Universidad de Zaragoza, Prensas de la Universidad
Abstract
El principal objeto de estudio es la política institucional agraria del liberalismo hondureño desde 1876, comienzo del gobierno de Marco Aurelio Soto, hasta 1949, fin de la dictadura liberal de Tiburcio Carías Andino. Enfatiza el análisis de las políticas relacionadas con la propiedad de la tierra y las reformas conducentes a la desaparición del régimen ejidal y la extensión del régimen de propiedad privada en la región del Occidente de Honduras, conformada por el área territorial que hoy ocupan los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara y Ocotepeque. Esta región es una de las que más se ha dedicado y continúa dedicándose a la agricultura. La mayoría de estudios no han revelado las dinámicas de cambio de la tenencia de la tierra y la producción agraria de la zona. Por el contrario, la omisión ha hecho que prevalezca de manera implícita una imagen estática de las sociedades rurales del Occidente de Honduras. Tampoco se ha visto con profundidad el discurso y las políticas agrarias de las élites hondureñas en contextos marcados por el auge de la plantación bananera, lo que ha alimentado una visión simplista de la economía de enclave y del carácter nacional de las burguesías agrarias e industriales. Las principales fuentes han sido las memorias de las Secretarías de Fomento, Gobernación y Hacienda del Estado hondureño. Asimismo, el compendio de leyes, decretos y otras normas legislativas emitidas en el período. Se complementaron y contrastaron datos con algunos diarios, revistas y periódicos. Finalmente, una pequeña revisión se hizo de los títulos de tierra resguardados en el Archivo Nacional de Honduras. Entre los principales hallazgos está la evidencia de una legislación liberal muy agresiva en el tema de la desamortización de la tierra desde el año 1876; el rol de los Estados Unidos para reforzar tendencias tecnocráticas en el liberalismo local que se expresan bien en el campo de la educación agrícola, especialmente en la década de 1940; la inversión del estado en el rubro de carreteras de comunicaciones con fines estratégicos políticos y comerciales para subordinar a las sociedades campesinas; y el paulatino agotamiento del modelo agrícola orgánico de los agroecosistemas del Occidente que, pese a resistencias localizadas, poco pudieron hacer para asegurar la continuidad frente a políticas liberales privatizadoras de la tierra que no entendían el alto coste territorial de sus cultivos y los factores culturales que intervenían en la organización de la propiedad de la tierra. <br /