Delito de rebelión. Inaplicabilidad del decreto 180 de 198

de Orden Público, Tribunal

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Tribunal Suuerior de Orden Público SALA DE DECISION DELITO DE REBELIÓN. INAPLICABILIDAD DEL DECRETO 180 DE 1988 La corporación se abstiene de conocer de providencia emanada de un Juzgado de Orden Público, en proceso por el delito de secuestro agravado seguido contra miembros confesos de un movimiento guerrillero, por considerar que la competencia corresponde a la justicia ordinaria, pues se trata de delitos conexos con el de rebelión y no del delito de terrorismo previsto en el Estatuto para la Defensa de la Democracia. Magistrado ponente: Dr. ERNESTO DE FRANCISCO M. Bogotá, julio 26 de 1988 VISTOS: Vienen las presentes diligencias al tribunal por razón del recurso de apelación legalmente interpuesto y sustentado por los defensores de R. G. C. y M. A. E. B., contra la providencia del diez de junio del año en curso proferida en su contra por el Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, por los delitos de secuestro agravado en perjuicio de J. H. V. A., ocurrido el pasado diecisiete de mayo, concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas Y mu­niciones de uso privativo de las fuerzas milita­res o de policía, abuso de confianza,. hurto de uso y lesiones personales. Rituada la tramitación de la segunda ins­tancia y oído el concepto del fiscal tercero de la corporación, quien se muestra partida­rio de un pronunciamiento inhibitorio por falta de competencia, se entra a decidir lo que en derecho corresponda mediante las siguientes: CONSIDERACIONES: La situación de flagrancia en que fueron capturados R. G. C. y M. A. E. B. y muerto su compañero M. A. P. P. dura.nte el enfren-tamiento con unidades de la policía cuando transportaban secuestrado al publicista J. H. V. A., permitió que se abriera la correspon­diente investigación el mismo día de los hechos.Desde las primeras diligencias surtidas ante las autoridades de policía y en presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación para la Policía Nacional, los jóvenes aprehendidos manifestaron pertenecer al mo­vimiento subversivo Diecinueve de Abril (M-19) y admitieron que su participación en el secuestro del señor V. A. obedeció a las tareas que como miembros de dicha agrupa­ción les encomendaron sus jefes inmediatos, a quienes, obViamente, no podían identificar por cuestiones de organización y segl.lridad interna. Esta postura fue reafirmada por R. G. C. al rendir indagatoria ante el Juzgado Cuarto de Orden Público, aclarando que su vincula­ción al grupo rebelde databa de varios años, habida cuenta de que el mayor estímulo ·para su ingreso lo constituyó la desaparición de su hermana C. durante los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia los días cuatro (4) y cinco (5) de noviembre de· mil novecientos ochenta y cinco. Igualmente, se--519-ñaló que su actividad básica dentro del movi·· miento subversivo, era la de hacerle propa-ganda por diversos medios, actividad que desarrollaba especialmente dentro de la Uni-versidad Nacional por su condició.n de alum-no de ese centro docente, siendo el secuestro del señor V. A. la primera vez que se le desti-naba una función diferente. M. A. E. B. adoptó una posición contraria, es decir, negó lo afirmado en su primera ver-sión en lo relacionado a su vinculación directa con el M-19, optando por hacer un recuento incoherente e ilógico de sus actividades pre-vias al momento de la captura. De otra parte, el caudal probatorio recau-dado, que incluye el rnaterial propagandístico del grupo insurgente, encontrado en el auto-motor donde se transportaba al secuestrado y las armas empleadas para asegurar el resul-tado de la operación, demuestran sin lugar a dudas que los sindicados son integrantes activos del denominado Movimiento Dieci-nueve de Abril, y que su actuar no fue bajo ningún aspecto producto de su individual vo-luntad sino .en acatamiento de órdenes ema-nadas de