Noiriel, Gérard

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Gérard Noiriel es profesor de la Eco/e des Hautes Éwdes en Sciences Sociales (EHESS) de París y autor de Éstat, nation et immigration.Vers une histoire du pouvoir (Be/in, París, 2000). En castellano ha aparecido su libro Sobre la crisis de la histo-ria (Cátedra, PUV, 1997). Este artículo se publicó originalmente en Maniere de voire 89 (Le Monde diplomatique), octubre-noviembre 2006. <D Para una visión de conjunto, véase la obra colectiva di rigida por Eric Guichard y Gérard Noi-rie l, Construction des nationalités et immigration dans la France con-temporaine, París. Presses de /'e-cale norma/e supérieure, 1997. No hay «modelo» Gérard Noiriel CRISIS SOCIAL Y SISTEMA POLÍTICO. LA REVUELTA DE LOS SUBURBIOS EN PERSPECTIVA Después de haber funcionado bien durante más de un siglo, el «modelo republicano de integración» se encontraría hoy en crisis. Así reza una idea que se ha hecho muy popu-lar en el debate sobre la inmigración. Sin embargo, esta manera de oponer el pasado (reves-tido de virtudes) al presente (medroso e inquietante) no puede satisfacer al historiador. Desde luego, una parte considerable de la población que vive actualmente en el Hexágono (sin duda más de un tercio) procede de la inmigración, a poco que se remonte uno tres genera-ciones atrás. Estos millones de personas se han fundido progresivamente en el «crisol fran-cés». Pero apoyarse en este hecho para concluir la eficacia del «modelo republicano de inte-gración» es cometer en error de razonamiento que se llama «presentismo». Partir del presente para deducir el pasado es una forma de alimentar la historia de los vencedores en detrimento de los vencidos, la historia de quienes han dejado huellas de su paso en detrimento de los invisibles, de los sin voz. La reflexión seria sobre esta cuestión debería, por tanto, empezar tomando en consideración un hecho elemental, confirmado por numerosas investigaciones recientes: la gran mayoría de los extranjeros inmigrados a Fran-cia en el pasado no permanecieron aquí Q). Esos millones de personas dieron su opinión sobre el «modelo republicano» con el único medio de expresión que les dejó la Repú-blica; huyendo hacia tierras más acogedoras, es decir, «votando con los pies». Si acepta-mos que la primera fase de una política de integración consiste en acoger dignamente a los extranjeros para que deseen quedarse, no hay más remedio que concluir que la Repú-blica no superó esa fase en la mayoría de los casos. Aun tomando como referencia la minoría de inmigrantes que se establecieron defini-tivamente en Francia, hablar de un «modelo republicano de integración» es ocultar la dimen-sión conflictiva y dolorosa de esta historia. Confinados a los sectores más desfavorecidos del mercado de trabajo, expuestos por encima de la media a sufrir accidentes laborales, pri-vados de los derechos elementales reconocidos a los ciudadanos, víctimas potenciales de la xenofobia, de la represión policial y de las expulsiones, los inmigrantes han pagado la integración a un precio muy alto. Cabe registrar tres grandes periodos de llegada de inmigrantes: el Segundo Imperio, la década de 1920 y la época posterior a la Segunda Guerra Mundial (en torno a la década de 1970). Por supuesto, la inmigración estuvo fuertemente ligada a las necesidades del des-arrollo industrial. Los periodos de prosperidad exigían recurrir a la inmigración masiva, pero a la inversa los petiodos de crisis (décadas de 1880, 1930, 1980) provocaban el cie-rre de las fronteras . Cada uno de estos ciclos migratorios está marcado por la ampliación de las áreas de reclutamiento. En el siglo XIX los inmigrantes proceden sobre todo de los países vecinos (Bélgica, Alemania, Italia, España, que eran todavía países de emigración). En la década de 1920 las empresas francesas recurren a mano de obra procedente de toda Europa (y sobre todo de Polonia). Después de la Segunda Guerra Mundial es el imperio colonial (principalmente el Norte de África) el que suministra los batallones de proleta-rios que necesita la economía nacional. El término «modelo» induce a pensar equivocadamente que la República habría tenido un proyecto político de inserción de los inmigrantes. Sin embargo, con anterioridad a los años 1970-1980 ningún gobierno se planteó jamás seriamente la cuestión. Desde