This is the final version. Available on open access from the Refugee Studies Centre, University of Oxford via the link in this recordEuropean Commissio

Gill, N

Hambly, J

Vianelli, L

Hambly, Jessica

Gill, Nick

Vianelli, Lorenzo

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Using multi-member panels to tackle RSD complexities

Los estudios realizados en diversas jurisdicciones europeas sugieren que el empleo de comisiones judiciales compuestas por varios miembros en la fase de apelación mejora la calidad y la equidad de la DCR.Research across a range of European jurisdictions suggests that the use of multi-member  judicial panels at appeal stage improves the quality and fairness of RSDASYFAI

32 Reconociendo a los refugiadosnoviembre 2020www.fmreview.org/es/reconociendo-refugiadosRMF 65El empleo de comisiones compuestas por varios miembros para abordar las complejidades de la DCRJessica Hambly, Nick Gill y Lorenzo VianelliLos estudios realizados en diversas jurisdicciones europeas sugieren que el empleo de comisiones judiciales compuestas por varios miembros en la fase de apelación mejora la calidad y la equidad de la DCR. Las apelaciones contra los fallos negativos en los procesos de determinación de la condición de refugiado (DCR) son un componente esencial de los procedimientos de asilo justos y proporcionan una supervisión de la calidad y la exactitud de las decisiones iniciales que resulta crucial. Y, sin embargo, una tendencia preocupante que se da entre los firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es que los Estados luchan por ver cómo hacer las apelaciones lo más rápido y barato posible. Una táctica clave ha sido la reforma y reconfiguración de los órganos de apelación, sobre todo en lo que respecta a la identidad y el número de jueces participantes.Nuestros hallazgos, basados en entrevistas y datos observacionales extraídos del Proyecto ASYFAIR1, señalan que los apelantes, sus El uso de directrices nacionales basadas en el derecho jurisprudencial en el reconocimiento de los refugiados fuera del Reino UnidoMakesh D JoshiEl uso de directrices nacionales basadas en el derecho jurisprudencial es, actualmente, un instrumento muy instaurado en el reconocimiento de los refugiados en el Reino Unido, y los abogados, los órganos decisorios públicos y los jueces independientes recurren a estas resoluciones judiciales. Hoy en día, existen más de 300 casos orientativos nacionales de más de 60 países con respecto a los solicitantes de asilo. Estos son de dominio público, se encuentran en los sitios web de tribunales y juzgados1 y están clasificados por país con enlaces a una copia completa de la resolución judicial de cada caso. Se introdujeron, en 2002, en el proceso para la determinación de la condición de refugiado en el Reino Unido para dar coherencia a la toma de decisiones cuando se observen los mismos problemas y pruebas (u otros similares) para los solicitantes a título individual con respecto a sus países de origen. Cuando se aplican en el Reino Unido, van más allá de ser una mera fuente de información sobre los países de origen y ofrecen además unas directrices consideradas con carácter de doctrina para el proceso de determinación de la condición de refugiado (a menos que haya causas justificadas para no atenerse a ellas)2. Como recurso de libre acceso, estas resoluciones judiciales pueden ser, y están siendo, utilizadas por algunos órganos decisorios en el proceso de reconocimiento de refugiados fuera del Reino Unido. En caso de atenerse a ellas, es importante asegurarse de estar teniendo en cuenta la más reciente resolución judicial sobre esa cuestión y de que el órgano decisorio también tenga otras debidamente en cuenta, así como cualquier nuevo indicio del país de origen que haya surgido desde que se resolviera el caso que pueda servir de orientación y que pueda ser relevante. También