Analiza la insurrección policial del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador contra el gobierno de Rafael Correa, y ofrece criteriosa políticos sobre este hecho

Ayala Mora, Enrique

Ayala Mora, Manuel Enrique

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Programa Andino de Derechos HumanoscompiladorDEVELANDO EL DESENCANTOInforme sobre derechos humanosEcuador 2010Quito, 2011UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADORPROGRAMA ANDINO DE DERECHOS HUMANOS, PADHToledo N22-80 •Apartado postal: 17-12-569 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) del 322 8085, 299 3600 • Fax: (593 2) 322 8426 ww w.uas b.e du.ec • uasb@uasb.edu.ecEDICIONES ABYA-YALAAv. 12 de Octubre 1430 y Wilson •Apartado postal: 17-12-719 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) 256 2633, 250 6247• Fax: (593 2) 250 6255www.abyayala.org • editorial@abyayala.orgBalance positivoLa promoción y protección de los derechos humanos se enfrenta con losgobiernos, cualquiera sea su signo ideológico. Ellos manejan el Estado, adminis-trando el consenso y la violencia legítima. Por eso, de una manera u otra, afectanderechos de las gentes, o no los protegen de manera apropiada. Lo importante,por ello, al realizar un balance, es saber si la afectación de los derechos humanosen un gobierno es un hecho permanente y sistemático o más bien puntual.Constatación casi de Perogrullo. Pero es determinante saber si un gobierno man-tiene una maquinaria destinada a la violación de esos derechos; o si al adminis-trar la violencia se cometen excesos, quizá aislados. La situación real, general-mente se ubica entre estos dos polos. Y en cada caso debemos establecer, más alláde las generalizaciones, la situación concreta.También es importante conocer si los gobernantes toman medidas efecti-vas para eliminar las violaciones a los derechos humanos, para promover su res-peto y observancia. Resulta básico saber si tienen políticas reales de derechoshumanos, más allá de las declaraciones, que muchas veces tienden a ocultar la rea-lidad. Los derechos humanos enfrentan, de una manera u otra, a los gobiernoscon las sociedades.A la luz de lo dicho, me parece que el gobierno de Rafael Correa ha tenidouna genuina preocupación por mejorar la situación de los derechos humanos.Claro que hay aspectos censurables, entre otros, los insultos sistemáticos a losadversarios, la abrumadora avalancha comunicacional, la intención de controlara los jueces o, peor aún, el haber llegado a criminalizar la lucha social declarandoInsurrección policialy derechos humanosEnrique Ayala Moraterroristas a dirigentes de organizaciones, que hasta podrían ser sancionados porcontraventores, pero jamás calificados con el rótulo que el infame gobierno Bushdio a quienes discrepaban con él a nivel mundial, entre ellos no pocos activistasde los derechos humanos.Pero, con todo este lado negativo, el balance se revela positivo, si tomamosen cuenta los principios consagrados en la Constitución, que representan unavance, que esperamos sea más que declarativo; la preocupación por gruposmarginados y con discapacidades; la voluntad por esclarecer algunos atropellosdel pasado y sus autores; las acciones tomadas por mejorar la situación de las pri-siones; la adhesión a varias declaraciones y campañas internacionales; los esfuer-zos por modificar ciertas concepciones básicas y las prácticas de la FuerzaPública; las acciones dirigidas a sancionar los atropellos que miembros de ellahan cometido. A la luz de este balance general vamos a comentar precisamenteesta última cuestión.¿Golpe o insurrección?Sobre los hechos del 30 de septiembre de 2010 se ha discutido mucho; perocasi todo el debate se ha centrado sobre si fue golpe de Estado, rebelión policial ointento de magnicidio. Los sectores de oposición han insistido en que el Presi -dente de la República es responsable de los muertos y heridos por su manejo dela crisis y su intención de lograr un golpe de efecto con un secuestro que no seprodujo. El gobierno, por su parte, ha gastado ingentes recursos en demostrar queel Presidente sí estuvo secuestrado por la Policía y que hubo un real intento deasesinarlo. Pero se ha hablado muy poco de los problemas de fondo que en esaocasión se patentizaron.No se ha tratado de averiguar la causa principal de la protesta de la Policíay de un sector de las Fuerzas Armadas, especialmente de su agresividad y radica-lidad. Se debe hallar una respuesta al por qué de los hechos. Mucho más impor-tante que establecer los detalles de los incidentes del 30, es responder a estas pre-guntas de fondo: ¿Por qué los policías plegaron a la insurrección enseguida y enforma masiva? ¿Por qué lo hicieron a pesar de que han recibido alzas salariales yotras ventajas del régimen? ¿Cuál fue la actitud del sector de la Fuerza Aérea queplegó?Las preguntas no son fáciles de contestar. Pero la explicación oficial de unaconspiración urdida por la oposición no es satisfactoria, auque sí