Vives Villamazares, Francisco

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CONSECUENCIAS DE LA INEXTSTENCIADEACCION PENAL EN EL TRATAMIENTODE LA CRIMINALIDAD INFANTIL Y JUVENILPORFRANCISCO VIVES VILLAMAZARESSU MA RIOb) En Ia prescripción de delitos y penas.c) En los delitos privados.d) En el perdón de la parte ofendida.e) En los indultos y amnistlas.Nota.—Este trabajo recoge una - comunicación sobre el tema generalde la criminalidad infantil y juvenib, presentado a través del ConsejoSuperior de Protección de Menores al Primer Congreso Hispano-Luso-Ame-ricano penal y penitenciario, celebrado en Madrid en el año 1952.121'—• •t• .••a) Consideraciones generales.a) Consideraciones generalesNo existe precepto alguno en la legislación espanola sobre TribunalesTutelares de Menores, que de un modo explicito y terminante consagreel principio de que de los delitos y faltas cometidos por menores no nacela acción penal. SSin embargo, es evident; y no es el propósito de esta comunicacióndemostrarlo, que la acción penal de nuestra Ley de Enjuicianliento Cri-minal y demás leyes análogas de otros palses, inspiradas todas ellas en lossistemas penales acusatorios, no es de aplicación en el procedimiento delos Tribunales Tutelares de Menores.Nos limitaremos tan solo a afirmar que no es el castigo, sino la correc-ciOn del menor, la finalidad que en su actuaciOn persiguen estos organis-mos tutelares, y que el moderno derecho penal de menores proscribe yanatematiza el sistema de puiiición, reemplazándolo por el educativo, yque cada vez con más fuerza va saliendo el menor del campo del derechopenal, para entrar en la esfera de la pedagogla correccional.La razón que explica y justifica el que de los delitos y faltas demenores no- nazca la acciOn penal, es que dicha acciOn está en relaciónIntima con la función rejresi'vi caracterIstica de los tribunales ordinariosde lo criminal, y no puede tener cabida en una jurisdicciOn como lajuvenil, que, como acabamos de afirmar, no pretende el castigo del menor,sino su reforma.Por eso, ante los Tribunales de Menores espanoles no interviene elMinisterio Fiscal, ni abogados ni procuradores; en una palabra,no hay acusaciOn ni defensa, ya que los propios Tribunales Tutelares, porley, tienen obligación de adoptar, no las sanciones correspondientes comocastigo a los delitos cometidos, sino las medidas conducentes a la correc-123- S41- 9- IC-- 4*----:4tS4- 1 ¶1SFRANCISCO VIVES VILLAMAZARESción y enmienda del menor y no necesitan que nadie inste oficialmentesu actuación, pues por ministerio de la ley tienen la obligacion de prOcederde oficio, no solo en la instrucción de los expedientes, sino en su reso-luciOn y fallo; y por ser protectores y paternales no admiten ante ellos,como ya se ha dicho, defensores de los menores, porque éstos tienen enel mismo Tribunal su mejor defensa y apoyo; ni tampoco acusadores,porque no es la vengauza, el castigo, el móvil de su actuaciOn, sino elsalvar aquellas almas que comienzan a pervertirse y que con las medidasde reforma que se adoptan pueden regenerarse.El precepto más expresivo en este sentido de la legislación espaflolalo constituye el artIculo x6 de la vigente ley, que establece que loshechos calificados de delitos o faltas en el Código Penal o en leyesespeciales que se atribuyan a los menores de dieciséis aflos serán apre-ciados, por los Tribunales Tutelates, con razonada libertad de criterio,teniendo en cuenta la naturaleza de los expresados hechos en directarelación con las condiciones morales y sociales en que los menores loshayan ejecutado y..en absoluto delcon a los. efectos de la se califi-quen tales hechos corno constitutivos de delitos o faltas en el Código Penaly en las mencionadas leyes especiales.Por ello, es lOgico que algunos autores españoles modernos hayansituado la actuación de los Tribunales de Menores entre los nojurisdiccionales, por hallarse mucho más próximos a un proceso de tipoadministrativo, aunque sui genesis, que -no propia y técnicamente juris-diccional.Pues bien; sentada la afirmaciOn de que de los delitos y faltas demenores no nace la