es fundamental que se valoren los hechos específicos de la solicitud individual. La Guía de mejores prácticas de apelación en materia de asilo y derechos humanos (Best Practice Guide to Asylum and Human Rights Appeals)3 ofrece unas útiles directrices sobre la forma en que un caso orientativo puede aplicarse a una solicitud individual. Aunque está claro que no sientan jurisprudencia en los procesos de reconocimiento de los refugiados fuera del Reino Unido, las resoluciones judiciales nacionales orientativas deben entenderse como una fuente de información de libre acceso. Makesh D Joshi makesh.joshi@outlook.com Abogado especializado en refugiados, Reino Unido 1. El listado más reciente, publicado en septiembre de 2020, se encuentra disponible en bit.ly/UK-country-guidance-Sept2020 2. Véase Guidance Note 2011 No 2 (Nota orientativa 2011 nº 2) del Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)  bit.ly/guidance-note-2 3. Henderson M, Moffatt R and Pickup A (2020) Best Practice Guide to Asylum and Human Rights Appeals  www.ein.org.uk/bpg/contents 33Reconociendo a los refugiadosnoviembre 2020 www.fmreview.org/es/reconociendo-refugiadosRMF 65representantes legales y los jueces aprecian el trabajo en equipos multilaterales en esta compleja área del derecho, un área que a) a menudo depende de la evaluación de la credibilidad, b) depende de altos niveles de discreción, y c) está impregnada por la cultura de la negación y la incredulidad. Aunque muchos Estados están volviendo a los procedimientos en los que interviene un único juez para así reducir costes y ganar eficiencia, los elementos colaborativos ayudan a promover la toma de decisiones precisas y de alta calidad, y las futuras políticas deberían reflejar esto.Un efecto mediadorLos sistemas jurídicos democráticos de todo el mundo reconocen que los asuntos de gran importancia deberían ser deliberados y decididos por una comisión de decisores, y no por un solo juez. Cuanto más “subamos” en un sistema jurídico y cuanto mayor sea la importancia de la cuestión jurídica, mayor será el número de jueces que se asignen normalmente al caso. En las apelaciones en materia de asilo, lo que está en juego es de tal importancia que solo el más alto grado de decisión justa y equitativa será suficiente. Pero cuando se trata de la creación y composición de estructuras de adjudicación de las apelaciones en materia de asilo, observamos un preocupante cambio hacia la racionalización. Esto reduce lo que consideramos como controles necesarios en los altos niveles de discreción implicados en la evaluación de la credibilidad y la determinación de las solicitudes de asilo. Los estudios académicos cuantitativos han demostrado sistemáticamente que algunos jueces son mucho menos dados que la mayoría a conceder protección a los refugiados2. Nuestro propio trabajo cualitativo, además, ha revelado la ocasional falta de conocimiento de los jueces y su consiguiente trauma, así como casos de mala praxis durante las apelaciones, entre ellas gritos, burlas y risas a costa de los apelantes, no prestarles atención y no darles la oportunidad de compartir sus pruebas. En estas situaciones, la participación de otros jueces puede tener un efecto mediador indispensable. Tres de las jurisdicciones europeas de asilo estudiadas por ASYFAIR —Francia, Grecia e Italia— actualmente utilizan con cierta regularidad algún tipo de comisión judicial en la primera fase de apelación. En Francia, en el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo, en el marco del “procedimiento ordinario”, un presidente competente se sienta junto con dos asesores, uno nombrado por el vicepresidente del más alto tribunal administrativo francés (Conseil d’État) y el otro (a menudo un académico con conocimientos especializados jurídicos o geopolíticos) designado por ACNUR. Hasta 2015, todas las vistas orales en primera instancia eran