La orientación hacia un modelo de intervención social sin precariedad y con mayores y mejores posibilidades para los adolescentes institucionalizados exige de la incorporación de procesos reivindicativos para introducir nuevas regulaciones y cambios profundos en la articulación de los planes y estructuras sociolaborales. Más aún en este momento de crisis. En nuestro caso, el desarrollo de prácticas integradoras con adolescentes sometidos a medidas judiciales de internamiento, se hace más complejo, no solo por los componentes de las medidas, sino también por las escasas oportunidades especializadas que el medio laboral promueve y los condicionantes circunstanciales que configuran la actividad diaria de los jóvenes: medio natural, tipo de recursos, limitaciones legales, características, patrones culturales, responsabilidad, estilos de socialización... etc
