El Mercosur tiene establecido un procedimiento obligatorio de solución de controversias comerciales entre sus Estados miembros. En este marco, ha instituido el denominado Tribunal Permanente de Revisión. Éste es un tribunal arbitral de apelación, aunque de manera extraordinaria puede actuar como tribunal arbitral de primera instancia. En este trabajo se analiza su estatuto jurídico (composición, funcionamiento...

Bou Franch, Valentín

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1000 TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN EN EL MERCOSUR La Organización Internacional del Mercado Común del Sur (MERCO-SUR) tiene un sistema propio de solución de las controversias relativas al Derecho del MERCOSUR. Actualmente, este sistema se encuentra regulado en el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR (en vigor desde el 1 de enero de 2004) y en su Regla-mento, aprobado por la Decisión CMC n.0 37 /03. Debe indicarse que el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) no es un órgano judicial de carácter «permanente», sino que son los «integran-tes» del TPR quienes «deberán estar disponibles de modo permanente para actuar cuando se les convoque» (artículo 19). Dadas las amplias facultades que se reservan los Estados miembros del MERCOSUR en la designación de los árbitros que integran el TPR; en la elección de los árbitros que resolverán cada recurso concreto; y en la determinación de los criterios de funcionamiento del TPR, pese a su denominación, 1001 el TPR se configura como un Tribunal Arbitral de Apelación («Appeal Arbitral Court») que puede constituirse en cualquier momento. La composición del TPR es de cinco árbitros, de los que cada Estado miembro designa un árbitro y su suplente por un período de dos años, renovable por no más de dos períodos consecutivos. Tres meses antes del término del mandato de los árbitros, los Estados miembros deberán manifestarse respecto de su renovación o proponer nuevos candidatos (artículo 18.5). En caso de expirar el período de actuación de un árbitro que se encuentre entendiendo de una controversia, éste deberá perma-necer en funciones hasta su conclusión (artículo 18.6). La elección del quinto árbitro resulta más compleja. Deberá ser designa-do por un período de tres años, no renovable, salvo acuerdo en contra-rio de los Estados miembros. Deberá ser elegido por unanimidad de los Estados miembros, de entre los candidatos incluidos en una lista de ár-bitros, denominada «lista de quintos árbitros», por lo menos tres meses antes de la expiración del mandato del quinto árbitro en ejercicio. Si en el plazo previsto no se logra la unanimidad de los Estados miembros, su designación la realizará la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) en los dos días siguientes, por sorteo de entre los integrantes de la «lista de quintos árbitros». La «lista de quintos árbitros» se conforma-rá con ocho integrantes, de los que cada Estado miembro propondrá dos, que deberán ser nacionales de los países del MERCOSUR. El Protocolo de Olivos contempla la posibilidad de que, una vez con-cluida la fase de negociaciones directas sin que se haya resuelto una controversia, las partes pueden recurrir directamente al arbitraje y pue-den también «acordar expresamente someterse directamente y en única instancia al TPR, en cuyo caso éste tendrá las mismas competencias que un Tribunal Arbitral Ad-Hoc» (artículo 23) (véase la voz «Tribunales Arbitrales Ad-Hocen el MERCOSUR»). Los laudos del TPR, cuando actúe como tribunal de primera instancia, no son susceptibles de ulte-rior recurso ante ningún tribunal. 