En los últimos años las administraciones públicas se han visto enfrentadas a problemas cada vez más complejos, agravados recientemente por una crisis financiera y económica a escala global. De ello se deriva que, al mismo tiempo que las expectativas de la sociedad respecto de los gobiernos tienden a aumentar, los recursos de los que éstos disponen van reduciéndose. Como la actual crisis ha puesto de manifiesto, uno de los imperativos de esta fase histórica es encontrar un equilibrio entre las soluciones a corto plazo y de impacto inmediato y el mantenimiento de la equidad intergeneracional en una perspectiva de medio-largo plazo. No ha sido por casualidad por lo que las políticas de reforma del sector público se han ido acercando progresivamente al enfoque económico-empresarial. Las reformas han puesto mucho énfasis en el management, en la gestión, por objetivos y en la medida del rendimiento. A partir de estos presupuestos es fácil deducir que la planificación estratégica representa un proceso de gestión esencial para favorecer procesos decisionales basados en datos y evidencias empíricas. Así, la planificación estratégica ha sido definida como un esfuerzo “disciplinado”, orientado a poner en marcha decisiones y acciones fundamentales con el fin de describir y determinar qué es una organización, qué hace y por qué lo hace . Este proceso consta de ocho pasos: 1. Construcción del consenso inicial sobre el esfuerzo que supone la planificación estratégica; 2. Identificación y reparto del mandato; 3. Desarrollo y distribución de la misión y de los valores; 4. Evaluación del ambiente externo; 5. Evaluación del ambiente interno: 6. Identificación de los temas estratégicos; 7. Desarrollo de la estrategia; 8. Descripción de la organización en el futuro. La implementación de estos pasos requiere la adopción de instrumentos específicos. La planificación estratégica, no obstante, no se entiende exclusivamente como un esfuerzo organizado hacia la consecución de objetivos, sino que representa, especialmente en las administraciones públicas, un enfoque radicalmente innovador en el plano cultural, antes que nada se entiende, en efecto, como una oportunidad para facilitar momentos de confrontación y diálogo acerca de la toma de decisiones entre los órganos políticos y los gestores públicos para incrementar el compromiso del staff a través de procesos participativos, para conducir a una reflexión profunda sobre qué es lo realmente importante para la organización. La dirección estratégica está constituida por procesos top-down y, en la medida en que el contexto comportamental los anime, de procesos bottom-up: los primeros son una sucesión de procesos de aprendizaje (before doing), generadores de una brecha (o gap percibido) que hay que cerrar (entre situación efectiva y situación deseada por el vértice de la organización), de acciones concretas orientadas a colmarlo y de procesos de aprendizaje (after doing) sobre el gap percibido y sobre las subsiguientes acciones orientadas a cerrarlo; los segundos son los procesos generadores de innovación, fruto de un aprendizaje sobre el terreno de las personas que están en contacto directo con la realidad sobre la que tienen que aplicar los procesos top-down. La teoría de la dirección estratégica forma parte de los enfoques denominados “racionales” de los procesos decisionales en el sector público y es, no hay que olvidarlo, objeto de objeciones que se refutan haciendo referencia al concepto de racionalidad limitad