acciOn penal, trOtase de estudiar en la presente comu-nicaciOn, y ante el silencio de nuestra legislacion, los efectos que estecriterio produce en diferéntes instituciones jurIdico-procesales penales,y, consecuentemente, en el tratamiento de la criminalidad infantil yjuvenil.b) En la prescripción de delitos y faltasSentadas las anteriores afirmaciones, el primer problema que hay queestudiar es el de si las disposiciones referentes a la prescripción de losdelitos y faltas y a Ia prescripciOn de las penas son aplicables a los meno-124SI,CONSECTJENCIAS DE LA INEXISTENCIA DE LA ACCION PENALres de dieciséis aflos que son enjuiciados por los Tribunales de Menores.Respecto a los precéptos que rigen la prescripción de las penas, esindudable que no tienen aplicacion. Si los Tribunales de Menores noimponen las penas del Código Penal, sino medidas protectoras de correc-ción, es evidente que mal pueden prescribir penas que no sé han impuesto.En cambio, el problema referente a la prescripción de los delitos yfaltas de menores, es discutible y precepto legal existe sobré elparticular. Sin embargo, cabe dane. solución a la luz de los principiosque informan esta especial, aunque la tal solución' no hayaestado exenta durante alg(in tiempo, como luego Se dirá, de inconve-nientes prácticos.La prescripci6n del delito es para el delincuente una garantIa de que,transcurnido el tiempo que marca Ia ley, no podrá ejercitarse contra élla acción penal, y por lo tanto, no seth objeto del castigo que en su dIahubiera de imponerle la jurisdicción represiva; es decir, que puede am-pararse en esa prescripción el delincuente para evitarse un mal.Pero esto no sucede en la jurisdicción especial para niflos. La actuaciónde estos Tribunales no es consecuencia, coulo hemos visto, de la acciónpenal; si esta jurisdicción interviene no es para infligir un castigo) sinomás bien un beneficio al menor, pues, no es jurisdicción sinoy tutelar: lejos de servinle al delincuente la prescnipción paraevitarse un ma! le priva de un bien; luego parece lógico y natural que losdelitos y faltas de menores no prescriban nunca, y que en todo momentopuedan intervenir los Tribunales de Menores para salvar y ayudar almenor y conseguir su enmienda.Esto, aparte de que si Ia prescripción del delito no es otra cosa que laextinción de Ia acción penal para perseguirlo, si hemos afirmado que lacitada acción no existe, es evidente que no puede prescribir.Sin embargo, este criterio, que es lógico y jurIdico, ha tenido susinconvenjentes prácticos. En efecto, puede ocurrir que cometido el delitoo falta por un menor, tarde éste en ser habido algunos años y resultaráque al comparecer, ya mayor, ante el Tribunal de Menores, careceráéste de medios adecuados para su corrección, ya que ni el regimen de susEscuelas de Reforma ni sus medidas protectoras resultan eficaces en eda-des ya crecidas.Se han presentado ante los Tribunales de Menores casos de esta Indole,de delitos realizados por menores en edades de doce a catorce aflos y ser125-J—- I."_V•.'V.-.•( •-. V -,, ,,--V --' - .- - VI-VtFRANCISCO VIVES VILLAMAZAREShabidos cuando contaban de veinte a veinticinco, y haberse inhibido lajurisdicci6n ordinaria a favor de la especial de menores, fundada. en queal tiempo de delinquir no cumplido los dieciséis años, encontrán-dose asI el Tribunal de Menores perplejo al considerar por completoineficaces para un mayor las medidas de corrección que él puede aplicar.El problema preocupó al legislador español, y en la ley de 13 dediciembre de I94o y en su artIculo 20 se dispuso que en el caso de quefuera puesto a disposición del Tribunal Tutelar un mayor de dieciséisaflos por infracciones legales cometidas antes de cumplirlos y el Tribunalentendiera que por el tiempo transcurrido o por las circunstancias delmenor no habIa de ser conveniente la adopción de las medidas que pudieraaplicarle, estarIa facultado para ccincelar su jurisdicción transfiriéndoloa la jurisdicción ordinaria.Este sin embargo, como se vera, no resolvIa el problema;y precisamente en la Asamblea de la Union Nacional de TribunalesTutelares de