finales del siglo XIX los inmigrantes y sus descendientes se fundieron en la sociedad francesa sin que los gobernantes y sus expertos inte1fuieran en modo alguno. El papel de lo político en este teneno, como en otros, fue, por tanto, mucho más limitado de lo que se dice habitualmente. La comparación entre Francia y Estados Unidos, dos países de inmigración masiva en el siglo xx, es en este sentido muy instructiva. Si observamos en el largo plazo (tres gene-raciones) el proceso de integración (medida fundamentalmente a partir de la movilidad social, la práctica religiosa y la fidelidad al idioma de origen), no hay grandes diferencias, pese a la gran distancia existente entre los sistemas políticos de ambos países. Estas cons-tataciones nos sugieren que los inmigrantes son los primeros artífices de su integración. Ésta se desarrolla en lo esencial en el marco de interacciones locales y depende de numerosos factores: el origen social, las oportunidades profesionales, los vínculos afectivos que se esta-blecen con el paso del tiempo (matrimonios «mixtos»). La coyuntura económica tiene un papel crucial. Desde los años de 1860 hasta los de 1970, cada fase de expansión ha miginado nuevas oleadas de inmigración, que a su vez han facilitado la movilidad ascendente de aquellos que se habían establecido anteriormente en el país. La condición para que esta mecánica social pueda funcionar es que el Estado no ponga trabas y que los inmigrantes y sus descendientes sean tratados, si no inmediatamente, sí al menos en un plazo más o menos breve, igual que los demás habitantes. Globalmente, todos los países democráticos que han conocido una fuerte inmigración han respetado estos principios, lo que ha permitido una integración «lograda» de sus inmigrantes, si bien las modalidades han variado según los casos. En definitiva, reducida a sus justas proporciones, la expresión «modelo republicano de integración» designa la manera como el Estado republicano ha puesto en práctica los principios fundamentales que ligen en las sociedades democráticas. Para entender las pecu-liaridades del caso francés debemos recordar el papel fundador que tuvo la III República. Todo el proyecto político que sus dirigentes se esforzaron en realizar a finales del siglo XIX estaba centrado en la integración de las clases populares en el Estado-nación. Este objetivo se logró en unas cuantas décadas gracias a dos tipos de reformas. De un lado, se promovió la participación de los sectores populares en la vida política (ciudadanía). Se introdujeron reformas electorales que hicieron posible que un número digno de consideración de individuos de ese origen ejerciesen cargos públicos (especialmente a nivel municipal). Las leyes de libertad de prensa y de reunión dieron bríos a este fenómeno. Obreros y campesinos adquüieron capacidad colectiva de intervención en la vida pública, gracias a la cual pudieron resistir eficazmente a los trastornos generados por el desarrollo del capitalismo industrial (éxodo rural, proletarización, etc.). De otro lado, la III República favoreció la integración del pueblo con el desarrollo de una política de «protección social» que pretendía atenuar los efectos destructivos de los grandes cambios derivados de la expansión del capitalismo. El mero hecho de formar parte del Estado (de poseer la nacionalidad francesa) iba a permitir a partir de entonces la obten-CRISIS SOCIAL Y SISTEMA POÚTICO. LA REVUELTA DE LOS SUBURBIOS EN PERSPECTlVA -----s3l ción de derechos sociales. El desarrollo de la inmigración (la palabra entra entonces en el vocabulario político) es una consecuencia directa de esta democratización. Hasta el final del Segundo Imperio la línea de fractura fundamental era de orden socio-lógico: por una parte el mundo de los notables, por otra las «clases laboriosas y peligrosas». Estas últimas no tenian prácticamente ningún derecho. Que sus miembros fuesen «france-ses» o «extranjeros» carecía de importancia. Pero a partir del momento en que el pueblo dispone de derechos políticos y sociales, se hace necesario establecer una discriminación radical entre los que forman parte del Estado francés y los otros (generalmente pertenecien-tes a otro Estado-nación). El extranjero es definido entonces de manera negativa. Es aquel que no posee los derechos reconocidos a los nacionales. Para entender las razones