Se presentan algunos hechos relevantes en relación con las
injerencias dirigidas a medios y periodistas. Analiza la serie de hechos conflictivos para
el cabal cumplimiento de los derechos de la comunicación en el Ecuador

Jurado Vargas, Romel

Repositorio UASB-DIGITAL

Programa Andino de Derechos HumanoscompiladorDEVELANDO EL DESENCANTOInforme sobre derechos humanosEcuador 2010Quito, 2011UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADORPROGRAMA ANDINO DE DERECHOS HUMANOS, PADHToledo N22-80 •Apartado postal: 17-12-569 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) del 322 8085, 299 3600 • Fax: (593 2) 322 8426 ww w.uas b.e du.ec • uasb@uasb.edu.ecEDICIONES ABYA-YALAAv. 12 de Octubre 1430 y Wilson •Apartado postal: 17-12-719 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) 256 2633, 250 6247• Fax: (593 2) 250 6255www.abyayala.org • editorial@abyayala.org1. Marco regulatorio de la radio y la televisiónEl marco jurídico del Ecuador presenta una situación de incertidumbre.Subsiste todavía una contradicción entre la Constitución de 2008 y la Ley deRadiodifusión y Televisión, promulgada por un dictador militar, mediante decre-to supremo en 1975, que sigue vigente.El 13 de agosto de 2009, se emitió el decreto ejecutivo1 de creación delMinisterio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que, entre otrascosas, ordena la fusión del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL)con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y dispone que lascompetencias establecidas mediante leyes y reglamentos para el CONARTEL seanejercidas por el CONATEL, organismo subordinado al Ministerio de Telecomuni -caciones y cuyo titular es nombrado directa y discrecionalmente por el Presidentede la República; con lo cual la autonomía que tenían estos organismos ha sidodisuelta de facto. En un estado de derecho, la ley sólo puede ser modificada porotra ley aprobada por el parlamento; en consecuencia, no es jurídicamente posi-ble la modificación de la ley a través de un decreto presidencial. Aunque esté sien-do aplicada no implica que sea jurídicamente válido.ComunicaciónEl estado de los derechos de la comunicaciónRomel Jurado VargasNota del autor: Los acápites No. 1 y 2 de este artículo han sido tomados del Informe Anual sobre laSituación de la Radiodifusión Comunitaria en Ecuador, CIESPAL, octubre de 2010. La informacióncontenida en el acápite No. 7 fue tomada del documento de trabajo “SG-RJ-Categoría 1-18.12.2010”, producido por CIESPAL, sobre la primera categoría de indicadores de desarrollomediático trabajados con la metodología de UNESCO. Ambos documentos fueron elaborados porel autor.2. Concentración de mediosLa Ley de Radiodifusión y Televisión permite la concentración de mediosde comunicación en su art. 10 y los dos siguientes sin numeración establecen queuna misma persona, natural o jurídica, puede obtener hasta 24 canales de ondamedia (uno por provincia), 24 canales en frecuencia modulada, 24 canales encada una de las nuevas bandas que se crearen en el futuro, un canal para zona tro-pical y un sistema de televisión nacional; habilita a cualquier persona a obtener laconcesión de canales o frecuencias para instalar (sin límite de concesiones) esta-ciones de televisión comercial en las 24 capitales de provincia o en cualquier ciu-dad con una población aproximada a los cien mil habitantes; y que varias propie-dades, de un mismo concesionario o de varios, pueden constituir sistemas loca-les, regionales o nacionales en cualquier modalidad.El marco anterior se traduce en la existencia de pocos grupos que concen-tran los medios; así, la Comisión Auditora de Frecuencias estableció que existennueve grupos económicos que controlan todos los grandes medios de televisión,de prensa escrita y de internet, y son: grupo Eljuri, grupo Isaías, grupo Vivanco,grupo Egas, grupo Alvarado: grupo Mantilla, grupo Pérez y grupo Martínez.23. La Ley de ComunicaciónPor mandato de la Constitución de 2008, la Asamblea Nacional