oídas por una comisión. Las reformas introducidas en 2015 significan ahora que de las apelaciones que pasan a vistas orales, solo en torno a dos tercios son oídas por una comisión, y las que se consideran menos fundadas (mediante un proceso de selección que es en sí mismo problemático) se canalizan en un procedimiento acelerado de un solo juez. En una sentencia de junio de 2020, el Conseil d’État reconoció la importancia procesal de las comisiones judiciales para proporcionar un mayor nivel de justicia, y suspendió una medida (adoptada supuestamente como respuesta a la COVID-19) que habría significado que todas las apelaciones vistas por el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo se llevaran a cabo mediante el procedimiento acelerado de juez único. Esta decisión del Conseil d’État confirmó que la suspensión de las vistas orales ante comisiones judiciales debe ser la excepción y no la norma.Nuestro trabajo de campo analizando las comisiones judiciales en Francia mostró que unos jueces profundizaban en las líneas de interrogatorio de los otros cuando detectaban lagunas o cuando algo no estaba suficientemente claro. Los jueces que contaban con diferentes especializaciones a menudo se complementaban entre sí y aplicaban diferentes perspectivas y enfoques al abordar las pretensiones a través de sus interacciones durante las vistas orales. En Grecia, los Comités de Apelación están formados actualmente por dos jueces administrativos más un miembro independiente que tiene experiencia en el campo de la protección internacional, los derechos humanos o el derecho internacional y que es designado por ACNUR o por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Los datos de nuestra entrevista sugieren que el miembro independiente (que también puede ser un investigador social) hace uso de su experiencia para concienciar a los demás jueces, quienes, en las palabras de un encuestado, como especialistas en derecho administrativo, “no necesariamente saben de asilo”. Uno de nuestros entrevistados griegos (un antiguo miembro independiente del Comité de Apelaciones) explicó cómo había ayudado este enfoque interdisciplinario, señalando que los sociólogos podían ofrecer ideas, especialmente en lo que respecta a las 34 Reconociendo a los refugiadosnoviembre 2020www.fmreview.org/es/reconociendo-refugiadosRMF 65evaluaciones de la credibilidad, y que su visión más flexible podría aportar dimensiones culturales de las que tal vez carezca alguien que solo tenga formación jurídica.Los datos de Italia corroboraron además la opinión de que la responsabilidad colegiada proporcionaba cierto nivel de salvaguarda en una jurisdicción en la que los hechos y el derecho suelen estar abiertos a ser interpretados de muchas maneras diferentes. Los jueces nos dijeron que valoraban tener la oportunidad de discutir y debatir con otros jueces y que las comisiones ofrecían una salvaguarda contra las lagunas en los conocimientos o las preferencias individuales.Evitar la politizaciónLas experiencias tanto en Grecia como en Italia muestran lo vulnerables que son las comisiones a la politización. En Grecia, antes de 2016, los comités de apelación compuestos por tres miembros incluían dos independientes y un funcionario designado por el Gobierno. En respuesta a las decisiones del Comité de Apelación que declaró que Turquía no era un tercer país seguro (lo que contradecía el supuesto en el que se sustenta el acuerdo UE-Turquía), el Parlamento griego reformó los comités y redujo el número de expertos independientes en derechos humanos3. Uno de esos expertos e investigadores encuestados calificó esto como “un grave atentado contra la independencia del Comité”. Tras esta reforma, en la segunda mitad de 2016, los índices de éxito en las apelaciones en Grecia cayeron4 de un 15,9 % en el año anterior a poco más del 1 %. En Italia, se introdujeron comisiones