Los casos de corrupción investigados recientemente han incentivado la necesidad de reforzar las políticas anti corrupción. Por ello, una ley de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue adoptada en España en 2013, entrando en vigor para las entidades locales en 2015. Este texto legal requiere la divulgación de un buen número de información financiera, por lo que el objetivo de este estudio es analizar su publicación en las páginas web de los 15 municipios más poblados de tres Comunidades Autónomas españolas (Cataluña, Madrid y Andalucía), así como analizar los posibles factores que puedan explicar las diferencias encontradas. Para alcanzar estos propósitos, se ha desarrollado un índice que resume el nivel de divulgación de los gobiernos locales anteriormente mencionados. Los resultados muestran que el número de entidades locales que publican información financiera ha crecido sustancialmente en los últimos años pero todavía existe un largo camino que recorrer