1002 Al margen de este supuesto excepcional, el TPR es un Tribunal de Ape-lación, ya que «cualquiera de las partes en la controversia podrá presen-tar un recurso de revisión al TPR, contra el laudo del Tribunal Arbitral Ad-Hoc, en un plazo no superior a 15 días, a partir de la notificación del mismo» (artículo 17.1). No obstante, no todos los laudos (véase la voz «Laudos arbitrales en el MERCOSUR») de los Tribunales Arbitrales Ad-Hoc pueden ser recurridos ante el TPR: existen excepciones y lími-tes. Están excluidos los laudos de los Tribunales Arbitrales Ad-Hoc que decidan una controversia exaequo et bono, es decir, según equidad (artí-culo 17.3). Respecto de los laudos de los Tribunales Arbitrales Ad-Hoc fundados en Derecho, sí cabe el recurso de revisión contra los mismos, siempre que el recurso se limite a «las cuestiones de Derecho tratadas en la controversia y a las interpretaciones jurídicas desarrolladas en el laudo del Tribunal Arbitral Ad-Hoc» (artículo 17.2). Por lo tanto, no cabe recurrir en revisión las controversias sobre los hechos. Cabe distinguir entre el funcionamiento ordinario y el extraordinario del TPR. En lo que respecta a su funcionamiento ordinario, prima la re-gla de la autonomía de la voluntad de los Estados miembros del MER-COSUR, quienes de común acuerdo podrán definir los «criterios» para el funcionamiento del TPR (artículo 20.3). Si no ejercen esta opción, el funcionamiento ordinario del TPR variará en función del número de Estados miembros del MERCOSUR afectados por la controversia. Si una controversia sólo afecta a dos Estados miembros, se puede conside-rar que el TPR funciona en «salas», ya que en estos casos el TPR estará integrado únicamente por tres árbitros. Dos de ellos serán nacionales de cada Estado parte en la controversia y el tercero, que ejercerá la Pre-sidencia, se designará por el Director de la SAM al día siguiente de la interposición del recurso de revisión, de entre los árbitros restantes del TPR que no sean nacionales de los Estados partes en la controversia (artículo 20.1). Cuando la controversia involucre a más de dos Estados miembros del MERCOSUR, se puede considerar que el TPR funciona en «plenario», ya que estará integrado por los cinco árbitros (artículo 20.2). 1003 En nuestra opinión, esta diferencia de funcionamiento en «salas» (com-puestas por tres árbitros) y «plenario» (compuesto por cinco árbitros) puede significar en la práctica la frustración del objetivo que se persi-guió al crear el TPR: garantizar una interpretación uniforme de la nor-mativa del MERCOSUR. Hasta ahora, todas las controversias que se han sometido a los Tribunales ArbitralesAd-Hoc han sido controversias entre dos Estados miembros, por lo que su funcionamiento ha sido en «salas» de tres árbitros. Con un TPR funcionando con una composición de tres árbitros, que en integraciones sucesivas y diferentes pueden no adoptar los mismos criterios, se hace evidente el riesgo de no lograr la pretendida interpretación uniforme de la normativa del MERCOSUR, máxime cuando no existe previsión alguna de un recurso de armoniza-ción de doctrina judicial ante el «plenario» del TPR. Respecto del funcionamiento extraordinario del TPR, el artículo 24 del Protocolo de Olivos dispone que el Consejo del Mercado Común (CMC) «podrá establecer procedimientos especiales para atender casos excepcionales de urgencia que pudieran ocasionar daños irreparables a las Partes». Esta sucinta disposición, que se ha desarrollado en la De-cisión CMC n.0 23/04, merece dos comentarios. En primer lugar, se ha de destacar la amplia delegación legislativa que se realiza a favor del CMC, quien deberá determinar: a) qué se entiende por «casos excep-cionales de urgencia, que pudieran ocasionar daños irreparables a las Partes»; b) cuáles son los «procedimientos especiales» para estos casos excepcionales de urgencia; y c) cuál será la composición del TPR (3,5 árbitros o un número diferente) que conocerá de los mismos. Algunos de estos extremos debieron quedar fijados en el Protocolo de Olivos. En segundo lugar, cabe preguntarse por la razón de ser de la previsión de estos «procedimientos especiales». Conforme