judiciales en el proceso de apelación de cuestiones de asilo en 2017. Los apelantes siguen compareciendo ante un solo juez, pero las decisiones las toma ahora una comisión compuesta por tres jueces profesionales. Sin embargo, lo que a primera vista podría considerarse como una mejora de los procedimientos que cuentan con un solo juez, en realidad, tuvo un coste, ya que fue parte de una controvertida reforma que pretendía acelerar los procedimientos de asilo y aumentar las deportaciones. La reforma también abolió un segundo nivel de apelación y dictaminó que las vistas orales presenciales ya no serían la regla5. Hacer que las comisiones funcionen de manera efectivaTambién es necesario tener en cuenta diversas preocupaciones con respecto a las prácticas para que las comisiones funcionen y sean efectivas. En primer lugar, los jueces italianos observaron que las deliberaciones de las comisiones llevaban más tiempo que trabajar de forma individual, lo que implica que estas deben contar con los recursos adecuados. En general, las comisiones solo pueden funcionar si se puede reservar tiempo judicial suficiente. Se trata de una cuestión de recursos y, en última instancia, de la voluntad política de cumplir con seguridad con las obligaciones internacionales.En segundo lugar, es probable que las comisiones funcionen mejor cuando se establecen dentro de una cultura profesional dinámica de intercambio y apertura. Sin esto, existe la posibilidad de que —paradójicamente— las comisiones puedan contribuir, en realidad, a homogeneizar y perpetuar otras culturas de toma de decisiones menos deseables. Además, en los centros más pequeños o más remotos habilitados para llevar a cabo las vistas orales con un grupo general de jueces más reducido, las posibilidades de que las comisiones judiciales sean presenciales son limitadas. Los jueces itinerantes o las comisiones rotativas podrían ser la solución o, incluso, si resultara imposible incluir a varios jueces en la propia vista, podría ser beneficioso concienciar a cada uno de ellos acerca de cómo razonan otros colegas de profesión, fomentando el trabajo en grupo durante las actividades formativas. En tercer lugar, debería prestarse especial atención a la forma en que se comunican los miembros de una comisión entre sí, y dichos miembros y el apelante. Comparecer ante una comisión puede hacer que se diluyan las interacciones personales entre los mediadores y los apelantes. Es posible que el apelante apenas interactúe durante un par de minutos con cada juez, y puede que el interrogatorio parezca inconexo o contradictorio. También existe la tentación de que los miembros de la comisión hablen entre sí, a menudo en un idioma que no habla el apelante, lo que hace que el solicitante se sienta excluido o no esté seguro de lo que han dicho. La emisión de unas directrices claras para los jueces de la comisión acerca de cómo comunicarse entre sí y con el apelante limitarían estas prácticas. La evidencia sugiere que las apelaciones en cuestiones de asilo mejoran la calidad, la precisión y la equidad de las sentencias cuando se escuchan múltiples opiniones en las deliberaciones. Las comisiones judiciales ofrecen un método oficial para garantizar que 35Reconociendo a los refugiadosnoviembre 2020 www.fmreview.org/es/reconociendo-refugiadosRMF 65esto sea así, pero hay otras oportunidades para que diversas perspectivas tengan su papel. Por ejemplo, los relatores independientes pueden ayudar a los jueces a desgranar los hechos y aplicar la ley. La capacitación laboral continua, la observación y la retroalimentación entre compañeros de profesión y las oportunidades de intercambio a través de redes judiciales nacionales e internacionales también pueden contribuir a moderar los riesgos de la toma de decisiones por parte de un solo juez. Tampoco deberíamos obviar la importancia de las reuniones y debates informales