debía en -tregarle al país una Ley de Comunicación en un año; esto fue incumplido en 2009.Luego de una serie de dilaciones y un acuerdo político de corta duración, en enerode 2010 se realizó el primer debate de la propuesta de ley presentada por laComisión Ocasional. Después de cuatro prórrogas concedidas por el Presidentede la Asamblea, el 1 de julio de 2010, se presentó para segundo debate un nuevoanteproyecto cuyo procedimiento generó un vacío legal y un ofrecimiento departe del sector de oposición de presentar un proyecto alterno, que hasta ahora noha sido presentado.El anteproyecto del 1 de julio de 2010, aunque había mejorado ciertos as -pectos tiene serias deficiencias de fondo y forma: no cumplimiento del art. 384 dela Constitución sobre conformar el Sistema de Comunicación social; desnatura-liza el alcance de los derechos a la libertad de expresión, a la protección contra lacensura, al ejercicio profesional de la comunicación y el periodismo, a la creaciónde medios de comunicación, al acceso universal a las nuevas tecnologías, entre86 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorotros; así también, el Consejo de Información y Comunicación presenta concen-tración de funciones y a la vez no contempla competencias básicas como las deformulación de políticas públicas.La Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Inter -americana de Derechos Humanos (CIDH) le remitió una extensa carta al Presi -dente de la Asamblea, el 9 de agosto de 2010, con observaciones sobre los límitesdel proyecto.Las diversas críticas que recibió el proyecto, el caldeado ambiente político,la falta de votos suficientes para la aprobación de la ley y una serie de hechos polí-ticos, que incluyen una sublevación policial el 30 de septiembre de 2010, han sidofactores que dificultaron que en 2010 se cumpla el mandato constitucional.4. Injerencias ilegítimas en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con la libertad de expresiónFundamedios informa3 que el 28,76% de periodistas encuestados afirmaque en alguna ocasión, alguna nota periodística no se publicó por presiones dealguna naturaleza,4 y que las presiones provinieron, en cifras iguales, de funcio-narios del Gobierno y directivos del propio medio y en menor medida de anun-ciantes.5El estudio “Cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistasecuatorianos”,6 plantea que el 48% considera que está amenazada la libertad deprensa en Ecuador; el 43% señala que recibieron amenazas a su integridad y a lade su familia; el 38% dice que por temor a perder su trabajo ha sacrificado prin-cipios profesionales; el 29% se abstuvo de publicar por presión; el 43% opina quelos intereses económicos de los dueños están por encima de la libertad de expre-sión, y el 35% dice que los intereses políticos de los dueños y/o directores estánpor encima de la libertad de expresión.A continuación se presentan algunos hechos relevantes en relación con lasinjerencias dirigidas a medios y periodistas:1. En julio de 2009, se hizo público que la Directora del diario El Comercioseñalaba, a los periodistas de este medio, restricciones para quienes hicie-ran política dentro de la empresa. Posteriormente realizó un recorte de suplantilla de trabajadores y periodistas, señalando la necesidad de garantizarla sostenibilidad de la empresa.Develando el desencanto Informe sobre derechos humanos Ecuador 2010 872. El 5 de abril de 2010, el colectivo de editorialistas del diario público ElTelégrafo dirigió una carta a la ciudadanía con su decisión de dejar de escri-bir en el diario por motivos de censura y violación de los derechos a lalibertad de expresión y de prensa.3. Durante 2010, tres de los más importantes presentadores y entrevistadoresde televisión se separaron de sus respectivos canales, sin una explicaciónpública y atribuida informalmente a presiones de altos funcionarios delgobierno.4. En septiembre de 2010, los periodistas Juan Carlos Calderón y ChristianZurita, autores del libro El Gran Hermano