Desde los años setenta, los gobiernos centrales de América Latina, en su proceso de
hacer frente a las crisis fiscales, implementaron las más grandes reformas tributarias,
enfocadas principalmente, en reformas legales. Con sistemas tributarios más sólidos, desde
los años noventa la preocupación se enmarcó en las estructuras organizacionales que estas
administraciones deberían tener.
En el caso ecuatoriano, a finales de los años noventa se implantó una importante
reforma del sistema tributario, tanto en el ámbito normativo, como en la administración de los
tributos internos; pues a partir del año 1999 se crea, por Ley, una administración tributaria
autónoma, en reemplazo de la Dirección General de Rentas (unidad orgánica del Ministerio
de Finanzas), iniciando así un proceso total de cambio en la política tributaria.
En la actualidad, la estructura organizacional de la administración ecuatoriana es
rígida y no ajusta a las tendencias de las administraciones más desarrolladas, sobre todo en lo
referente a los procesos primarios de una administración, los procesos del control tributario.
En este sentido, este trabajo recoge en primer lugar el marco teórico existente sobre las
consideraciones que los responsables de una administración tributaria deberían tener en
cuenta al momento de definir su estructura, posteriormente analiza las tendencias de las
administraciones más desarrolladas respecto a las definiciones de sus unidades de control y
por último plantea una estructura adecuada, ajustada a las mejores prácticas internacionales y
a las circunstancias especiales del Ecuador, para una redefinición de las unidades de control,
tanto de la administración central como de las administraciones regionales.
En la propuesta elaborada, se considera una Dirección Nacional que, mediante dos
unidades principales, administre los procesos relacionados con los servicios y el control
tributario, y que a diferencia de la situación actual, su estructura sea matricial en lugar de
funcional