entre jueces. Los centros más grandes donde se celebran vistas y los que disponen de instalaciones como bibliotecas y otros espacios comunes pueden ayudar a fomentar este tipo de interacción, así como la costumbre de hacer una pausa para comer. Habría que pensar bien estas medidas. Sin embargo, teniendo en cuenta lo mucho que está en juego en el proceso de DCR, la evidencia de la variabilidad entre los resultados y la complejidad y la carga discrecional que el derecho de los refugiados suele suponer para los jueces, trabajar en comisiones puede ayudar a salvaguardar la justicia y, en última instancia, a salvar vidas.Jessica Hambly Jessica.Hambly@anu.edu.au Becaria postdoctoral en Derecho, Universidad Nacional Australiana https://law.anu.edu.au/people/jessica-hamblyNick Gill n.m.gill@exeter.ac.uk Profesor de Geografía Humana, Universidad de Exeter https://geography.exeter.ac.uk/staff/index.php?web_id=Nick_GillLorenzo Vianelli lorenzo.vianelli@uni.lu  Investigador postdoctoral, Universidad de Luxemburgo https://wwwen.uni.lu/research/fhse/dgeo/people/lorenzo_vianelli 1. Auspiciado por la Universidad de Exeter (profesor-investigador principal Nick Gill), financiado por el programa de investigación e innovación del Consejo Europeo de Investigación “Horizonte 2020”: beca nº StG-2015_677917. El trabajo de campo se realizó en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria y Grecia. https://asyfair.com/2. Véase por ejemplo Rehaag S (2012) “Judicial review of refugee determinations: The luck of the draw”, Queen’s LJ, 38, 1; Ramji-Nogales J, Schoenholtz A I y Schrag P G (2007) “Refugee roulette: Disparities in asylum adjudication”, Stanford. Law Review, 60, 295.3. “Greece: Appeal rules amended after rebuttal of Turkey’s safety”, Asylum Information Database, 16 de junio de 2016  bit.ly/AIDA-Greece-1606164. Consejo Griego para los Refugiados “Regular Procedure: Greece” bit.ly/Greece-RegularProcedure5. Decreto ley 13/2017 convertido en ley por la Ley 46/2017. Sin embargo, establece una lista de casos en los que las audiencias en persona son obligatorias.El reconocimiento de los refugiados en Grecia: las políticas sometidas a examenAngeliki NikolopoulouLas reformas del sistema de asilo de Grecia mejoraron, en un principio, la ecuanimidad y el grado de independencia de la DCR, pero las reformas posteriores vuelven a plantear interrogantes. Antes de 2013, la responsabilidad de la determinación de la condición de refugiado (DCR) en Grecia, uno de los principales puntos de entrada a Europa para los inmigrantes indocumentados y los solicitantes de asilo, había recaído tradicionalmente en su policía y en el ministerio responsable de cuestiones de orden público. El sistema de asilo del país era ampliamente criticado por su ineficacia, la falta de garantías, las dilatadas detenciones en masa en condiciones precarias y la resistencia, lo que generó temor y desconfianza entre quienes necesitaban protección internacional. Estas deficiencias llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar al país por la devolución y el trato inhumano o degradante de los solicitantes de asilo; las deficiencias sistémicas de sus procedimientos de asilo fueron confirmadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1. Bajo presión de la UE y de la comunidad internacional, Grecia creó, en 2010, un Plan Nacional de Asilo y Migración y se comprometió a reformar su sistema de asilo mediante el establecimiento de unas autoridades civiles responsables en materia de asilo que fueran independientes, que se encargaran de la DCR: el Servicio de Asilo en primera instancia y el Organismo de Apelación en segunda. El Plan contó con el apoyo, entre otros, de la Comisión Europea, ACNUR y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA). La necesidad de una DCR independiente era un elemento central de la estrategia del Plan, y la OEAA y ACNUR 

