research

Los efectos sociales de la política del F. M. I. en la República Dominicana

Abstract

José Serulle Ramia (biografía): Es doctor en economía de la Universidad de París. Ha sido profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual llegó a ser vicerrector administrativo. Para noviembre de 2016 era embajador de la República Dominicana en Trinidad y Tobago.Serulle Ramia analiza los efectos sociales negativos que tuvo la política de austeridad impuesta al país por el FMI durante la que habría de ser llamada "década perdida de América Latina". El conjunto de medidas tendentes a equilibrar el gasto con los ingresos nacionales a partir de la reducción del gasto público corriente, la inversión pública y el consumo privado empezó a aplicarse en agosto de 1982. Se estructuró a través del Acuerdo de Facilidad Ampliada (enero de 1983), el Acuerdo Puente o Sombra (1984) y el Acuerdo Stand By (1985), pero continuó desarrollándose bajo la iniciativa y el mandato del Dr. Joaquín Balaguer. Aparte de la disminución del gasto público, sus otros componentes consistieron en la restricción del crédito, el aumento de los impuestos indirectos (ITBI, Ad-valorem), la liberalización del mercado de divisas y el impulso a los esquemas productivos orientados a la exportación. A juicio del autor, sus efectos más perniciosos fueron: 1) La disminución de la producción y el decrecimiento de la economía, de modo que sectores como el agrícola llegaron a alcanzar, para 1986, una tasa de crecimiento de -3.1%. 2) La agudización de la crisis en el campo, que en ese entonces aglutinaba el 48% de la población y que se vio afectado por un aumento de la concentración del capital y de la producción en detrimento de los pequeños productores campesinos. 3) El incremento del desempleo, que llegó a alcanzar un 28% de la población económicamente activa. 4) La disminución del salario real de los trabajadores, algo que se ejemplifica con el salario mínimo real, que de 1979 a 1987 disminuyó un 44.6%. 5) La reducción de la inversión en los fundamentales servicios públicos, que se vieron afectados en cuanto a su capacidad de cobertura y calidad: solo el sector educativo registró una reducción del 16.5% en su presupuesto entre 1980 y 1985

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