Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Abstract
Los avances en la medicina han permitido la realización de cosas impensables hasta hace pocos años. Este desarrollo ha presentado importantes beneficios para la sociedad en el cuidado de la salud. No obstante, también ha traído consigo un alargamiento innecesario de la vida y del sufrimiento en personas cuyo padecimiento es irreversible, que se refleja en las condiciones indignas en las que viven estos pacientes. La vida digna ha sido reconocida como un derecho fundamental en la Constitución de la República del Ecuador y desarrollada ampliamente en la normativa infraconstitucional, razón por la que se constituye en un concepto esencial bajo el paradigma de un Estado constitucional de derechos y en la existencia de pacientes con enfermedades terminales. El sufrimiento de estas personas es una realidad. En Ecuador decenas se suicidan cada año por el padecimiento de una enfermedad terminal. Razón por la que esta investigación ha determinado al derecho a la muerte digna (que se plasma a través de la eutanasia y al suicidio medicamente asistido), como una solución a esta problemática. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de reconocer dentro del proceso de muerte de una persona su derecho a la vida digna? En este contexto se ha determinado que entender en conjunto el derecho fundamental a la vida digna, el valor absoluto de la dignidad, la calidad de vida, la libertad, la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el libre desarrollo de la personalidad, así como la autonomía del paciente y su proyecto de vida, permiten que el enfermo terminal pueda determinar el momento de su muerte cuando considere que su vida ya no es digna. Para responder la pregunta de investigación se ha aplicado los métodos: cualitativo, cuantitativo, dogmático y comparativo, a través de una entrevista realizada a Laura de Vito, lawyer of Dutch Right to Die Society NNVE, del análisis de la base de datos del Sistema David en el que la DINASED registra los suicidios por enfermedad terminal, así como una profunda revisión bibliográfica y comparación de la misma. Esto ha permitido entender que al no tener una salida adecuada (legal) algunos pacientes con enfermedades terminales han tomado la decisión de suicidarse (producto de esta inactividad estatal). Se ha demostrado también que en la Constitución ecuatoriana se encuentra implícito el derecho a la muerte digna, por lo que el Estado tiene la obligación de hacer frente a esta realidad garantizando el derecho fundamental a la vida digna en la medicina y el cuidado de la salud, a través del ejercicio del derecho a la muerte digna