Les études menées dans un certain nombre de juridictions européennes suggèrent qu’au stade du recours, les formations collégiales améliorent la qualité et l’équité du processus de détermination du statut de réfugié (DSR).ASYFAI

Research across a range of European jurisdictions suggests that the use of multi-member judicial panels at appeal stage improves the quality and fairness of RSD.

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FMR 6532 Recognising refugeesNovember 2020www.fmreview.org/recognising-refugeesUsing multi-member panels to tackle RSD complexitiesJessica Hambly, Nick Gill and Lorenzo VianelliResearch across a range of European jurisdictions suggests that the use of multi-member judicial panels at appeal stage improves the quality and fairness of RSD. Appeals against negative refugee status determination (RSD) decisions are an essential component of fair asylum procedures and provide crucial oversight of the quality and accuracy of initial decisions. And yet, a worrying trend among signatories of the 1951 Refugee Convention sees States grappling with how to make appeals as quick and cheap as possible. One key tactic has been the reform and re-configuration of appeal bodies, notably in relation to the identity and number of participating judges. Our findings, based on observational and interview data from the ASYFAIR Project,1 indicate that appellants, their legal representatives and judges appreciate multi-lateral teamwork in this complex area of law – an area which a) often depends on credibility assessment, b) is dependent on high levels of discretion and c) is infiltrated by cultures of denial and disbelief. While many States are retreating to single-judge procedures as a way of cutting costs and achieving efficiency, collaborative elements help promote accurate, high-quality decision-making, and future policy should reflect this.A mediating effectDemocratic legal systems around the world recognise that matters of great importance should be deliberated and decided by a panel of adjudicators, rather than by a single judge. The use of country guidance case law in refugee recognition outside the UKMakesh D JoshiThe use of country guidance case law is now a well-established tool in refugee recognition in the UK, with lawyers, State decision-makers and independent judges using these determinations. There now exist over 300 country guidance cases relating to asylum seekers from more than 60 countries. These are in the public domain, located on the Courts and Tribunals website,1 and are sorted by country with links to a full copy of the determination for each case. They were introduced in the refugee status determination process in the UK in 2002 to help provide consistency in decision-making when considering the same or similar issues and evidence for individual applicants relating to their country of origin. When applied in the UK, they go beyond being solely a source of country of origin information, additionally providing guidance that is treated as authoritative in the refugee status determination process (unless there are good reasons not to rely on them).2 As an open-access resource, these decisions can and are being used by some decision-makers in the refugee recognition process outside the UK. If relying on them, it is important to ensure that the most recent determination on the issue is being considered and that the decision-maker properly takes account of other and any new country of origin evidence that has emerged since the country guidance case was determined and that may be relevant to the case in question. It is also critical that the specific facts of the individual application are considered. The Best Practice Guide to Asylum and Human Rights Appeals3 provides useful guidance on how a country guidance case may apply to an individual claim. Although clearly not authoritative in refugee recognition processes outside the UK, country guidance determinations should be perceived as one source of open-access information. Makesh D Joshi makesh.joshi@outlook.com Refugee lawyer, UK 1. The most recent list, published in September 2020, is at  bit.ly/UK-country-guidance-Sept2020  2. See the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Guidance Note 2011 No 2 bit.ly/guidance-note-2  3  Henderson M, Moffatt R and Pickup A (2020) Best Practice Guide to Asylum and Human Rights Appeals  www.ein.org.uk/bpg/contents FMR 6533Recognising refugeesNovember 2020 www.fmreview.org/recognising-refugeesThe ‘higher up’ a legal system you go, and the greater the significance of the legal issue, the greater the number of judges that are usually assigned to the case. In asylum appeals, the stakes are such that only the highest degree of fair and just decision-making will suffice. Yet when it comes to the construction and composition of asylum appeal adjudicatory structures we observe a troubling shift towards streamlining. This reduces what we see as necessary checks on the high levels of discretion involved in credibility assessment and the determination of asylum claims. Quantitative academic studies have consistently demonstrated that some judges are much less likely than the majority to grant refugee protection.