al sistema de solución de controversias diseñado por el Protocolo de Olivos, existe una primera fase de negociaciones directas entre las partes, en una controversia que no se puede obviar, ni siquiera en estos casos «urgentes». Una vez con-cluidas las mismas en un plazo de 15 días, si una de las partes entiende que hay urgencia en su solución, puede recurrir unilateralmente al arbi-1004 traje. Es más, tiene dos opciones. Si opta por la creación de un Tribunal Arbitral Ad-Hoc, el artículo 15 permite a los Tribunales Ad-Hoc dictar las medidas provisionales que consideren apropiadas «a solicitud de la parte interesada y en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación puede ocasionar daños graves e irreparables a una de las partes en la controversia». Por lo tanto, en este caso, la previsión del artículo 24 de unos «procedimientos especiales» ante el TPR, para casos que pudieran ocasionar «daños irreparables», carece de sentido. Como alternativa al establecimiento de un Tribunal Arbitral Ad-Hoc, existe la opción, por mutuo acuerdo, de someterse directamente, y en instancia única, al TPR. Pero, también esta previ-sión, contemplada en el artículo 23, expresamente incluye la potestad del TPR de dictar medidas provisionales como si de un Tribunal Arbi-tral Ad-Hoc se tratara. Entendemos que en estas circunstancias es lícito cuestionar el sentido de la previsión del artículo 24. Con independencia de que el TPR tenga un funcionamiento ordinario o extraordinario, el alcance de su pronunciamiento podrá «confirmar, modificar o revocar los fundamentos jurídicos y las decisiones del Tri-bunal Arbitral Ad-Hoc». Como corresponde a un tribunal de instancia superior, los laudos del TPR serán definitivos y prevalecerán sobre los de los Tribunales Arbitrales Ad-Hoc (artículo 22). Cabe señalar, finalmente, que el Protocolo de Olivos también delegó en el CMC la posibilidad de «establecer mecanismos relativos a la solicitud de opiniones consultivas al TPR, definiendo su alcance y sus procedi-mientos» (artículo 3). El CMC concretó esta previsión en el Reglamento del Protocolo de Olivos. Tienen legitimidad para solicitar opiniones consultivas todos los Estados miembros del MERCOSUR actuando conjuntamente, los órganos decisorios del MERCOSUR, los Tribuna-les Superiores de Justicia de los Estados miembros y el Parlamento del MERCOSUR. La opinión consultiva deberá referirse necesariamente a la interpretación jurídica de la normativa del MERCOSUR. Para emitir tales opiniones, el TPR actuará en «plenario», disponiendo de un plazo 1005 máximo improrrogable de 45 días. Lo más criticable de esta novedad reglamentaria es el alcance de los efectos de las opiniones consultivas, que nunca serán vinculantes ni obligatorias, ni siquiera para quienes las solicitaron. {Autor: Valentín Bou Franch. Catedrático de Derecho Internacional/ U. de Valencia). REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: AMrN FERRAZ, Daniel y Sandra PrcART GAR-CÍA. «El arbitraje como forma alternativa de solución de controversia en el MERCO-SUR». En: Bou FRA.NCH, Valentín (Coord.). Nuevas controversias internacionales y nuevos mecanismos de solución. Barcelona: Tirant lo Blanch, 2005, pp. 545-588. Bou FRANCH, V alentín, «Los procedimientos de solución de controversias en el MERCO-SUR». Anuario Euro-Peruano de Derecho del Comercio, 2007, n.0 2, pp. 257-308. REY CARO, Ernesto José. El Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MER-COSUR. Córdoba: Marcos Lerner Editora, 2002. DREYZIN DE Kr.oR, Adriana. «El Reglamento del Protocolo de Olivos. Algunas anotaciones». Revista Latinoamericana de Derecho, 2005, n.0 3, pp. 69-105. VOCABLOS CONEXOS: Laudos arbitrales en el MERCOSUR. Medidas compen-satorias en el MERCOSUR. Tribunales Arbitrales Ad-Hocen el MERCOSUR. 

Tribunal Permanente de Revisión en el Mercosur

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