La apreciación de dolo, mala fe o negligencia pueden ser una causa para que el seguro de responsabilidad civil profesional no cubra al asegurado que, en numerosa ocasiones, ignora estos aspectos en su toma de decisiones

Vargas-Yañez, Antonio Jose

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Vargas-Yañez, Antonio José

Repositorio Institucional Universidad de Málaga

25travesías  ·  otoño 2021Culpa y dolo en los contratos de segurosAntonio Vargas YáñezArquitecto y Consejero de AsemasLos conceptos de culpa, dolo, mala fe y negligenciaLa valoración de las consecuencias que pueden tener los actos que cual-quier profesional desarrolla a lo largo de su carrera requiere que no perda-mos de vista una serie de conceptos jurídicos conforme a los cuales podrán valorarse. Se trata de los conceptos de dolo, mala fe, culpa y negligencia.El primero de estos conceptos es el dolo, un concepto jurídico que no suele tenerse suficientemente en con-sideración en el ejercicio de profesio-nes técnicas como la de arquitecto. Sin embargo, su conocimiento y la toma de conciencia de las consecuen-cias que puede acarrear cometerlo es fundamental para no incurrir en él, in-cluso de manera inconsciente. Dolo es sinónimo de engaño, fraude y simula-ción. Sabiendo que los delitos son ac-ciones que dan lugar a hechos que, a juicio del legislador, son merecedores de un castigo, en derecho, se define como la «voluntad deliberada de co-meter un delito a sabiendas de su ili-citud» o «en los actos jurídicos, volun-tad maliciosa de engañar a alguien, de causar un daño o de incumplir una obligación contraída»[1].Pero más allá del dolo, y para su com-pleta comprensión, el profesional también deber tener presente el sig-nificado de «mala fe». Término que va incluso más allá del primero e incluye los casos que, no llegando a ser de-lictivos, son intencionados. Como tal es equiparable al dolo en su acepción más amplia que incluye el dolo civil o intención maliciosa de causar un daño contrario a derecho.El tercero de los conceptos que de-bemos tener presente a la hora de valorar la naturaleza de los siniestros es el de negligencia. Se entiende por tal y de manera general a la «omisión de la atención debida por inacción o descuido o por acción incorrecta, in-adecuada o insuficiente»[2] y de forma más específica como la «desatención de las propias obligaciones o descui-do en el cumplimiento de las reglas y normas, sin que medie una intención dolosa, es decir, una directa voluntad de omitir o retardar la acción debi-da, pues se trata, más bien, de una situación de culposa inercia y falta de cuidado»[3]. Siendo su antónimo la diligencia profesional: «Nivel de com-petencia y cuidado especiales que cabe razonablemente esperar del empresario o profesional en el desa-rrollo de su actividad y, en particular, en sus relaciones con los consumido-res, acorde con las prácticas honradas 1[1] https://www.rae.es/drae2001/dolo[2] https://dpej.rae.es/lema/negligencia[3] Diccionario panhispánico del español jurídico.La declaración de incumplimiento de la normativa urbanística.revista del colegio de arquitectos de Málaga26del mercado o con el principio gene-ral de buena fe»[4].Establecidos estos tres conceptos, el cuarto y último es el de culpa. A dife-rencia del dolo, en la culpa, la acción que tiene como resultado el daño o perjuicio a un tercero no se produce de manera consciente, sino que es el resultado de no haber observado el cuidado necesario. Es decir, haber actuado sin la diligencia profesional debida. De este modo, al profesional se le atribuye la culpa de los daños o las lesiones que se puedan producir en los casos que:• no ha prestado el cuidado necesa-rio en la realización de su trabajo;• ha tenido un mero descuido en el desarrollo de éste o• no ha previsto las consecuencias de sus decisiones profesionales.De este modo, aunque cualquier pro-fesional puede desarrollar sus funcio-nes profesionales, como puede ser la redacción de un proyecto, con la mayor diligencia, pensando en el mo-mento que las finaliza que lo hace de forma correcta, los errores de redac-ción podrán ser considerados como un ejemplo de esta primera clase de culpas, en la que siempre habrá quien sostenga que, con un mayor cuidado o diligencia, se podrían haber evitado.Del mismo modo, un olvido en una tramitación administrativa o la falta de aportación de documentación, que sin embargo había sido elaborada, pueden dar lugar a que se establezca la culpa del profesional por un mero descuido.Finalmente, la falta de previsión sobre las consecuencias que la ejecución de una cimentación especial puede te-ner en los edificios colindantes puede ser un ejemplo de esos casos en los que al profesional se le culpa de no haber previsto las consecuencias en un tercero de las decisiones que ha adoptado.La exclusión del dolo o mala fe en las pólizas de segurosEl artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro establece una excepción a la obligación del seguro de pagar la prestación, lo que en la práctica se tra-duce en la pérdida de cobertura fren-te a las reclamaciones que se puedan producir. Se trata de aquellos casos en los que la causa del siniestro es la «mala fe» del asegurado. En el fondo, lo que subyace es el hecho de que no se pueden asegurar los hechos ni las consecuencias dañosas que de-penden de la voluntad de la persona, ya que lo que caracteriza al seguro es la incertidumbre sobre la producción del evento cuyo riesgo es el objeto, su cobertura.Es decir, no podemos estar asegu-rados contra un hecho que nosotros mismos provocamos, estableciendo una relación de causalidad entre la actuación dolosa del profesional ase-gurado y el propio siniestro. Lo que significa que la «mala fe» del asegu-rado se produce en relación «con la causa originadora del siniestro en lugar de sobre el resultado»[5], como expresan diferentes sentencias del 1[4] https://dpej.rae.es/lema/diligencia-profesional[5] STS (Sala 1ª) de 1 de octubre de 1994 (RJ 1994/7440).