Menores celebrada en Barcelona en el año 1942, y con motivode . una consulta que el Tribunal de Menores de Teruel formulO sobre,Si procedla la cancelaciOn de su jurisdicción en favor de la ordinaria o deIa militar, de donde dimanaba el expediente, tuvimos el honor de defendernuestro criterio en los siguientes términos que transcribimos literalmente:((El artIculo 20 plantea otro problema de mayor importancia y que,como se vera, conduce a la conclusion de que hay que considerar dichoartIculo como un precepto jurIdicamente ineficaz.))En efecto, el artIculo 20 sOlo autoriza al Tribunal de genores a can-celar su jurisdicción, o sea el derecho a juzgar al menor, pero Sigue vivoy sin cancelar el derecho sustantivo con arreglo al cual el menor ha deser juzgado.))Pues bien; los Tribunales ordinarios, al adquirir jurisdicción sobreel menor en virtud de habérsela transferido el Tribunal de Menores,habrán de juzgarle con sujeciOn al derecho al mismo aplicable, o sea elmimero 2.° del artIculo 8.° del Código Penal, que establece que cuandoel menor que no haya cumplido los dieciséis aflos ejecute un hecho casti-gado por la ley, será entregado a la jurisdicción especial de los Tribunalescie Menores, con lo que el Tribunal Tutelar se encontraró. de nuevo conel menor del cual quiso desprenderse.))Otra cosa serla si el repetido artIculo 20 hubiera permitido, no sOlola cancelación de jwrisdicción, sino también la caijcelación del derecho126-'—.., c.-• I,CONSECUENCIAS DE LA INEXISTENCIA DE LA ACCION PENALsustantivo, aplicable at menoi de dieciséis años, y hubiese dispuestoque la jurisdicción 'ordinaria aplicase al menor en cuestión el derechopenal de los mayores, pero esta disposición hubiera sido antijurIdica yantiprotectora y hubiera pugnado con los más elenientales principios delderecho penal)).De nuevo en la Asamblea de la Union Nacional de Tribunales deMenores celebrada en Sevilla en el aflo 1943, tuvimos el honor de ilevarIa voz del Tribunal de Menores de Valencia, planteando unaconsulta sobre el mismo tema, alegando, en sintesis, que el artIculo i8 dela Ley de Tribunales de Menores establecla la cesación automática deIa acción tutelar en la facultad de corrección al cumplirse la deveintiün aflos; y podria ocurrir que el que hubiera delinquido siendomenor de dieciséis aflos, fuese enjuiciado cuando ya hubiera cumplido losveintiuno, y Si aplicación rigurosa del artIculo citado el Tribunal deMenores no podia adoptar ninguna medida por set el enjuiciado mayorde veintiün aflos, y las otras jurisdicciones por ser menor de dieciséiscuando delinquió, el hecho quedaba impune o lo que es lo mismo, que nipodia aplicársele medida correccional por el Tribunal de Menores, ni pen'aalguna por otras jurisdicciones.Por fin, el legislador se hizo eco de todas estas consideraciones, y alpromulgarse en 23 de diciembre de 1944 el Código Penal, texto refundido,di6 solución definitiva y acertada a la cuestión, estableciendo en elnIimero 2.° del artIculo 8.° que en que, excepcionalmente,la jurisdicción tutelar declinare su competencia respecto de un mayor dediéciséis afios, por entender que por el tiempo transcurrido desde laejecución del hecho, realizado antes de cumplirlos. o por razón de lascircunstancias del menor no ha de ser conveniente la adopción de lasmedidas que pudiera aplicarle, confiará el menor a la Autoridad guber-nativa, para que ésta adopte las medidas de seguridad que la legislaciónautorice)).Es decir, que conforme a este precepto, se cancela la jurisdicción delTribunal de Menores y se cancela también, como proponlamos, el derechopenal sustantivo, transfiriéndose Ia jurisdicción a la Autoridad guberna-tiva que aplicará, no las penas del Código, sino tan solo las medidas deseguridad que procedan.Este precepto ha motivado la reforma del artIculo 20 de la Ley deTribunales Tutelares de Menores, objeto de las criticas expuestas, y que127r—— iFRANCISCO VIVES VILLAMAZARESha sido redactado en el vigente Texto Refundido de II de junio de 1948,en los propios términos que el 2.° del artIculo 8.° del Código Penalque acabamos de reseflar.