la jerarquía establecida en tal agrupación, máxime cuando (sic) hasta don-de se conoce, ignoraban el tiempo de cautive-rio y las exigencias de tipo económico o de otra índole que pudieran hacerse a los fami-liares de la víctima, a quien dicho sea de paso no conocían, puesto que el primer contacto directo con ella se hizo cuando otros militan-tes le transbordaron al campero de.l que pos-teriormente fue rescatado por la policía. El Juzgado Cuarto de Orden Público al momento de definir su situación procesal de-sec.hó estas circunstancias probadas en autos Y profirió en su contra la medida de aségura-miento, consistente en detención preventiva de la libertad, por los delitos de conciéito para delinquir y los demás reseñados en la parte inicial de esta providencia. INCONFORMIDAD DE LOS DEFENSORES: Las decisiones adoptadas por el a quo no fueron compartidas por los defensores de los detenidos, quienes en forma oportuna inter-pusieron y sustentaron el recurso de apelación para ante esta corporación, con el argument pri°;Gi~al de que~ sus pat~ocinados no podía~ endilgarseles delitos que, 1ndependientement considerados, son atribuibles a individuos ·s; e. ninguna cualificación personal, o sea los n~~ mados "delincuentes comunes"; y otros, qu por la naturaleza de su actividad subversh,: quedan subsumidos en la tipificación y alca:n-. ce del delito de "rebelión". CONCEPTO FISCAL: El fiscal tercero del tribunal acoge en Su vista los planteamientos de los señores deféll:-sores, y luego de razonadas argumentaciórlCs concluye que el Tribunal Superior de .. Orden Público carece de competencia para -re\lisar la providencia impugnada; que se demost~ó que los demás hechos punibles por los cúales se dictó auto de detención a R. G. C. y·M: A. E. B., deben seguir la misma suerte del delito principal en que se encuentran incur-sos, es decir, el de rebelión, cuyo conociniieri-to en primera instancia corresponde a los jueces superiores. En consecuencia, solicita un pro-nunciamiento inhibitorio respecto a su legali-dad e insinúa que se envíe el proceso a un juzgado de instrucción criminal, para· qlle una vez perfeccionada la investigacióll pase al. cd·-nocimiento de la autoridad compéiente: CONSIDERACIONES DE LA SALA: Los planteamientos consignados llevan: a la Sala a ocuparse primordialmente de an~li-zar si se tiene o no competencia para desatar el recurso, entendida esta como la ''atribu-ción legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asU:nton. Para este efecto, resumamos los fundamehtos legales que dieron origen a la • • J urisdiccióil de Orden Público". · El decreto 180 del 27 de enero de 1988, en su parte considerativa hace referencia es'-pecífica al incremento paulatino de ''3.CtOS terroristas en diversas ciudades( ... ); que, igual-mente mediante actos terroristas se han cau-sado graves daños a oleoductos, plantas industriales, edificios públicos, sedes de pár-tidos y agrupaciones políticas, instalacióríés -520-militares policiales y de· servicios públicos'', y "Que es deber del gobierno nacional en-frentar esta situación de violencia generaliza-da y de ataques premeditados a las instituciones democráticas que se han manifestado en el auge de actos terroristas, ... ''. Igualmente, el decreto 474 del 16 de marzo de 1988, "por medio del cual se organiza la jurisdicción de orden públic.o' ', destaca la ne-cesidad de su creación por razón de "la situa-ción generalizada de Violep.cia por la cual se encuentra atravesando el país". Significa lo anterior, que la intención del Estado fue el (sic) pop.er freno a la prolifera-ción de actos vandálicos tendientes (sic) a de-sestabilizar las instituciones democráticas, crear zozobra en la población y procurar alar-ma social mediante la.