La tesis que me propongo desarrollar para optar por mi título de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, plantea la hipótesis de que el procedimiento abreviado, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, es de discutible beneficio para el procesado, porque éste no dispone de suficientes elementos de juicio para decidir con entera libertad, pero es necesario tener en cuenta los pro y contra de esta institución para formarnos una idea precisa de su utilidad en función del interés público. El procedimiento abreviado, además, puede llegar a considerarse como una relación de poder, dentro de la cual el Fiscal ejerce control sobre el reo. De acuerdo con el COIP esta institución establece una rebaja de la pena, en función de varios factores. Por su parte la persona procesada tiene que someterse a este procedimiento, impulsada por la amenaza de enfrentar un tribunal que desconoce, permanecer en un establecimiento carcelario en condiciones inhumanas por un periodo más largo y el costo oneroso para su familia. Finalmente, tiene que afrontar el pago de una multa que difícilmente puede asumir porque privada de la libertad no puede trabajar. Por el lado de la administración de justicia esta institución libera al Juez, a la Fiscalía y a la Defensoría Pública de la excesiva carga de trabajo que tiene, a consecuencia de la acumulación de causas. Por el lado de la sociedad, el procedimiento abreviado puede ser visto como un mecanismo de condescendencia con el delincuente que contribuye a agravar este fenómeno social. La tendencia prevaleciente en los sectores o grupos que se preocupan de la protección de la vida y los bienes de los asociados, es que la justicia en general actué con máximo rigor contra el delincuente para evitar la reincidencia. Las personas que de una u otra manera se preocupan de humanizar el sistema penal, esencialmente punitivo, son vistas con recelo cuando no con sentimiento de abierto rechazo. Con estos antecedentes habría que hacer una evaluación objetiva del procedimiento abreviado para establecer si esta institución está siendo correctamente administrada por el Estado, y si conviene que se la mantenga en su situación actual o se le introduzcan reformas para garantizar los derechos de quienes, por una u otra causa tienen que recurrir a este mecanismo judicial
