La historiografía viene proponiendo un doble modelo en lo que concierne a la imbricación de las instituciones políticas locales en el gobierno de las aguas y la gestión hidráulica realizada: acequias sometidas a control municipal, en las que correspondía a los ediles del consitorio adoptar decisiones relevantes y ejercer jurisdicción, frente a una minoría exigua de macrosistemas en los que los colectivos de regantes realizaron una gestión autónoma. En otros trabajos he cuestionado esta dicotomía en l’Horta, recalcando que la imbricación de instituciones municipales y oficiales de la monarquía fue allí relevante (Peris, 1992, 2003a, 2014a, 2014b). El presente artículo, que combina referencias sobre el contexto general valenciano con un estudio de caso, recalca que el gobierno de las aguas y su gestión cotidiana estuvieron sometidos a fuertes mutaciones, lo que impide mantener la tipología aludida, al menos con la rigidez con que suele plantearse. Para demostrarlo, analizo la acequia de Escalona. Hasta 1731 funcionó como un canal municipal muy completo. Sin embargo, problemas económicos del cabildo, dificultades para mantener operativas las infraestructuras hidráulicas, así como la creciente entidad de la propiedad forastera colapsaron dicha fórmula. Desde 1731, la acequia se desgajó del Ayuntamiento y pasó a manos de una Junta de Electos que representaba al conjunto de usuarios. Se trata de un ejemplo precoz de pérdida de competencias ejercidas por los municipios que se generalizó durante la Revolución Liberal hasta dar paso al binomio Estado-comunidades de regantes que caracteriza a la época Contemporánea
