Analiza la conflictividad socio política expresada en la conflictividad con las oposiciones de derecha desplegada en el campo ideológico y el económico, destacando que con los actores empresariales se ha dado apertura al diálogo; y la conflictividad con los movimientos sociales, expresada en la criminalización de la protesta social y la judicialización, enfatizando en los conflictos con el movimiento indígena y los trabajadores públicos, evidenciando que con estos sectores no se propició el diálogo. Presenta la relación de los conflictos con los derechos constitucionales, evidenciado que los derechos de libertad, buen vivir y participación son los más afectados. Concluye señalando que para consolidar el modelo hegemónico se privilegia la versión antidialógica del conflicto

Sánchez Pinto, Silvana Katerine

Unda Soriano, Mario

Repositorio UASB-DIGITAL

SeguridadConflictividad y derechos humanos en EcuadorMario Unda Soriano y Silvana Sánchez PintoLas líneas generales de la conflictividadLa línea general de la conflictividad socio-política estuvo marcada durante2011, al igual que en los años anteriores, por la iniciativa del gobierno; es decir,que los conflictos marcan los pasos o las fases de consolidación del nuevo modelohegemónico. Desde este punto de vista, resaltan dos grupos de conflictos: el pri-mero, que enfrenta al gobierno con aquello que, genéricamente, podríamos de-nominar las oposiciones de derecha; el segundo, en cambio, enfrenta al gobiernocon los movimientos sociales.La conflictividad con las oposiciones de derecha se despliega sobre dos cam-pos: el ideológico-político y el económico. El campo ideológico-político ha sidoel de enfrentamientos más agudos y es una continuación de la oposición entre elgobierno y las derechas que viene desde la campaña de 2006. Los actores de opo-sición allí son igual a las expresiones políticas de la vieja y de la nueva derecha (puesdisputan el espacio de representación política en nombre del programa neolibe-ral), cuanto los medios de comunicación (en la medida en que estos aún propug-nan los lineamientos básicos de la solución neoliberal). Las disputas con ellos sehan centrado en políticas económicas y en la libertad de expresión (entendida porestos actores como la libertad de expresión de los propios medios y de los perio-distas, en tanto estos aparecen como expresión de los medios).En el campo económico las cosas se han presentado de modo distinto. Elcentro de la disputa ha estado en torno a las políticas económicas, pero el proce-samiento con los actores involucrados (aquí, los gremios empresariales) ha sido lanegociación. Los empresarios han mostrado mayor apertura para el diálogo y han68 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorreclamado menos cambios en las políticas tributarias e incentivos para sus nego-cios, y se han reunido en varias ocasiones con funcionarios gubernamentales paratratar las medidas tendientes a reducir el déficit comercial, o las reformas tributa-rias y la ley de control de poder del mercado.La conflictividad con los movimientos sociales se ha desplegado en torno ados planos. El primero de ellos es general; es decir, el conflicto común que opone,al gobierno de Correa con los movimientos: este año ha girado alrededor de la cri-minalización de la protesta social y de la judicialización como uno de los ejes dela respuesta gubernamental frente a las acciones reivindicativas autónomas. Durantetodo el año se vieron acusaciones de terrorismo y sabotaje o de rebelión por par-ticipar en movilizaciones. Apresamientos, juicios y condenas estuvieron al ordendía, como también las amenazas de expulsar a los estudiantes que participaran enmanifestaciones callejeras.El segundo plano se refiere a conflictos con actores particulares, especial-mente con el movimiento indígena y con los trabajadores públicos. Con el movi-miento indígena, la conflictividad se desplegó centralmente en torno a dos blo-ques temáticos: el manejo de los recursos naturales (agua, tierra, minería), que sevincula necesariamente con la gestión de los territorios, y la defensa de las orga-nizaciones, de sus dirigentes y de sus posibilidades de expresión, fuertemente aco-sados por la criminalización a que se han visto sometidos.En el caso de los trabajadores públicos, se han presentado dos conflictosprincipales: en la primera parte del año, con maestros contratados, a los cuales,con diversos argumentos, no se les renovó el contrato; en el segundo semestre, laconfrontación con los maestros se combinó con la protesta estudiantil con mo-tivo del bachillerato unificado. Al final del año, en cambio, el conflicto se desató araíz del despido intempestivo más de 3.000 trabajadores bajo la figura de “renun-cia obligatoria”.De esta manera, la conflictividad con las clases subalternas se vio casi siem-pre agudizada por la acción represiva y autoritaria del gobierno, contrastando conla conducta dialógica que observó con los gremios empresariales.Conflictos y derechosAhora bien, los conflictos vistos desde los derechos reconocidos por laConstitución nos muestran, por el contrario, las líneas de acción de las clases su-balternas, especialmente de sus sectores organizados, por afirmarse como dere-Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2011 69chohabientes, es decir, por ejercer esos derechos formalmente reconocidos o tam-bién, en otros casos, por disputar el sentido que socialmente se les da.En este sentido, la revisión de noticias de prensa impresa de circulaciónnacional arroja un número de 280 conflictos durante 2011; 37% de los cuales es-tán relacionados con los derechos de libertad; 24% con los derechos del buen vi-vir; 18% con los derechos de participación; 13% con los derechos de protección;5% con los derechos de los pueblos; y 3% con los derechos de los grupos de aten-ción prioritaria (ver artículo “Balance de la situación de derechos humanos 2011”,gráfico 3).Con el fin de profundizar en el análisis, a continuación se priorizan algu-nos de los principales conflictos para evidenciar su afectación a los derechos cons-titucionales.Los 107 conflictos relativos al derecho a la libertad, se clasifican en 65 so-bre el derecho a la vida; entre ellos, el más sonado fue el fallecimiento de más de50 