por las que la República francesa aplicó esta segregación con un rigor tan particular es preciso recordar que la Revolución desmanteló las corpora-ciones y todo tipo de instancias particularistas. Prohibió (al menos en la metrópoli) toda dis-criminación basada en la religión, el origen étnico, etc. En la mayor parte de países, las divisiones regionales, religiosas o corporativas sub-sistieron hasta el siglo xx. Por tanto, pudieron ser utilizadas por los ciudadanos para defen-der sus intereses particulares. En el caso francés, el «material» a disposición de los indivi-duos para designar sus diferencias y alimentar sus sentimientos de pertenencia colectiva se limitaron muy pronto a dos grandes registros: la lucha de clases (patronos 1 obreros) y la divisoria nacional 1 extranjero. Desde finales del siglo XIX la inmigración masiva permitió explotar todas las potencialidades que ofrecía esta divisoria. Los resortes de resistencia que la III República había puesto en manos de las clases populares impedían que la gran indus-tria encontrase fácilmente la mano de obra que precisaba. Para constituir el proletariado de mineros, obreros, jomaleros agrícolas y mujeres de servicio que el país necesitaba hubo que «fabricar» una población privada de los derechos sociales reconocidos a los nacionales y sin la posibilidad de protestar colectivamente contra la suerte que le había sido reservada. De los viñedos del Rosellón a los altos hornos del Mosela, los patronos fueron a buscar mano de obra en Italia, en Polonia y en las colonias. La integración de las clases populares y la exclusión de los inmigrantes extranjeros son, así, dos caras de la misma medalla. La mejor ilustración de este vínculo orgánico, la que permite entenderlo de manera cabal, es la política de protección del mercado de trabajo aplicada entre la década de 1880 y la de 1930. Al prohibir a los extranjeros trabajar en Fran-cia sin una autmización oficial, el Estado republicano se dio los medios para regular los flu-jos migratorios, prohibir la entrada de inmigrantes en el tenitorio en tiempos de recesión, canalizar los flujos hacia los sectores deficitarios y limitar la concunencia en las ramas de actividad preferidas por los nacionales. A lo largo de todo este periodo el dispositivo se reforzó con una multitud de medidas destinadas a ampliar la «función pública», es decir, que multiplicaban el número de empleos reservados a los franceses. Si tenemos en cuenta el lugar central de la divisoria na\:ional 1 extranjero en el sistema republicano de disctirninaciones, se entiende que la cuestión de la nacionalidad francesa haya sido siempre un tema sensible en el plano político. La ley de 1889, que fijó las grandes lú1eas del código actual en la materia, tuvo un papel importante en la integración de los inmi-grantes, al permitirles hacerse franceses con más facilidad que anteriormente. Pero setia erró-neo ver en esta legislación la puesta en práctica de una política deliberada de integración. En realidad, todo el dispositivo estaba al servicio del interés nacional. La crisis de la natalidad, la idea fue1temente arraigada en los diligentes de que la fuerza de un Estado depende del tamaño de su población, la presión para aumentar el número de reclutas, tales fueron las principales razones que incitaron a los diligentes republicanos a entreabrü·las puertas de la comunidad nacional. Al mismo tiempo, la legislación republicana sobre nacionalidad intro-ducía dispositivos que reforzaban la exclusión de estos nuevos franceses. A partü· de 1889 (y hasta principios de los años de 1980), los naturalizados se convierten en una especie de ciudadanos de segunda. Se les impone una espera de diez años antes de concederles la plena ciudadanía. La divisoria nacional 1 extranjero sirve a partir de ese momento también para diferenciar entre categorías de franceses. La República introdujo asimismo un sistema de discriminaciones basado en el origen nacional que abrió la puerta por la que se precipitarían los partidarios del mariscal Pétain para aplicar su programa xenófobo y antisemita. El «modelo republicano de integración» es incomprensible si no se tiene presente que deriva del proceso de implantación del Estado-nación. Al instaurar una separación estricta entre nacionales y extranjeros, la III República hizo posible el surgimiento de un nuevo terreno