El desarrollo normativo de la Constitución es permanente y complejo. Lo
hacen todas las funciones de Estado y su seguimiento puntual es casi imposible.
En el informe se analizan los aspectos que siguen: aspectos generales del desarrollo parlamentario; las reformas penales y la ley de participación; y otros actos normativos que se consideran relevantes para los
derechos humanos

Ávila Santamaría, Ramiro Fernando

Repositorio UASB-DIGITAL

Programa Andino de Derechos HumanoscompiladorDEVELANDO EL DESENCANTOInforme sobre derechos humanosEcuador 2010Quito, 2011UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADORPROGRAMA ANDINO DE DERECHOS HUMANOS, PADHToledo N22-80 •Apartado postal: 17-12-569 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) del 322 8085, 299 3600 • Fax: (593 2) 322 8426 ww w.uas b.e du.ec • uasb@uasb.edu.ecEDICIONES ABYA-YALAAv. 12 de Octubre 1430 y Wilson •Apartado postal: 17-12-719 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) 256 2633, 250 6247• Fax: (593 2) 250 6255www.abyayala.org • editorial@abyayala.orgLa Constitución de 2008, de forma clara y determinante, vinculó a todo elEstado a la promoción y respeto de los derechos.1 Esta obligación se especificapara todas y cada una de las funciones del Estado y para los servidores públicosque la conforman.2 En particular, de acuerdo con la norma suprema, todo órga-no con potestad normativa debe adecuar formal y materialmente las leyes ydemás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los instru-mentos internacionales de derechos humanos.3El desarrollo normativo de la Constitución es permanente y complejo. Lohacen todas las funciones de Estado y su seguimiento puntual es casi imposible.En el informe se analizan los aspectos que siguen.1. Aspectos generales del desarrollo parlamentarioLa Asamblea Nacional, en el período entre enero y octubre de 2010 expidió33 leyes; de éstas, 22 tienen relación con los derechos y el resto con la organiza-ción del Estado. A primera vista, parecería que los derechos fundamentales ten-drían prioridad: el 76% de las leyes tienen relación con los derechos; y el 24%sobre organización del Estado.4 Si apreciamos los derechos regulados en funciónde la clasificación constitucional, constatamos que el 34% se relacionan con elderecho al buen vivir, el 33% a los derechos de protección, el 22% al derecho a lalibertad y el 11% al derecho a la participación.JusticiaEl desarrollo normativocomo garantía de losderechos humanosRamiro Ávila SantamaríaEstas categorizaciones de las leyes por derechos no significan necesaria-mente que la Asamblea Nacional se haya inspirado en los derechos para elaborarla legislación, ni tampoco que haya consistencia con el contenido de los mismosestablecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechoshumanos. En algunas leyes, como es el caso de la ley relacionada con el deporte,efectivamente se desarrolla el derecho al deporte; pero en otras leyes se viola dere-chos, como es el caso de ciertas reformas penales que están categorizadas comolegislación relacionada con los derechos de libertad.Por razones de espacio, no podemos realizar un análisis de todas y cada unade las leyes; por ello, hemos seleccionado dos ejes temáticos. Un eje está relacio-nado con la libertad y con el derecho penal, que ocupa cuatro leyes del total, loque hace ver que la Asamblea ha dado importancia a esta área del derecho; el otroestá relacionado con la participación ciudadana.2. Las reformas penales y la ley de participaciónLas reformas penales son múltiples. Las que tienen que ver con el derechopenal y procesal penal común tienen un marcado tinte autoritario y están en fran-ca contradicción con los derechos establecidos en la Constitución: la reincidenciaviola el principio de inocencia y el ne bis in idem, además que castiga a un proce-sado por el fracaso del Estado en rehabilitarlo; la ocultación de bienes robadostiene una modalidad de tipo penal abierto y puede sancionar el comercio infor-mal al reprimir a quien no pruebe la propiedad de los bienes; se aumentan laspenas, desconociendo toda la evidencia empírica que demuestra que a mayorespenas, más violencia. En el ámbito procesal, se otorga más poderes al fiscal y seordena valorar las detenciones. En el ámbito penal militar y policial, en cambio,hay una interesante adecuación al Derecho Penal Internacional, aunque hay algu-nas conductas tipificadas que deberían haberse trasladado al derecho administra-tivo. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana reconoce y desarrolla, aunquede forma harto deficiente y ambigua, el derecho a la participación, haciendo remi-siones constantes a otras regulaciones y no determinando responsables.38 Programa Andino de Derechos Humanos, compilador3. Otros actos normativos que se consideran relevantes para los derechos humanosEn 2010 se han constatado algunos avances normativos en varias áreas. Enla administración de justicia, se expidió el reglamento de expedientes de la CorteConstitucional que regula sobre el incumplimiento de sentencias e informes deorganismos de derechos humanos y determina criterios para examinar las deci-siones de la justicia indígena. En cuanto a los derechos de la naturaleza, se suscri-bió el fideicomiso para el parque nacional Yasuní, con el objetivo de plantearalternativas a prácticas extractivistas; se pretende no explotar 846 millones debarriles de petróleo en el parque Yasuní y que, de alguna manera, exista coopera-ción para la conservación y para modelos alternativos de desarrollo. En relacióncon los derechos de las personas privadas de libertad, se suprimieron centros dedetención provisional en Azuay y Cañar. En movilidad humana, se regularizó lasituación de las personas de nacionalidad haitiana en Ecuador y, de manera dis-criminatoria, el Registro Civil resolvió negar la inscripción de niños y niñas naci-dos/as en el Ecuador de padre y/o madre extranjeros.La Asamblea Nacional promovió los derechos humanos mediante la decla-ración del 21 de marzo como fecha para conmemorar el Día Internacional de laEliminación de la Discriminación Racial y del 19 de septiembre como Día de laInterculturalidad y Plurinacionalidad del Ecuador, en honor a la mujer ecuato-riana y al natalicio de Tránsito Amaguaña.5Se ratificaron tres importantes tratados: el Protocolo Facultativo a la Con -vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra -dantes; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales (DESC), y la Convención sobre Municiones en Racimo.4. Comentarios generalesLa producción normativa en 2009 y 2010, comparada con la posterior a laConstitución de 1998, ha sido importante. Pero, hay proyectos de leyes cuya dis-cusión no contó con la participación activa de los involucrados y la iniciativalegislativa sigue concentrada en órganos del Estado. Por otro lado, materialmen-te, las leyes deben expandir el umbral de ejercicio, respeto y protección de losderechos; parece que este principio no siempre se cumple. Las reformas penalesson un ejemplo evidente del alejamiento del programa constitucional por parteDevelando el desencanto Informe sobre derechos humanos Ecuador 2010 39de la regulación legal. No sólo que los derechos no inspiran la reforma; sino que,francamente se los viola.Las garantías secundarias, que refuerzan el mandato de normar de acuerdocon los derechos, son aquellas encomendadas a los jueces y juezas que tienen eldeber de corregir los defectos legislativos en los casos que conocen o, como suce-de con la Corte Constitucional, en términos generales y abstractos. El hecho deque la Asamblea Nacional incumpla con sus obligaciones constitucionales esgrave; pero es más grave aún cuando los jueces y juezas no asumen sus responsa-bilidades de forma adecuada y consciente.Finalmente, estamos las personas, destinatarias de las leyes, que tenemostodo el derecho de impugnarlas; y, en el peor de los casos, cuando francamenteviolan derechos, de inobservarlas.Notas1 Constitución, art. 3.1 y 11.9.2 Constitución, art. 426.3 Constitución, art. 84.4 Ver anexos, cuadro 2.5 Acuerdo Ministerial No. 0, ROS 162, 31 de marzo de 2010.40 Programa Andino de Derechos Humanos, compilador

Desarrollo normativo como garantía de los derechos humanos

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