·utilización de artefac-tos explosivos, armas y medios de comu-nicación, o bien, cometer delitos, que por la calidad del sujeto pasivo, causaren ·es~ pecial estupor en el conglom.erado; de ahí que bajo el articulado del Estatuto para la Defen-sa de la Democracia quedaran cobijadas múl-tiples conductas punibles, que de ocurrir en otras circunstancias, serían del conocimiento de la justicia ordinaria según el bien jurídico vulnerado. Sin embargo, otros comportamien-tos ilícitos tipificados en el Código Penal no pueden encuadrarse en esta normatividad, pues su esencia y finalidad se contraponen al con-cepto mismo del terrorismo, que gramatical-mente significa "sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror", de donde se desprende que quienes así obran, no persi-guen un especial resultado de su comporta-miento, por no estar fincados en conceptos altruistas o inconformidad politicosocial, si-no en el ánimo egoísta de perturbar la tran-quilídad, el sosíego de la ciudadanía~ buscando satisfacer su personalidad proclive al delito. Resulta incuestionable, entonces, que los hechos punibles que atentan contra el régi-men constitucional (delitos políticos), como son la rebelión, la sedición y la asonada, no pertenecen a la jurisdicción de orden público; por tanto deben ser sancionados de acuerdo a lo establecido en el Código Penal colombia-no, ya que apuntan, en su orden, a derrocar o modificar el régimen constitucional o legal vigente, a impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional, o a exigir violentamente a una autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones. En el caso de estudio, reiteradamente se ha dicho que R. G. C. y M. A. E. B. son miembros activos del movimiento subversivo Diecinueve de Abril (M-19). Esta verdad irre-futable nos lleva a concluir que debe dárseles el tratamiento de rebeldes, en el sentido jurí-dico de la expresión, vale decir, integ'rantes de una organización irregular qlle propende por (sic) la modificación o supresión del régi-men constitucional adoptado pOr _el _Estado, contando para ello con la fuerza de las armas, propaganda alusíva al movimiento, moviliza-ción de obreros y campesinos, comisión de delitos de diversa índole tendientes (sic) a de-mostrar su poderío militar, .captar l.a simpatía de la ciudadanía mediante "'·'golpes de opi-nión'', apoderarse de. bienes. y dineros de las personas o el Estado para fortalecerse econó-micamente y efectuar actos de inusitada gra-vedad, siempre buscando la max1ma trascendencia e impacto político, para presio-nar soluciones que, a su modo de ver, benefi-cian a la comunidad, por ejemplo: rebaja de tarifas de servicios públicos, nacionalización de los hidrocarburos, reformas urbana, rural y educativa, congelación de precios de los ar-tículos de primera necesidad, y en el campo ideológico, la facilidad de difundir sus postu-lado's por medio de la "apertura democráti-ca" o "el diálogo nacional", características estas, como ya se anotó, diametralmente opuestas a la del delito de terrorismo. Bajo estos parámetros (sic) se ha desenvuel-to a través de los años el movimiento subver-sivo Diecinueve de Abril; así lo han reconocido, como bien lo mencionan los defensores de los acusados y nuestro colaborador fiscal, va-rios tribunales de distrito, la Corte Suprema de Justicia y el gobierno nacional, incluso, en los momentos actuales ante el secuestro de uno de los máximos dirigentes políti-cos de la nación. Tenemos, entonces, que si a la organiza-ción subversiva del M-19 se le ha dado el tra-tamiento de agrupación rebelde, sus integrantes -521-deben ser procesados por el delito de rebelión y los conexos en que puedan incurrir. cuando obran con sujeción a las normas internas que los rigen, bien sea en calidad de dirigentes b de "simples soldados rasos". pues su actua-ción en tal evento no es individual ni persigue fines particulares, ya que su obrar está sujeto a órdenes y mandatos que deben cumplir es-trictamente so pena de ser sancionados por faltas a la disciplina y jerarquización,, a la que libremente se han sometido por sus con-vicciones ideológicas. Las razones expuestas llevan a la Sala a concluir que el Tribunal Supérior de Orden Público es incompetente para revisar, por vía de apelación, la providencia que decretó la detención de R. G. C. y M. A. E. B.; por tanto resulta improcedente entrar a estudiar las conductas iniputadas a ellos y solo cabe hacer un pronunciamiento inhibitorio al res-pecto, ordenando consecuencialmente (sic) que los autos vuelvan a la oficina de origen para que hechas las desanotaciones del caso pasen al juzgado de instrucción criminal (reparto) de la ciudad, y se le dé el tratamiento corres-pondiente a la inconformidad planteada por sus defensores. No sobra insinuar al señor juez de pri.m~.r~ instancia, que en el auto respectivo debe_ tC.