de lucha que oponía a los partidos conservadores y de extrema derecha (que urgían a reforzar la segregación de los extranjeros en nombre del interés nacional), por un lado, y a los partidos progresistas (que querían atenuar esas discriminaciones en nombre de los derechos humanos), por otro. A lo largo del siglo XX la política republicana en materia de inmigración dependerá de la relación de fuerzas entre estas dos tendencias. Un balance somero de esta historia lleva a constatar que las luchas de las organizaciones progresistas, la internacionalización de los intercambios, la difusión de los valores humanistas en la socie-dad, etc., han tenido como efecto atenuar las discriminaciones de los extranjeros, pero sin hacerlas desaparecer. Al mismo tiempo esas discriminaciones tienden a agravarse para los individuos per-tenecientes a la «segunda generación». Estos hijos de inmigrantes son los hijos del prole-tariado reclutado en masa en los años de prosperidad, de 1950 a 1970. La mayor parte han nacido en Francia y son de nacionalidad francesa, pero pertenecen generalmente al mundo obrero. En esta condición se ven afectados de pleno por las sacudidas sociales derivadas de la globalización del capitalismo. Sus problemas de integración ilustran las dificultades que vive hoy el conjunto de las clases populares. Una parte de los jóvenes procedentes de la inmigración sufre los efectos de esta crisis de manera particularmente intensa. Las profundas mutaciones que ha experimentado la sociedad francesa desde 1950 -especialmente el surgimiento de una categoría social intermedia entre la infancia y la edad adulta (los <~ óvenes» de 15-25 años), la multiplicación de los grandes conjuntos urbanos y de los nuevos barrios- han dado gran visibilidad a la «segunda generación» en el espacio público. Por otra parte, los discursos mediáticos de centran en un solo componente de este grupo: los jóvenes procedentes de la inmigración magrebí. Estos jóvenes, a los que se les recuerda constantemente su origen étnico, a los que se les relaciona con una religión que en su mayoría no practican y con dilemas políticos internacionales que no les conciernen más que a los otros franceses , son víctimas de una segregación que no es jurídica, sino admi-nistrativa, económica, social y cultural. Esta parte de la juventud obrera presenta en su máxima expresión las características sociológicas propias de todas las «segundas generaciones». El grado extremo de domina-Bernard Plossu, fotografía de la serie «Ciudades y paisajes» CRISIS SOCIAL Y SISTEMA POÚTICO. LA REVUELTA DE LOS SUBURBIOS EN PERSPECTIVA -----s5l ción que sufrieron sus padres sin poder protestar, las múltiples formas de rechazo que viven cada día generan en ellos un deseo profundo de reconocimiento (y por ende de integración). Pero también tienen necesidad de expresar públicamente su rechazo a un mundo que los menosprecia y los abandona. Los comportamientos violentos a los que se entrega una frac-ción de esta juventud reflejan a la vez su integración en el universo local que es el suyo (el barrio, la ciudad) y su negativa a aceptar la suerte que tienen reservada. En la década de 1950, la segunda generación procedente de los inmigrantes estable-cidos en Francia en la época de entreguerras halló en el Partido Comunista Francés una organización política que cumplía esta doble función de integración y de disidencia. La principal diferencia entre la violencia popular de ayer y la de hoy es que el movimiento obrero fue capaz en el pasado de canalizarla y de darle un sentido político, mientras que las pequeñas revueltas urbanas de hoy tienen un carácter autodestructivo. Sólo golpean a los propios medios populares. Los discursos de los expertos sobre la «integración de los inmigrantes» suenan cada vez más huecos. Los militantes que quieren romper con el «pensamiento único» bien podrían sacar provecho de los resultados de la investigación histórica y sociológica. Podrían así enriquecer un proyecto político cuyo objetivo no sería impedir a las gentes hablar y actuar, bajo pretexto de «integrarlos» en el orden burgués. Se trataría, más bien, de pro-mover nuevas estructuras de acción colectiva para articular, de manera innovadora, las aspiraciones populares de integración y autonomía • D Traducción de J. Soler 

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