cambio, en pronunciamiento del año de 1962, atribnyó esa competencia al fun-cionario de segunda instancia. En él se expresó: "Por lo demás, nada in1plica _que tal decisión se haya tomado en la segunda instancia, porque como muy bien lo dice el tribunal ad quem, ello, «en manera alguna da a tal proveido el carácter y calidad de sentencia principal, ya que esta superiori-dad puede dictar la providencia de que tra-ta tal disposición, comoquiera que ella puede dictarse' en cualquier estado del pro-ceso'». Tan evidente es lo anterior que bien podría considerarse como un posible delito de abuso de autoridad ... el hecho o circuns-tancia de no dictarse ese proveído cuando hay lugar a ello" (auto de 26 de febrero de 1962, "G. J.", t. XCVIII, pág. 178). De una manera todavía más concreta, y extendiendo el criterio tanto a las instan-cias como a la sede de casación, dijo la Cor-te en providencia de 1 O de noviembre de 1958: "La sentencia sobre prescripción de la acción penal y la consiguiente cesación del procedimiento puede y debe dictarse -dice el art. 153 del Código de Procedimiento Pe-nal- <<en cualquier estado del proceso)), Lo cual quiere decir que en el momento mismo en que se compruebe plenamente la inexis-tencia del hecho imputado, o que el proce-sado no lo ha cometido, o que la ley no lo considera como infracción penal «o que la acción penal no podía iniciarse o proseguir-se», el juez debe dictar sentencia en que así lo declare. «El juez» de que habla la ley no es solamente el que conoce del proceso en primera instancia. Lo es también el que co-noce en segunda y del mismo carácter par-ticipa la Corte de Casación. Por consi-guiente, la sentencia sobre cesación del procedimiento pueden dictarla el juez a qua, o el juez ad quem, o la Corte como Tri-bunal de Casación. "Es cierto que la sentencia de que se viene hablando «debe ser consultada», pero ello no quiere decir que cuando no pueda serlo no deba dictarse. A nadie se le ocurri-ría sostener que la Corte no puede dictar sentencia sobre cesación del procedimiento en los negocios que conoce en única instan-cia por no tener superior jerárquico con quien consultar su decisión. ''Cuando la ley dice que la sentencia «de-be ser consultada», presupone que quien la dicta tiene superior ante el cual pueda sur-tirse ese grado de jurisdicción. Si no lo tiene, ello no quiere decir que deba abste-nerse de dictar la sentencia. Solamente así se cumplen las finalidades de la disposición consignada en el art. 153 del Código de Procedimiento Penal sobre la inmediata cesación del procedimiento <(en cualquier estado del proceso» en que las causas pa-ra decretarla se presenten" ("G. J.", t. LXXXIX, págs. 587 y 588, 1958). La amplitud de criterio que recoge la pro-videncia trascrita, consulta los elevados fi-nes que persigue este medio extraordinario de fenecimiento de la acción penal, que no son otros que los de no dilatar innecesa-riamente la decisión de una situación jurídi-ca generada en una causa que no existió o que dejó de tener vigencia. Potísimas razo-nes de justicia y también de economía pro-cesal prestan sólido respaldo a esta posi-ción. Además, la objeción que podría resultar de la pretermisión de la instancia, se obvia si se considera que los objetivos que se bus-can mediante el recurso o la consulta, que son la revisión por parte del superior jerár-quico de las decisiones del inferior en orden a enmendar posibles desaciertos, quedan asegurados, hay que presumirlo, cuando es el máximo organismo judicial el que conoce, aparte de que los casos de consul-ta han venido siendo progresivamente res-tringidos por la ley (C. de P. P., art. 199; ley 17 de 1975, art. 1 º). A lo anterior debe agregarse que para que proceda la aplica-ción de la norma que se viene comentando es preciso que la causal que se alegue esté plenamente comprobada. As! lo habla hecho notar la Corte cuando, refiriéndose al art. 153 del anterior Código -728-1 procedimental, disposición sustancialmen-te igual a la del art. 163 del estatuto vigen-te, hizo la siguiente apreciación: "El art. 153, que figura en las disposi-ciones generales de la actuación procesal, fue traído a la nueva ordenación del proce-dimiento, que empezó a tener vigencia el 1 ° de julio de 1938, con el claro fin de evitar di-ligencias inoficiosas y perjudiciales para la marcha rápida de la justicia y en favor de los sindicados, que veían generalmente prolongar una situación embarazosa para ellos, sin medios de definirla, como no fuera el de un sobreseimiento que solía lle-gar demasiado tarde y después de una ac-tuación laboriosa o llevada con marcada de-sidia, contrariando los propósitos de la eco-nomía procesal, en un caso, y manteniendo un estado de zozobra para el procesado, en el segundo" ("G. J.", t. LXV, pág. 161, 1948). No resultando afectados los intereses del procesado y de las otras partes, ni tampoco los de la justicia, pues es garantía de acierto el que conozca el superior, así sea en forma directa, y atendidos los nobles fines que se pretenden con la institución del fenecí-miento anticipado de la acción penal (C. de P. P., art. 163), ceden paso a la tesis que se propugna de su aplicación en cualquier es-tado del proceso por el funcionario compe-tente que estuviere conociendo del asunto, todas aquellas preocupaciones que podrían surgir cuando se trata de actuar en sede de casación, derivadas de la naturaleza excep-cional de este recurso, sometido a una rigu-rosa técnica, regido por unas causales ta-xativas y librado al ámbito que le fija el pro-pio recurrente al indicar los motivos de im-pugnación de la sentencia, de tal forma que la Corte no puede ocuparse de cau_sales dis-tintas de aquellas que hayan sido expresa-mente alegadas por las partes (C. de P. P., art. 581 ), con la sola excepción que ha venido a establecerse, por vía jurisprudencia!, de co-nocer oficiosamente de la nulidad cuando es ostensible y de carácter absoluto. Debe, por tanto, resolverse acerca de la aplicación del art. 163 del C. de P. P. en cualquier estado del proceso en que se pre-sentare o alegare una cualquiera de las hi-pótesis de improcedibilidad que él con-sagra, y ha de hacerlo quien tenga en ese momento a su conocimiento el negocio. -729-

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