² Our own qualitative work, furthermore, has revealed judges’ occasional lack of knowledge and vicarious traumatisation, as well as instances of poor professional practice during appeals, including shouting, sneering and laughing at appellants, not paying attention to them, and not giving them an opportunity to share their evidence. In these situations, the involvement of other judges can have an indispensable mediating effect. Three of the European asylum jurisdictions studied by ASYFAIR – France, Greece and Italy – currently regularly use some form of judicial panel at the first appeal stage. In France, at the National Asylum Court, under the ‘regular procedure’ a legally qualified President sits alongside two Assessors, one nominated by the Vice-President of the highest French Administrative Court (Conseil d’Etat) and the other (often an academic with legal or geopolitical expertise) nominated by UNHCR. Until 2015, all first-instance hearings were heard by a panel. Reforms introduced in 2015 now mean that of those appeals that progress to oral hearing, only around two thirds are heard by a panel, with those appeals which are deemed to be less well-founded (via a triage process which is itself problematic) being funnelled into an accelerated single-judge procedure. In a June 2020 decision, the Conseil d’Etat recognised the procedural significance of judicial panels in providing a higher level of justice, and suspended a measure (taken purportedly as a response to COVID-19) that would have meant that all appeals heard by the National Asylum Court would take place using the accelerated single-judge procedure. This decision by the Conseil d’Etat confirmed that derogation from hearings by judicial panels must be the exception, rather than the norm.Our fieldwork exploring judicial panels in France showed that judges followed up on each other’s lines of questioning where they saw gaps, or where something was not sufficiently clear. Judges with different specialisms often complemented each other, and applied different perspectives and approaches in dealing with claims through their interactions during hearings. In Greece, Appeals Committees are now formed of two administrative judges plus one independent member who has experience in the field of international protection, human rights or international law and is appointed by UNHCR or by the National Commissioner for Human Rights. Our interview data suggests the independent member (who may also be a social scientist) uses their experience to sensitise the other judges, who, in the words of one respondent, as administrative law judges “don’t necessarily know about asylum”. One of our Greek interviewees (a former independent Appeals Committee member) explained how this interdisciplinary approach had helped, noting that social scientists could offer insights, especially relating to credibility assessments, and that their more flexible view could bring in cultural dimensions that someone with only legal training may lack.Data from Italy further corroborated the view that collegiality provided some level of safeguard in a jurisdiction where facts and law are often open to interpretation in many different ways. Judges told us that they valued the opportunity to discuss and debate with other judges and that panels provide a safeguard against gaps in knowledge or individual preferences.Avoiding politicisationExperiences in both Greece and Italy show how vulnerable panels are to politicisation. FMR 6534 Recognising refugeesNovember 2020www.fmreview.org/recognising-refugeesIn Greece, prior to 2016 the three-member Appeals Committees comprised two independent members and one government-appointed official. In response to Appeals Committee decisions stating that Turkey was not a safe third country (contradicting the presumption that underpins the EU–Turkey agreement), the Greek parliament reformed the Committees, reducing the number of independent human rights experts.3 One such expert and research respondent characterised this as “a serious blow to the independence of the Committee”. Following this reform, in the second half of 2016 success rates on appeal in Greece fell from a rate of 15.9% in the previous year to just over 1%.4 In Italy, judicial panels were introduced to the asylum appeal process in 2017. Appellants are still heard by a single judge but decisions are now taken by a panel of three professional judges. What might be considered at first impression to be an improvement on single judge procedures, however, actually came at a cost, as this was part of a controversial reform intended to speed up asylum procedures and increase deportations. The reform also abolished a second level of appeal, and established that in-person hearings are no longer the rule.⁵ Making panels work effectivelyVarious practical concerns also need to be considered in order to make panels work effectively. First, Italian judges observed that deliberation through panels took longer than working on their own, implying that the panels need to be properly resourced. In general, panels can only work if sufficient judicial time can be set aside. This is a question of resources and, ultimately, of the political will to safely meet international obligations.Second, panels are likely to work best when they are set within a dynamic professional culture of exchange and openness. Without this, there is a possibility that – paradoxically – panels may actually contribute to homogenisation and the continuation of less desirable decision-making cultures. What is more, at smaller or more remote hearing centres with a smaller overall pool of judges, there is limited opportunity for in-person judicial panels. Roving judges or rotating panels could offer solutions or, even if it proves impossible to include multiple judges at the hearing itself, it may be beneficial to develop judges’ consciousness of how other judges reason, by encouraging group work during training activities. Third, close attention should be paid to how communication is conducted between a panel’s members, and between the members and the appellant. Appearing before a panel can dilute the personal interactions between adjudicators and appellants. The appellant may only spend a couple of minutes interacting with each judge, and questioning may seem disjointed or contradictory. There is also a temptation for the members of the panel to talk to each other, often in a language not spoken by the appellant, leaving them feeling excluded or unsure what was discussed. Issuing clear guidance to panel judges about how to communicate with each other and with the appellant would limit these practices.  