El 26 de julio de 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) el denominado bloque petrolero 23 que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonía ecuatoriana, un 65% de las cuales afectan al territorio de Sarayaku. Actualmente la petrolera estadounidense Burlington Resources es propietaria del 50% de los derechos en el Bloque 23.
Esta concesión fue efectuada sin que se haya realizado ningún proceso jurídico de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad, pese a que dicho proceso constituye un estándar obligatorio que debe cumplir de acuerdo a la legislación ambiental nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Melo Cevallos, Mario

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 Aportes Andinos No. 15 Derecho a un ambiente sano _________________________________________________________________________  El Caso Sarayaku: una lucha por el ambiente y los derechos humanos en la Amazonía ecuatoriana  Mario Melo∗  El Pueblo Kichwa de Sarayaku está conformado por seis comunidades y aproximadamente mil habitantes. Su territorio ancestral, ubicado en el centro de la amazonía ecuatoriana, comprende aproximadamente 135.000 hectáreas tituladas a su favor en 1992.   El 26 de julio de 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) el denominado bloque petrolero 23 que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonía ecuatoriana, un 65% de las cuales afectan al territorio de Sarayaku. Actualmente la petrolera estadounidense Burlington Resources es propietaria del 50% de los derechos en el Bloque 23.  Esta concesión fue efectuada sin que se haya realizado ningún proceso jurídico de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad, pese a que dicho proceso constituye un estándar obligatorio que debe cumplir de acuerdo a la legislación ambiental nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Desde 1996 Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso de la actividad petrolera, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social  y en la vida e integridad de sus miembros.  Sin embargo, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar actividades altamente destructivas.  Para detener la campaña de sísmica que pretendió realizar la CGC en el Bloque 23 durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, Sarayaku debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida que se establecieron en medio de la selva, donde se estaba produciendo el ingreso armado de CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.  En ese contexto, el 25 de enero de 2003 se produjo la violenta captura y secuestro de cuatro jóvenes de Sarayaku  por parte de elementos del ejército y trabajadores de la CGC en el campamento de Paz y Vida Tiutihualli. Un de esos jóvenes, Fabián Grefa, en su testimonio rendido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 21 de octubre de 2005, relató la manera en que miembros del ejército ecuatoriano los detuvieron y condujeron al campamento de la CGC ubicado en la localidad de Chontoa, en donde trabajadores de la empresa los golpearon brutalmente, los amarraron e inmovilizaron en un hormiguero para que los insectos ataquen sus torsos desnudos. Solo luego de varias horas, soldados, policías y empleados de la petrolera los llevaron a un cuartel policial en la ciudad de Puyo.   Petróleo vs. Ambiente y Derechos   El ingreso de la actividad petrolera en territorio de Sarayaku ha significado para este pueblo:  • El ingreso inconsulto, arbitrario, violento y contra la voluntad de los propietarios, de trabajadores petroleros, guardias de seguridad privada y miembros del ejército ecuatoriano al territorio de propiedad privada comunitaria del Pueblo de Sarayaku.  • La ocupación arbitraria de espacios dentro de su territorio por parte de la empresa CGC y del ejército, para la construcción de campamentos, helipuertos, trochas, líneas sísmicas; la deforestación de amplias zonas de bosque tropical amazónico y la destrucción de árboles y lugares sagrados.  • Siete meses de emergencia en la que la población se movilizó en defensa de su territorio a costa de su seguridad personal  y del ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales; así como la zozobra y sufrimiento psíquico y espiritual que les provoca hasta la presente fecha, la permanente amenaza de parte del Estado de que su territorio se vuelva a militarizar para permitir el ingreso de la petrolera.  • Atentados y amenazas contra la vida y la integridad física de miembros, líderes, aliados y defensores del Pueblo de Sarayaku.  • Que se les impida el libre tránsito por el Río Bobonaza, vía de comunicación tradicional entre su territorio y la capital provincial Puyo, por parte de gente adicta a la CGC que en la comunidad de Canelos impide el paso por el río de la gente de Sarayaku, hasta que desista de las acciones legales emprendidas y llegue a un acuerdo con la CGC.  • Sufrimiento psíquico y moral al sentirse agredido como pueblo a través de continuos pronunciamientos de autoridades estatales y personeros de la empresa CGC que denigran a Sarayaku, a sus miembros y a su modo de ser, por los medios de comunicación social.  El Caso Sarayaku en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  A inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.    Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar Medidas Provisionales a favor de Sarayaku, las que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a negociar con la petrolera.  Ante el nuevo incumplimiento del Estado Ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku.  Gracias a la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sarayaku pudo recientemente dimensionar el atentado realizado por la CGC a su territorio y su derecho a vivir en un medio ambiente sano, cuando el 3 de septiembre del año 2005, asesores técnicos del Ministerio de Energía visitaron Sarayaku y expusieron el grave peligro que se cierne sobre la seguridad de la gente de Sarayaku y sobre su ambiente por la presencia de explosivos de alto poder dejados por CGC en territorio de Sarayaku.  Según la información oficial que entregó la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.   En respuesta, la CGC ha desatado una nueva campaña de desprestigio en contra de Sarayaku a través de la prensa, fundada en el sinsentido de acusar al pueblo cuyo territorio invadió, de robar los explosivos que sus empleados, de manera criminal dejaron como una trampa mortal, sin siquiera avisar del peligro y sin tomar la mínima medida de precaución.   La última audiencia sobre el Caso  Actualmente, la Comisión Interamericana tramita un proceso sobre el fondo del Caso Sarayaku. Dentro de dicho trámite, el pasado 13 de marzo de 2006, se realizó una nueva audiencia en la que el Estado presentó a cuatro indígenas Kichwas de Pastaza para que declaren en contra de sus hermanos de Sarayaku.   En el contexto de esta audiencia el  Procurador General del Estado hizo una propuesta de solución amistosa a Sarayaku, que en síntesis consistía  en: el retiro voluntario de la empresa CGC del bloque 23; reconocimiento y disculpas públicas por violaciones de Derechos  Humanos cometidas en contra de Sarayaku, un fondo económico para el  centro- sur amazónico y reformas al reglamento  de consulta previa en materia de hidrocarburos.  Luego de un arduo análisis, Sarayaku anunció al Estado y a la Comisión Interamericana que consideraban que no es el momento de discutir los términos de una solución amistosa, a la ves que reiteró su apertura al diálogo una ves que la Comisión Interamericana  emita su resolución sobre el caso, establezca responsabilidades internacionales contra el Estado y haga recomendaciones para la reparación de las violaciones sufridas por Sarayaku y para una garantía efectiva de no repetición.  Esta posición respondió al sentir de las bases del Pueblo de Sarayaku manifestado permanentemente en sus asambleas y se fundamentó en los siguientes elementos:1  1. La poca credibilidad de una propuesta hecha por el Estado que desde el año de 2003 ha incumplido sistemáticamente las medidas cautelares y provisionales dictadas por la Comisión y la Corte Interamericanas  a favor de Sarayaku.  2. El procurador del Estado en la Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada el 11 mayo de 2005 en  Asunción  Paraguay, reconoció la existencia de violaciones contractuales de la empresa CGC que lo llevaban a considerar  que había que plantear su nulidad. Sin embargo, hasta el momento no ha resuelto nada al respecto, lo que evidencia en la Procuraduría una actitud de complacencia que raya en complicidad con la empresa. 3. La propuesta es hecha en el marco de una audiencia en la que se evidenció una actitud agresiva e irrespetuosa,  de parte del Procurador del Estado en contra del Pueblo de Sarayaku sus líderes y representantes. La actitud de los representantes del Estado Ecuatoriano afectó  incluso la majestad de la Comisión Interamericana, al haber hecho testificar a una persona cuya identidad no correspondía con la del testigo anunciado y  autorizado por la Comisión, hecho que fue señalado por la defensa de Sarayaku y observado por la  Presidencia de la comisión. En ese contexto, la presentación de una propuesta de solución amistosa pierde seriedad a ojos de Sarayaku. 4. La gravedad de las violaciones de derechos humanos que a debido sufrir el Pueblo de Sarayaku por el ingreso violento, arbitrario, inconsulto y contra su voluntad, a su territorio sagrado, de la empresa CGC y el Ejercito Ecuatoriano para sembrar a su paso destrucción mediante la colocación y estallido de explosivos de alto poder  en los bosques de los que la gente toma sus alimentos requiere de inmediatas reparaciones, bajo el marco de Derechos Internacionales.  Por todas estas razones Sarayaku anunció que seguirá con el proceso legal iniciado ante la Corte Interamericana  hasta obtener resolución.                                                     ∗  Como abogado asociado del Centro de Derechos Económicos y Sociales y colitigando con CEJIL, ejerce la defensa de Sarayaku ante el Sistema Interamericano de DDHH. Docente del Programa Andino de Derechos Humanos de la UASB  1 Pronunciamiento público Consejo de Gobierno de Sarayaku, Sarayaku 29 de marzo del 2006.    

El caso Sarayaku: una lucha por el ambiente y los derechos humanos en la Amazonía ecuatoriana

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/834/1/RAA-16-Melo-El%20caso%20Sarayaku.pdf

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