-c) En los delitos privadosEn Intima relación con expuesto anteriormente, entendemos que esinadmisible ante ios Tribunales de Menores la distinción entre delitospilblicos y privados, y que cuando algün menor realice un delito de losllamados privados y ilegue a conocimiento del Tribunal su comisión, porcualquier medio que sea, sin necesidad de que inste el expediente el ofen-dido, el Tribunal de Menores estará obligado a proceder a su enjuicia-miento y adoptar en su dIa las medidas necesarias para su corrección.Lo Justifica ello el que el interés, la función del Tribunal Tutelar, esla corrección y reforma de los menores, de cualquier modo que éstosdelincan y, desde luego, independientemente del interés de la vIctima.Teneinos que repetir aquI lo dicho anteriormente: que cuando setrata de delitos cometidos por mayores, el perseguirlos ileva como fina-lidad la imposición de un castigo, iiiientras que tratándose de menores,su enjuiciamiento por los Tribunales Tutelares equivale a someterlos aun regimen beneficioso y protector, y no puede estar en manos del perju-dicado el privar al menor de esas ventajas.Además, cuando Se trata de delitos cometidos por mayores, como-quiera que el ofendido tiene reconocida por Ia ley una acción penal paraperseguir el delito privado, es evidente que puede renunciar a ejercitarla;pero tratándose de menores, si el perjudicado no es dueflo de la acciónpenal porque ésta, como hemos dicho, no existe, mal puede renunciala su ejercicio.Por otra parte, la razón que podrIa alegarse en contra de lo expuesto,de que el intervenir el Tribunal de Menores en un delito sin lapetición del ofendido, serIa aumentar los perjuicios para la vIctima, porla publicidad que adquirirIa el delito al ser éste perseguido, no es admi-sible, ya que por la forma secreta como actüan los Tribunales de Menores,no solainente no serIa conocido el nombre de la vIctima y las circuns-tancias del hecho, sino tampoco el del enjuiciado.---•• - .1281 t 44 rik..' *.44.CONSECUENCIAS DR LA INEXISTENCIA DR LA ACCION PENALd) Con respecto al perdón de la parte ofendidaResuelta la anterior cuestión, queda asimismo definida Ia de si elperdón dela parte ofendida, tratándose de delitos privados cometidos pormenores, extingue la acción penal.El perdón de la parte ofendida es, también, una necesaria consecuen-cia de Ia acción penal reconocida a! perjudicado en la 1ev y cuyo ejerciciodeterminó la condena. Si pudo el ofendido evitar la condena, no ejerci-tando Ia acción, es lógico que pueda igualmente perdonar, haciendo quecesen los efectos de la acción penal que ejercitó.Pero tratándose de delitos privados por menores de dieciséisaflos, ya hemos dicho que el perjudicado no es dueflo de la acción parapromover el procedimiento, que se incoa independientemente de su volun-tad, y por tanto, tampoco lo es para destruir sus efectos.Además, de admitir el criterio opuesto, se darIa el absurdo de que,hallándose sometido el menor a un tratamiento de reeducación y reforma,quizás en el perlodo más interesante y decisivo del mismo, pudiera elofendido perdonar, y tener que cesar como consecuencia la actuación delTribunal de Menores, quedando destruIda y resultando ini'itil toda lalabor realizada.e) En los indultos y amnistIasCabe, por áltimo, estudiar los -efectos que en el tratamiento de lacrirninaljdad infantil y juvenil pueda producir. la concesión de amnistIaso indultos con relación a delitos o faltas realizadas por menores.Para no dar más extension a este trabajo, nos limitaremos a hacer laafirmaciOn de que nunca podrán afectar a los delitos y faltas cometidospor menores dichas amnistIas o indultos, y dainos por reproducidos todoslos argumentos anteriormente esgrimidos para demostrar que las dispo-siciones del Codigo Penal referentes a la prescripción de los delitos, noson aplicables a la jurisdicciOn juvenil, ya que les privarla, como se hadicho anteriormente, de los beneficios propios de un tratamientoreforniador.1294

Consecuencias de la inexistencia de la acción penal en el tratamiento de la criminalidad infantil y juvenil

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