En este Dictamen se examina si resulta conforme a la Constitución española la pena de prisión permanente revisable introducida en el Código penal español por la LO 1/2015 (en concreto, en los artículos 33.2.a, 35, 36, 76.1.e, 78 bis, 92, 140, 485.1, 605.1, 607.1.1º, 607.1.2º y 607 bis 2.1º, todos ellos en la redacción que les dio la LO 1/2015). Y se concluye que no es así, porque la regulación de dicha pena vulnera la prohibición de penas inhumanas (art. 15.1 CE), el derecho a la libertad, porque prevé una privación de la misma desproporcionada y ajena a criterios de culpabilidad (art. 17.1 CE), el mandato de determinación derivado del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), y el mandato de resocialización (art. 25.2 CE), por cuanto prácticamente restringe toda posibilidad de resocialización del condenado
