El trabajo expone algunas de las principales razones por las que el uso de los programas de inteligencia artificial en el ámbito de acción propio de los juristas es posible, siempre y cuando se respete en su diseño y uso los principios jurídicos propios del Estado de Derecho. Para llegar a esa conclusión se estudia las características funcionales de varios programas existentes, las posibilidades que ofrece para su implantación y desarrollo la expansión del uso de los programas de gestión automatizada de la administración de justicia a través de la progresiva implantación del “expediente judicial electrónico”, y la normativa que establece la prohibición de la toma de decisiones automatizadas relativas a asuntos en los que estén implicadas personas individuales