hubo políticos56 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorde oposición que trataron de pescar a río revuelto y provocar un golpe de Estado.Por otra parte, culpar a la actitud del presidente Correa es también incorrecto,aunque sus imprudencias y cálculos políticos pudieron haber agudizado la vio-lencia.Es claro que la causa inmediata de la insurrección fue el allanamiento de laAsamblea Nacional a un veto en que se limitaban o eliminaban ciertas ventajaseconómicas de la Fuerza Pública. Pero las causas coyunturales sólo son un deto-nante, no el origen de los hechos, que deben tener explicaciones mucho másestructurales. Y eso implica un análisis desde otras claves.La causa de fondoLa supresión de condecoraciones y pagos extras fue sólo el antecedenteinmediato de una situación que, al parecer, se estaba acumulando desde hacíatiempo. Una reacción como la que se produjo, por cierto injustificable y repudia-ble en todo sentido, no podía ser cuestión de unas horas. Parece que en la Policíase ha gestado una situación de desconfianza respecto del gobierno y de rechazo alproyecto oficial de reorganizarla.La administración Correa ha llevado adelante una política de limitación delámbito de control de la Policía, que era muy necesaria. La institución policial acu-mulaba funciones, además del control del orden público y la investigación crimi-nal: manejo del tránsito y licencias; control de migraciones, estupefacientes, etc.;policía especializada, judicial y turística; labores de guardianía en institucionespúblicas, con un pago adicional por ello. Con el argumento certero de que unainstitución no debe concentrar demasiado control, varias de esas funciones le hansido retiradas, como el manejo de licencias, con no poco disgusto por parte de losmiembros de la institución.Este gobierno, como otros, ha aceptado públicamente que la corrupciónpolicial es extendida y ha tomado algunas medidas para enfrentarla. No existenestudios al respecto, por lo que no resulta fácil establecer el nivel de éxito de esosesfuerzos; pero, aunque evidentemente son insuficientes, también es muy claroque causan insatisfacción en la Policía, que se siente objeto de una agresión cor-porativa y desarrolla una suerte de solidaridad institucional que dificulta la tarea.Las declaraciones oficiales sobre la corrupción y las ofertas de investigarla y san-cionarla generan malestar en la Policía.Develando el desencanto Informe sobre derechos humanos Ecuador 2010 57El gobierno se empeñó en una política de promoción de los derechoshumanos en la fuerza policial. Por una parte, como otras administraciones ante-riores, ha promovido la formación del personal en derechos humanos; además, harealizado acciones de investigación y depuración interna, tratando de eliminar elocultamiento de abusos y sancionando las violaciones de los derechos. El gobier-no nombró una Comisión de la Verdad, cuyos resultados, aunque limitados, deja-ron en claro procedimientos de la Policía violatorios de derechos humanos. Ladecisión de volver a conocer el caso Fybeca y sancionar a los responsables, asícomo varias bajas y castigos a miembros de la fuerza policial que han cometidoabusos y atropellos, han generado malestar en la institución.Sentimiento de impotenciaEstas acciones no han cubierto todos los casos y hasta quizás resultaron seren buena parte testimoniales; pero tuvieron efectos internos para limitar la impu-nidad y para despertar también quejas y rechazos internos en la Policía, que sesiente desprotegida ante el crimen. No es infrecuente oír a los policías que los cri-minales y terroristas pueden usar todos los recursos, mientras ellos están limita-dos a moverse sólo dentro de los términos legales. Piensan que luchan en desi-gualdad de condiciones. En los velorios de policías muertos en cumplimiento deldeber, las esposas o madres bañadas en lágrimas dicen: nadie piensa en los dere-chos de los policías, sólo en los de los delincuentes.Desde luego que los policías tienen derechos. No se debe justificar ni ocul-tar la gravedad de las muertes de hijos y padres de familia, casi siempre pobres.Actos como el asesinato de un joven uniformado, con un balazo en la sien, luegode torturarlo, asesinato cometido a sangre fría por narcotraficantes merece todorepudio. Pero debemos entender todos que la violación de derechos por parte deuna persona, de un delincuente, no da facultad al Estado ni a sus representantespara violar derechos humanos de quien fuera. Si son inviolables, lo son de veras.La Fuerza Pública sólo puede actuar dentro de las garantías y derechos. No hayargumento posible que la ponga sobre ellos.58 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorExplicación necesariaHay que buscar otras explicaciones de los hechos, como el rechazo de latropa a los privilegios de los jefes. Pero lo de fondo es que, más allá de las frustra-ciones económicas, los miembros de una institución acostumbrada a que suacción represiva sea incensurable, resisten