El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho
a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el
contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos
fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección
de derechos humanos.
Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la
creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial.
En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea
respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de
control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a
fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal
de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes
inconstitucionales.
Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento
legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los
elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los
modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para
reformular el marco normativo vigente.
Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de
Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por
inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema.
Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de
constitucionalidad de proyectos de ley