[6] STS (Sala 1ª) de 5 de julio de 1990 (RJ 1990/5776).[7] [8] STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 1997 (RJ 1997/7936).«No podemos estar asegurados contra un hecho que nosotros mismos provocamos, estableciendo una relación de causalidad entre la actuación dolosa del profesional asegurado y el propio siniestro»27travesías  ·  otoño 2021Tribunal Supremo: «la buena o mala fe en el actuar del asegurado necesa-riamente ha de conectarse con la pro-ducción del evento o siniestro de que se trata»[6]. Por otro lado, la condición de «mala fe» no puede suponerse, sino que se-gún se recoge en diversas sentencias del Tribunal Supremo[7], debe ser pro-bada, correspondiendo el peso de la prueba, en general y tal y como po-nen de manifiesto otras sentencias del Tribunal Supremo[8], al asegurador.Estas exclusiones a las coberturas del seguro de responsabilidad civil profe-sional quedan expresamente recogi-das en el articulado de las pólizas de las compañías de seguros, tal y como se recogen en los dos ejemplos extraí-dos de dos compañías diferentes.Exclusiones:a) Responsabilidades civiles deriva-das de actos u omisiones intencio-nados, dolosos o fraudulentos, así como la que pudiera resultar de la inobservancia dolosa de las dispo-siciones legales relacionadas con el riesgo asegurado.ob) Las responsabilidades económi-cas, incluidas fianzas, honorarios y costas, derivadas de delitos dolosos perseguibles en causa criminal.Pese a lo que se puede encontrar en las condiciones de algunos contratos de seguro de responsabilidad profe-sional, el seguro debe cubrir la negli-gencia del asegurado, ya que éste es uno de sus fines esenciales. Sin em-bargo, no es posible cubrir la cobertu-ra de los hechos dolosos causados por los asegurados porque ni en la teoría general de los contratos ni, como se acaba de poner de manifiesto, las conductas intencionadas tienen cabi-da en el propio contrato de seguro. Asunto que está reforzado por el artí-culo 1.255 del Código Civil que exclu-ye de los pactos, cláusulas y condicio-nes de los contratantes todas aquellas que sean contrarias a las leyes, la mo-ral o el orden público.La declaración de incumpli-miento urbanístico en los proyectosDentro de la práctica profesional, no es extraño encontrarse con situacio-nes en las que las pretensiones del promotor incumplirían la normativa urbanística. Lo que en principio no tie-ne por qué suponer su voluntad de in-cumplimiento, sino un mero descono-cimiento de la norma que la actuación del arquitecto puede y debe recon-ducir explicándole las consecuencias de cualquier tipo que tendría dicho incumplimiento. Casos en los que no es recomendable ser tibio. Incumplir una norma es un riesgo para ambos que se debe evitar llegando, incluso, a renunciar a la intervención en el pro-yecto o la obra si esto no es posible.No obstante, y aunque cada día es menos frecuente, hay ocasiones en las que la voluntad de satisfacer al cliente y no perder el encargo lleva al técnico a buscar una solución de «compro-miso» mediante la que se redacta el proyecto con una declaración expresa de que el promotor conoce y acepta construir con un incumplimiento de la normativa.Con independencia de que cada caso es un mundo, es fácil que actuacio-nes como la descrita dejen al profe-sional sin la cobertura total o parcial de su póliza en función del tipo de incumplimiento y de la compañía aseguradora.El elemento más característico del contrato de seguro es la suerte o el azar, lo que significa que el hecho que produce el daño —en este caso el ur-banístico o ambiental— no puede de-pender de la voluntad de las partes. Lo que es evidente que ha ocurrido en estos casos, en los que el propio arquitecto deja constancia escrita de que redacta un proyecto que incum-ple la norma, probando la existencia del dolo y dificultando sus defensas.Finalmente, hay que poner de mani-fiesto que, aunque la declaración por parte del propietario del incumpli-miento normativo puede que le exima de alguna responsabilidad frente a éste, casi nunca logra su objetivo. El promotor no profesional puede alegar que no era totalmente consciente de las consecuencias del incumplimiento y la firma de este documento es un reconocimiento expreso de que los profesionales incumplieron voluntaria-mente la norma, lo que les perjudicará en caso de reclamación de terceros y será prueba de cargo en procedimien-tos administrativos, civiles o penales. En este sentido, sólo cabe recordar como colofón que, dependiendo del incumplimiento normativo que se co-meta, los infractores pueden ser acu-sados de cometer una infracción urba-nística o administrativa sancionable e, incluso, penal.«El elemento más característico del contrato de seguro es la suerte o el azar, lo que significa que el hecho que produce el daño no puede depender de la voluntad de las partes»

Culpa y dolo en los contratos de seguros

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