que documenta el caso de irre-gularidades en los contratos del hermano del Presidente de la República,recibieron misivas de la Ministra de Transporte y Obras Públicas, pidiendo“recuperar los libros vendidos y evitar la circulación” de más ejemplaresbajo amenaza de iniciar en contra de los periodistas acciones legales, inclu-so de alcance penal, si el libro no es retirado. El libro no salió de circulacióny tampoco se iniciaron acciones legales.5. El 30 de septiembre de 2010, en aplicación de la Ley de Seguridad Públicay del Estado y el art. 165 de la Constitución, el gobierno dispuso que todoslos medios de comunicación reprodujeran la señal de la Radio y laTelevisión Públicas para informar a la ciudadanía sobre los hechos que seprodujeron el 30 de septiembre. Medida que presenta lecturas polémicas entorno a la violación a la libertad de expresión a luz de los tratados interna-cionales de derechos humanos.6. El 17 de diciembre, funcionarios de la Unidad de Gestión, en coordinacióncon el Fideicomiso AGD-No Más Impunidad y con el apoyo de más de unadocena de policías fuertemente armados pertenecientes al Grupo élite deIntervención y Rescate, GIR, ingresaron a las instalaciones de la revistaVanguardia. Ejecutaron una orden de allanamiento y apremio real, emitidaen jurisdicción coactiva, que sirvió de cobertura legal para llevarse las com-putadoras de la revista y la información que ellas contenían.75. Transparencia en la difusión de información públicaLa LOTAIP establece que las entidades del sector público y sus delegatariostienen la obligación jurídica de difundir, a través de sus sitios web, informaciónsobre aspectos relevantes de su composición y funcionamiento. En el art. 12 se88 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorestablece la obligación jurídica de que las entidades públicas y privadas que gene-ran información pública presenten un informe anual a la Defensoría del Pueblosobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.En 2010,de las 4.901 instituciones públicas8 que debían presentar sus informes, sólo 470 lohicieron. La Defensoría publicó esta información, pero no realizó un análisis paradeterminar si cumplían a cabalidad con lo señalado en la ley. La Defensoría tam-poco ha realizado su informe. Participación Ciudadana9 indica que sólo 7 de 28instituciones públicas monitoreadas cumplieron con lo dispuesto en la LOTAIP.El estudio Mecanismos de Buen Gobierno en Ecuador (2010) afirma que los muni-cipios cumplen con el mandato de publicar la información en sus web, pero deforma parcial.10En síntesis, un nuevo año sin ley y con una serie de hechos conflictivos parael cabal cumplimiento de los derechos de la comunicación.Notas1 Decreto Ejecutivo No. 8 del 13 de agosto de 2009, art. 13 y 14.2 Véase el Informe de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, p. 257,Quito, 18 de mayo de 2009.3 A partir de una encuesta a 372 periodistas de varios medios de comunicación de Quito,Guayaquil, Manta, Nueva Loja y Machala, publicada en el libro La palabra rota, Quito, 2010.4 Fundamedios, La palabra rota, Quito, Fundamedios, 2010, p. 118.5 Ibid., p. 126.6 Fernando Checa, Cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos,Quito, Laboratorio de medios de la UDLA, 2008. Estudio basado en encuestas realizadas a 120periodistas que trabajan en medios de comunicación de un gran número de ciudades.7 Cabe señalar que el director de la revista Vanguardia es el periodista Juan Carlos Calderón, quea su vez es autor del libro El Gran Hermano, cuyo caso fue referido en el num. 4.8 Ver datos del catastro del Ministerio de Relaciones Laborales, en ‹http://www.mrl.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=191:catastro&catid=47›.9 El Universo, 15 de junio de 2010.10 Patricio Aguirre et al., Mecanismos de buen gobierno en Ecuador. Una mirada a lo municipal,Quito, FARO, 2010, p. 9.Develando el desencanto Informe sobre derechos humanos Ecuador 2010 89

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