En muchas ciudades del mundo, los grupos de crimen organizado representan una amenaza creciente para la paz y el desarrollo. Estos gru- pos generan altos niveles de violencia, operan economías ilegales y corrompen diferentes niveles de la política y la administración pública. En muchos casos, los mencionados grupos ejercen además funciones similares a las de los Estados, entre las que se incluyen resolver disputas y problemas de las comunidades, imponer reglas de comportamiento, prestar se- guridad, administrar justicia y cobrar impuestos. Al ejercicio de estas funciones se le conoce en la literatura como gobierno criminal.
Medellín no es ajena a lo anterior. Los principales problemas de seguridad ciudadana que tiene la ciudad están íntimamente relacionados con una compleja y sofisticada estructura de grupos criminales que no solo controlan la actividad delincuencial, sino que gobiernan numerosas comunidades. En otras palabras, la mayoría de las expresiones delictivas de Medellín no están asociadas con actores individuales y lógicas de oportunidad o violencia expresiva. Al contrario, la mayor parte del crimen de la ciudad es ins- trumental y organizado. Entre los problemas
generados por el crimen organizado en la ciudad se encuentran el homicidio, la extorsión, la venta de drogas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el gobierno criminal de cientos de habitantes de barrios de ingreso bajo y medio-bajo.
Con el objetivo de comprender el funcionamie nto de los grupos de crimen organizado de Medellín y evaluar intervenciones de política pública dirigidas a reducir el gobierno criminal ejercido por ellos, desde finales de 2016 dife- rentes investigadores de Innovations for Po- verty Action (IPA), la Universidad de Chicago y la Universidad EAFIT hemos venido recogiendo información sobre ellos2. Esto lo hemos hecho a través de entrevistas con integrantes de diferen- tes grupos de crimen organizado, así como con expertos, funcionarios públicos y habitantes y líderes de diferentes barrios de la ciudad. Ade- más, con el objetivo de medir algunos de los problemas asociados con el crimen organizado, a finales de 2019 realizamos una encuesta sobre gobierno criminal en la que participaron 6.977 encuestados (4.868 hogares y 2.109 negocios). La encuesta fue realizada en los barrios de Me- dellín en donde el estrato predominante es 1, 2, 3 o 4, así como en 8 barrios de Bello e Itagüí que comparten frontera con Medellín. En total, la en- cuesta cubrió 232 barrios y su representatividad fue tanto a nivel de comuna como de barrio. Los principales temas abordados en ella fueron las funciones de gobierno ejercidas por los grupos criminales, la extorsión y los préstamos gota a gota o paga diario.
Además de ofrecer información sobre un fenómeno que no había sido medido antes de manera sis- temática, la encuesta nos permitió realizar dos evaluaciones de impacto dirigidas a estudiar cómo se puede reducir el gobierno criminal. La primera evaluación analizó el efecto de aumentar la distancia entre los ciudadanos y los equipamientos urbanos en los que el gobierno local de la ciudad ofrece algunos servicios de resolución de conflictos y de policía. La segunda evaluación estimó el efecto de una intervención implementada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín entre 2018 y 2019, cuyo propósito fue desplazar a los grupos de crimen organizado de sus funciones de gobierno.
Entre los hallazgos principales descritos en este documento se encuentran los siguientes:
En Medellín existen alrededor de
350
combos,
la mayoría de los cuales están subordinados a una de las entre
15 y 20
bandas
que existen en la ciudad
• En muchos barrios de la ciudad los combos ejercen gobierno criminal, por ejemplo, a través de la prestación de servicios relaciona- dos con la gestión de problemas cotidianos. Algunos de los servicios más comunes se relacionan con la gestión de problemas de seguridad y el no pago de deudas.
• Los niveles de gobierno criminal varían mucho a lo largo de la ciudad. En algunos barrios los combos son la autoridad, pues, con motivo de algunos tipos de problemas, ejercen más funciones de gobierno que el Estado.
• Los combos y el Estado no son sustitutos
a la hora de ejercer funciones de gobierno. Muchos ciudadanos parecen ver a los com- bos como un complemento del Estado.
• El gobierno criminal está correlacionado con la extorsión y los préstamos gota a gota, incluso al controlar por ingreso y otros facto- res. Esto sugiere que la extracción de rentas ilegales es uno de los motivos por los que los combos gobiernan.
• Los niveles reales de gobierno criminal y otros fenómenos asociados como la ex- torsión son mucho más altos que los estima- dos por las autoridades en las encuestas de victimización y percepción de seguridad.
• Contrariamente a lo esperado, incrementar el gobierno del Estado puede aumentar el gobi- erno criminal. Esto puede ser consecuencia de la decepción de los ciudadanos frente a los fallos del Estado, del ejercicio de ventajas comparativas por parte de los grupos crimi- nales o de la captura del Estado por parte de éstos.
• A pesar de lo anterior, es posible reducir el gobierno criminal mediante el aumento del gobierno del Estado. Para lograrlo son nece- sarias intervenciones innovadoras que an- ticipen las posibles formas como los grupos criminales reaccionarán ante dicho aumento.
Con base en los anteriores hallazgos, este documento plantea las siguientes recomendaciones:
- No volver a implementar la Intervención Microterritorial bajo el esquema previamente utilizado, un esquema incapaz de suminis- trar servicios en una medida cercana a las expectativas ciudadanas.
- Poner en marcha un proceso para diseñar e implementar intervenciones innovadoras, dirigidas a enfrentar el gobierno criminal, la extorsión y otros fenómenos asociados con el crimen organizado.Universidad EAFIT
Innovations for Poverty Action (IPA)
The University of Chicago
Proantioqui
