El trabajo versa sobre las importantes reformas introducidas por el Legislativo en el proceso monitorio y el nuevo papel asumido por el letrado de la administración de justicia a raíz de la implantación de la nueva oficina judicial. Intentaré arrojar una mirada crítica de estas reformas haciendo hincapié en el debate que ha generado esta atribución de competencias por el letrado de la administración de justicia y los problemas constitucionales que haya podido causar. Hablaré sobre la necesaria reforma acometida por la ley 42/2015 en el proceso monitorio para adecuarlo por fin a las exigencias de la directiva europea 93/13 en materia de protección al consumidor en contratos celebrados con empresarios o profesionales, a raíz de la sentencia Finanmadrid, en cuyo fallo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que la normativa española relativa a la aplicación del principio de cosa juzgada en el proceso monitorio no se ajusta al principio de efectividad, dificultando de esta forma la aplicación de la defensa que la directiva 93/13 confiere al consumidor
