El 4 de agosto de 2012 se publica en el Ecuador la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, la cual produce un giro de ciento
ochenta grados en las contrataciones de obras bienes o servicios que realiza el
Estado, sobre todo por la utilización de medios tecnológicos que permiten, entre
otros aspectos, transparentar la información generada en los diferentes procesos
de contratación pública.
En este contexto, aparece el término “normalización” como un adjetivo de
ciertos bienes o servicios que, por reunir algunas características, deben
contratarse a través de los denominados medios dinámicos -esto es la subasta
inversa electrónica y el catálogo electrónico- en los cuales, el criterio de
adjudicación es el precio más bajo, conforme lo determinado en el artículo 6
número 17 de la antedicha Ley.
No obstante lo anteriormente expuesto, la normalización como un concepto
netamente técnico es la tendencia natural al orden, que básicamente consiste en
el proceso de elaboración e implementación de normas, a efectos de lograr, entre
otros aspectos, la calidad de los bienes y servicios, incluidos las obras y la
consultoría.
De esta forma, es necesario determinar que la normalización no puede ser
considerada como un criterio de adjudicación de ciertos bienes o servicios, sino
que por el contrario puede ser utilizada en obras, bienes, servicios y consultoría, a
efectos de aprovechar sus mayores beneficios, principalmente vinculados con la
calidad de los productos
