Mecanismo procesal alternativo para la eficacia de la ley 1480 de 2011 frente a la acción procesal ejercida por el consumidor ante la Superintendencia De Industria y Comercio de Colombia

Abstract

El beneficio de la presente propuesta se enfoca en la necesidad de medir la verdadera magnitud e impacto que tiene para el consumidor establecer una acción procesal para acceder a los derechos de protección y amparo frente a posibles abusos por parte del distribuidor o productor. Se habla entonces de la importancia del derecho del consumidor como una ruptura de la primacía de los intereses de los acreedores, productores y comerciantes; para pasar a priorizar el de los consumidores (Correa, 2013). Pero, la preeminencia por el consumidor no se debe quedar únicamente en un estatuto que contemple su protección, sino que el mismo debe tener las características procesales de eficiencia y eficacia, es decir que cumpla con su cometido, con los fines constitucionales para los cuales fue creado, sin lo cual perdería su esencia y pasaría a formar parte de los cientos de leyes que nacen muertas. Esta es la importancia del proyecto de investigación, en tanto pretende hacer una valoración, desde el ámbito del derecho procesal, sobre la eficacia que tiene la norma, es decir que si lo establecido en la Ley 1480 de 2011, en materia de procedimientos, le puede garantizar al consumidor no sólo los derechos que considera han sido vulnerados, sino que los costos por accionar la jurisdicción se encuentren acordes para cualquier consumidor, independientemente de su situación socioeconómica. Bajo este análisis se entrará a analizar si la legislación colombiana cumple con los derechos del consumidor promulgados por los organismos internacionales, específicamente de los objetivos planteados por las Naciones Unidas: protección adecuada de los consumidores, que las modalidades de producción y distribución sean acordes a las necesidades de los consumidores, el cumplimiento que deben los productores de bienes y servicios en materia ética y freno a las prácticas comerciales abusivas, facilitar la creación de organizaciones en defensa de los consumidores y la formación de mercados para la selección de bienes y servicios a precios más bajos (Mistretta, 2012). Finalmente, el proyecto de investigación permitirá hacer una valoración sobre la correspondencia de los principios y fundamentos en los que se soporta el derecho del consumidor, frente a las reglas procesales establecidas en la Ley 1480 de 2011 para la presentación de las demandas; para lo cual se toma como una de las premisas el hecho de que los consumidores se encuentran prima facie, en situación de desventaja frente a los productores y distribuidores; lo que resultaría vital conocer si el procedimiento permite que se restablezca el equilibrio o, contrario sensu, se podría estar ampliando dicha brecha