Evidence suggests that asylum appeals improve quality, accuracy and fairness of decisions when multiple voices are heard in the deliberations. Judicial panels provide one formal method for ensuring this, but there are other opportunities for diverse perspectives to play a part. For instance, independent rapporteurs can assist judges to distil facts and apply law. Ongoing professional training, peer observation and feedback, and opportunities for exchange through national and international judicial networks can also go some way towards moderating the risks of single-judge decision making. We should also not overlook the significance of informal meetings and discussions between judges. Larger hearing centres and centres with facilities like libraries and other common spaces can help to nurture this sort of interaction, as can a culture of breaking for lunch.  These measures require considerable thought. However, bearing in mind the high stakes involved in RSD, the evidence of variability in outcomes, and both the complexity and discretionary burden that refugee law often places on judges, FMR 6535Recognising refugeesNovember 2020 www.fmreview.org/recognising-refugeesworking in panels can help to safeguard justice and, ultimately, save lives.Jessica Hambly Jessica.Hambly@anu.edu.au Postdoctoral Fellow in Law, Australian National University https://law.anu.edu.au/people/jessica-hamblyNick Gill n.m.gill@exeter.ac.uk Professor in Human Geography, University of Exeter https://geography.exeter.ac.uk/staff/index.php?web_id=Nick_GillLorenzo Vianelli lorenzo.vianelli@uni.lu  Postdoctoral Researcher, University of Luxembourg https://wwwen.uni.lu/research/fhse/dgeo/people/lorenzo_vianelli 1. Hosted by University of Exeter (PI Professor Nick Gill), funded by European Research Council Horizon 2020 research and innovation programme: grant No. StG-2015_677917. Fieldwork was conducted in France, Germany, Italy, UK, Belgium, Austria and Greece. https://asyfair.com/2. See for example Rehaag S (2012) ‘Judicial review of refugee determinations: The luck of the draw’, Queen’s Law Journal, 38, 1; Ramji-Nogales J, Schoenholtz A I and Schrag P G (2007) ‘Refugee roulette: Disparities in asylum adjudication’, Stanford Law Review, 60, 295.3. ‘Greece: Appeal rules amended after rebuttal of Turkey’s safety’, Asylum Information Database, 16 June 2016  bit.ly/AIDA-Greece-1606164. Greek Council for Refugees ‘Regular Procedure: Greece’  bit.ly/Greece-RegularProcedure5. Decree Law 13/2017 converted into law by Law 46/2017 does, however, set out a list of cases in which in-person hearings are mandatory.Recognising refugees in Greece: policies  under scrutinyAngeliki NikolopoulouReforms to Greece’s asylum system initially improved the fairness and independence of RSD but subsequent reforms are raising questions once again. Prior to 2013, responsibility for refugee status determination (RSD) in Greece, a major entry point to Europe for undocumented migrants and asylum seekers, traditionally lay with its police and the ministry responsible for public order. The country’s asylum system was widely criticised for ineffectiveness, lack of guarantees, mass prolonged detention under substandard conditions, and pushbacks, generating fear and mistrust among persons in need of international protection. These deficiencies led the European Court of Human Rights to condemn the country for refoulement and inhuman or degrading treatment of asylum seekers; the systemic deficiencies of its asylum procedures were confirmed by the Court of Justice of the European Union.1 Under pressure from the EU and internationally, in 2010 Greece set up a National Plan on Asylum and Migration and committed to reforming its asylum system by establishing independent civilian asylum authorities to conduct RSD: the Asylum Service at first instance and the Appeals’ Authority at second instance. The Plan was supported by, among others, the European Commission, UNHCR and the European Asylum Support Office (EASO). The need for independent RSD was at the heart of the Plan’s strategy, and EASO and UNHCR provided considerable support, largely through training and knowledge sharing, and also financially. Through partnerships with NGOs UNHCR has also provided capacity building to staff, and information to newcomers at entry points and to those being held in detention facilities. The complexities of the legislative and administrative changes required, however, coupled with financial constraints caused by the severe recession, meant that the transition to the new regime was slow. During an initial transitional phase, which lasted until June 2013, the police retained competence for registration and first-instance RSD. UNHCR representatives were permitted to be present at interviews and to ask applicants questions, which improved the quality of interviews.2 However, the number of those being recognised in first-instance decisions remained close to zero. UNHCR’s opinions 

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تشير البحوث في طائفةٍ من الاختصاصات القضائية الأوربية إلى أنّ استعمال الهيئات القضائية المتعددة الأعضاء في مرحلة الاستئناف يحسِّن جودةَ تقرير صفة اللاجئ وإنصافَه.ASYFAI

https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/44629/1/hambly-gill-vianelli.pdf

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