cuando un gobierno quiere poner con-trol y sanciones a los que abusan. Y eso es mucho más grave que un motivocoyuntural, porque quiere decir que la resistencia es al cambio, a la vigencia de lademocracia y al respeto a las personas.Se cree que se puede irrumpir a bala en un local comercial, matando depaso a inocentes, con la certeza de que los jueces policiales harán la vista gorda. Sepiensa en torturar, aunque fuera levemente a los detenidos para hacerles cantar;es decir, arrancarles confesiones. Esto se pretendió cambiar y se dieron algunospasos para hacerlo. Claro que el resultado es limitado. Algunos procedimientossiguen. Pero el solo hecho de haber comenzado es destacable... y lo suficiente-mente peligroso como para levantar una insurrección.Que se sancione con energía a los responsables, pero sin venganza; que elgobierno encuentre una respuesta al interrogante de fondo. Y que, sobre todo, losucedido no detenga el proyecto de reorganizar la Policía, de cambiar sus prácti-cas de impunidad y de hacer respetar los derechos humanos. Que se haya devuel-to todos los privilegios a militares y policías, violando una inconsulta ley que elPresidente se empeñó en dictar, es preocupante. Lo será mucho más si para cal-mar descontentos se para la depuración de violadores de los derechos humanosen las filas policiales.Sobre las bayonetasOtra cuestión importante, sobre la que no se ha reflexionado suficiente-mente, es el hecho de que el 30 de septiembre el gobierno se apuntaló con el res-paldo de las Fuerzas Armadas. El Jefe del Comando Conjunto, en traje de comba-te, apareció una y otra vez en la cadena oficial leyendo un pronunciamiento bas-tante tardío y ambiguo en que manifestaba el respaldo al régimen jurídico y unpedido, que más bien parecía condición, de que las medidas legales que causaronel hecho se eliminaran. Ese fue el antecedente del operativo en que el Presidentefue liberado por fuerzas del Ejército.Develando el desencanto Informe sobre derechos humanos Ecuador 2010 59Frente a los hechos del 30, la gente se mantuvo a la expectativa. Los queapoyaron la insurrección y el intento de transformarla en golpe eran, felizmente,una insignificante minoría. Pero los que respaldaron al gobierno movilizándoseen Quito y el resto del país fueron pocos, sobre todo si se toma en cuenta que setrataba de un acto contra la democracia y un presidente con sólida base electoral.La escasa movilización popular de respaldo al gobierno tiene varias causas. Unade ellas, la forma en que ha tratado al movimiento social. El hecho claro es que elapoyo definitorio al presidente Correa fue el de las Fuerzas Armadas.Nuestras Constituciones han determinado que las Fuerzas Armadas sonobedientes, no deliberantes. La de 1998 las declaró garantes del sistema constitu-cional. Con ese antecedente, la mayoría de gobierno, al redactar la actualmentevigente eliminó ésa y toda frase que pudiera sugerir esa función. Pero la realidadno ha cambiado y las Fuerzas Armadas han seguido cumpliendo el papel de árbi-tros de nuestra política como ha sucedido desde la fundación de la República.Con un sistema político débil y poco representativo, los militares tomaron direc-tamente el poder varias veces con un proyecto de orden y reformas. Cuando lodejaron, conservaron gran influencia. Esto es un contrasentido, pero un dato dela realidad.Como árbitros del poder, los militares han sostenido o depuesto presiden-tes en los últimos años. Esto decepcionará a quienes creen que a Mahuad lo derro-caron los indígenas, o que a Bucaram y a Gutiérrez los echaron movimientos ciu-dadanos. Desde luego, esos hechos no se dieron en frío, sino cuando se habíagenerado protesta social y movilización. Entonces los militares actuaron y retira-ron el apoyo al gobernante y lo embarcaron bajo su custodia fuera del país.Al presentar a cada rato en la cadena nacional el pronunciamiento del Jefedel Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el gobierno acudió al arbitrajemilitar de nuestra tradición política. Era ciertamente curioso ver que los másduros al eliminarlo del texto constitucional, fueron los que más lo defendieron.Aunque no le guste, aunque se haya quitado de la Constitución la frase que podríainsinuarlo, el propio gobierno invocó el arbitraje de los militares a su favor.Posiblemente lo creyeron necesario, pero no por ello deja de ser preocupante.Velasco Ibarra explicó una de sus caídas en manos de los militares dicien-do: Me precipité sobre las bayonetas. Él sabía cuanto pesaban los soldados en lapolítica. Pero, más grave que caerse sobre las bayonetas, es hacer de ellas la basede un régimen, sin contar con apoyo de la organización popular. Si un gobiernodemocráticamente electo tiene que invocar el arbitraje castrense para sostenerse,no va bien. Todos debemos tomar en serio esta realidad.60 Programa Andino de Derechos Humanos, compilador

Insurrección policial y derechos humanos

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