neonatos en hospitales públicos; pero también debe mencionarse, por su tras-cendencia, la posible afectación por las concesiones petroleras a la vida de los pue-blos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenani. Se registraron también 19conflictos relativos a la libertad de expresión, entre los cuales convendría diferen-ciar, como expresamos más arriba, aquellos que involucran a los grandes mediosmasivos de comunicación, y aquellos relacionados con medios alternativos; 11 con-flictos relativos al derecho a la integridad. Además, se verificaron 11 conflictos res-pecto al derecho a la libertad personal, básicamente referidos a la represión sufridapor diversas manifestaciones populares, y a sus efectos (un estudiante del colegioMejía herido de suma gravedad). Finalmente, hubo un conflicto respecto al dere-cho a la práctica religiosa, que puso frente a frente a los Carmelitas Descalzos y alos Heraldos de Cristo por el Vicariato de Sucumbíos; es decir, a dos modos dia-metralmente opuestos de vivir la fe.Los 66 conflictos producidos en relación a los derechos del buen vivir seclasifican en: cinco relativos al derecho a la salud, generalmente vinculados con de-ficiencias en los servicios de salud pública. Además, 21 conflictos  sobre la vigen-cia del derecho al trabajo, puesto en entredicho en instituciones públicas; el casomás sonado fue el despido de trabajadores del Estado en el último trimestre delaño, pero no deben dejarse de lado los descontentos originados en torno a las con-diciones de trabajo (por incrementos de horas de trabajo, nuevas escalas labora-les). Se presentaron también 14 conflictos derivados del derecho a la vivienda, re-lacionados, sobre todo, con desalojos en sectores de vivienda popular; a los desa-lojados se les ofreció reubicar, pero hasta fin de año la promesa no terminaba decumplirse. Por último, 26 conflictos sobre el medio ambiente sano, entre ellas, las70 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladoroposiciones de la población a la construcción de presas e hidroeléctricas y a las ac-tividades de extracción minera a gran escala. De los 51 conflictos relativos a los derechos de participación, cinco recla-man el derecho a la resistencia; entre ellos la huelga de hambre de maestros porser restituidos en sus puestos, o de la esposa del coronel Carrión para exigir cele-ridad en el trámite del juicio, o de trabajadores del Consejo Provincial de Imbaburaen contra del visto bueno que habían recibido. Por el ejercicio del derecho a la con-sulta se presentaron 37 conflictos, incluyendo los relacionados con la consulta po-pular del 7 de mayo –iniciativa del presidente Correa–, cuyas preguntas fueron cues-tionadas por su manifiesta inconstitucionalidad, sin que la Corte Constitucionalejerciera su rol de control de constitucionalidad, lo que se analiza en otro artículode este informe, pero también las iniciativas planteadas y ejecutadas por la pobla-ción, como la consulta antiminera en dos parroquias del Azuay. Además, se veri-ficaron siete conflictos relacionados con la revocatoria de mandatos; y dos con-flictos sobre el derecho de organización (entre ellos, el mayor control gubernamentalsobre las organizaciones no gubernamentales).De los 36 conflictos en materia de derechos de protección, hay 33 que serelacionan con los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, protección alas víctimas y derecho a la seguridad jurídica (entre ellos, los relativos a las se-cuencias del 30 de septiembre o las manifestaciones realizadas por organizacionespopulares en contra de la criminalización y judicialización de la protesta social).Igualmente, este año se presentó el conflicto en torno a la reorganización de laFunción Judicial, donde se privó al Consejo de Participación Ciudadana y ControlSocial de su competencia1 para elegir al Consejo de la Judicatura y se procedió anombrar un Consejo de la Judicatura Transitorio que se ha encargado de condu-cir el proceso de selección de nuevos miembros de la Corte Nacional de Justicia.Los 13 conflictos relativos a los derechos de los pueblos se clasifican en seisrespecto del derecho a la identidad, igual cultural que religiosa; seis sobre el terri-torio, quizás los más agudos, pues varios de ellos se relacionan con la política delgobierno respecto a los recursos naturales, y un conflicto sobre su derecho pro-pio, para mantener la justicia indígena, que también había sido puesta en cuestiónpor el presidente Correa durante 2010.Por último, los siete conflictos relacionados a los derechos de los gruposde atención prioritaria se clasifican en un conflicto relativo a niños, niñas y ado-lescentes (respecto a la continuidad del trabajo infantil); dos sobre los derechosde las mujeres, dos con personas privadas de la libertad (incluye un intento de mo-tín en un centro de detención), y dos concernientes a los derechos de las personasen movilidad humana (deportaciones y endurecimiento de requisitos para otor-Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2011 71gar el estatuto de refugiado). Cabe señalar que, en la mayoría de estos casos men-cionados, se trata de conflictos que afectan a colectivos.Para concluir, siguiendo la línea de relacionar los conflictos con su reper-cusión en la vigencia de derechos humanos y derechos de la naturaleza, vemos queno están siendo protegidos y desarrollados de manera progresiva; por el contra-rio, la conflictividad descrita evidencia que el poder los está negando y restrin-giendo; en este sentido, se pone de manifiesto que con el fin de consolidar un mo-delo hegemónico que impide la vigencia de derechos y la consecución de la justi-cia, desde el poder se continúa privilegiando la versión antidialógica del conflicto.2Notas1. Art. 208, num. 12 de la Constitución de la República del Ecuador.2. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que la palabra conflicto de-signa tanto la noción tradicional de combate y lucha, como la noción de cuestión y materiade discusión.

Conflictividad y derechos humanos en Ecuador

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3665/1/DH-Inf-2011-Unda-Conflictividad.pdf

Conflictividad y derechos humanos en Ecuador

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Repositorio UASB-DIGITAL