~. nerse en cuenta lo estatuido por el art.- 95 del C. de P. P. relacionado con la proposic"ióri de lá colisión negativa de competencia, pára evitar así el constante ir y venir del pfocesO sin que se adopte una determinación definiti~ va sobre dicho factor debatido en este asuilto. Sin más consideraciones. El Tribunal supe.:. rior de Orden Público, en Sala de DecisiOn', de acuerdo con el criterio del colaborador fiscal;· RESUELVE: 1 º) Inhibirse de conocer el contenido del auto de fecha diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho emanado del Juzgado Cuarto de Orden Público de esta ciudad por no ser competente. 2°) Ordenar el" envío del expediente a la oficina de origen para los fines legales perti-nentes. Cópiese, notifíquese y devuélvase. -522-Corte Suprema de Justicia SALA DE CASACIÓN PENAL CONFIGURACIÓN DEL DELITO. POLÍTICO Quienes se hallaren vinculados a células subversivas y se dediquen a labores propias del delito político, como la de atacar la organización política e insthucional del Estado obedeciendo a una determinada ideología en representación real o aparen-té de un cünglomerado social. y éon . fines cte reivindicación sociopblftica, deben ser considerados como rebe]des .acorde con los dictados del art.' 125 del C._ P. ·La Corte. reitera ju.risprudencia anterior. en este sentido, descartando·. la competencia · de la jurisdicción de orde.n público para conocer de un delito de. porte ilegal de armas cometido por un militante:de' un grupo·guerrille'ro. al resolver uria colisión de competencias entre aquella y la justicia ordinaria. Magistrndo ponente: Dr. RODOLFo'MANT!LLA JÁCO!vlE Comentario: Dr. HERNANDO LEÓN LONDOÑO BERRÍO Octubre 18 de 1988 VISTOS: Procedente del Juzgado Sexto de Instruc-ción Criminal de Chinchiná (Caldas), ha lle-gado a la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- el proceso ·adelantado contra N. C. G. y G: A. T. R., con el fin de que esta corporación dirima la colisión de Competencias negativa suscitada e_ntre el ·alu-dido Juzgado'y el Juzgado Especializado 'de Manizales. ' ·coffipete, a.1a·corte resolver el incidente, atendiendo el conocimiento excepcional que tiene el juzgado especializado de aS_uiltO qué cOrresl)onde a·la jurisdicción de orden 'públi-co. Si bien el juzgado especializado pertenece a la jurisdicción 6I'dinaria y por ·io talltO Ia:S controversias que ·se traben enti"e_juzgad.os:,de tal categoría y lÜs juzgados de_ inStrucción'cri-minal deberíall·ser resueltos PÜf el Tfibunal Superi_or dél DiS,trita:·iúdiciai,;i Qué'Pertene-cen, tal1lbién lo es''que en casos como el pre-sente el juzgado espe.ciali_~ad(?, _' por vii-tud del art. 24 de_l decreto 474 de 1988~ actúa en pro-cesos de condcüniénto · ·de Juzgado d~··orden Público, lo qÜe hace.-cfu'é-'Pc_>r.e.l f)i-in.ciPio_ fl.In-ciol1ál y aÚ!ndicta·una· inte'rJ)retació.n sist'éITúi-tica·, se le d~- _el mis~o·.trat~mient9 ;qué.,les asiste a IoS juigadbs de orden püblico.' Por lo ailteriÜr y cte· ConformidGtd cb~-. ~t _art. 1.6 del decreto 474 referido; es a.la.Sala de CaSá-ción Penal dé la Co'rte a qu'ien. co';r'espoilde dirimir el conflicto plariteado. HECHOS Y ACTUAC1QN PROCESAL: El sujeto N. e,. G. fue.capturad.o en lapo-blación de Chinchiná (Caldas), el 20 .. de julio del prefente_-· año, ·po~ .habet_se··en_conti"ad(5_én su poder propaganda alusiva al grupo subver-' ,!;· .. : : . ' ', -523-

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