Olivo A. Rodríguez Huertas. Abogado dominicano, nacido en Higüey, La Altagracia. Es egresado de la Universidad Eugenio María de Hostos. Realizó un posgrado en fiscalidad internacional y una maestría en derecho de la contratación pública en la Universidad Castilla-La Mancha (Toledo), así como posgrados en derecho público y en derecho administrativo en las universidades San Pablo-CEU (Madrid) y de Salamanca, respectivamente. Ha desarrollado una amplio ejercicio profesional que lo ha llevado a desempeñarse, entre otros cargos, como asesor externo de la Procuraduría General de la República, miembro suplente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas, consultor nacional del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME, auspiciado por la Unión Europea), contratista de la Agencia Internacional para el Desarrollo del gobierno de los Estados Unidos, presidente del Instituto Jurídico de la Unión Interamericana para la Vivienda (órgano asesor del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas) y como miembro y coordinador general adjunto del grupo de expertos del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. Como catedrático universitario, ha sido profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), así como en el programa de máster en derecho de la administración del Estado coordinado por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales de República Dominicana. Es coautor de las publicaciones Aspectos dogmáticos, procesales del lavado de activos, Documentos internacionales sobre lavado de activos, y Manual teórico práctico de libre acceso a la información pública. Recientemente fue designado embajador de la República Dominicana en España.Este es un artículo en el que se presenta una propuesta para regular, normar y controlar la actividad de la Administración en la República Dominicana. La iniciativa, que fuera resultado de las prioridades del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) auspiciado por la Unión Europea, partía de la constatación de que en el Estado dominicano no existía para la fecha una normativa que sistematizara y reuniera los principios de la actividad de la Administración y de sus respectivos procesos (administrativo y contencioso-administrativo), los cuales se encontraban dispersos en diferentes instancias de la legislación nacional. Con dicho proyecto se pretendía articular un sistema claro y preciso de control administrativo y jurisdiccional que protegiera “eficazmente los derechos fundamentales de las personas” frente al poder estatal
