En Colombia se ha ido avanzando en la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, lo que ha generado cambios trascendentales en la normatividad legal, abriendo paso a la Ley 1098 de 2006 consagrando un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, implementado y ejecutada por 8 años; en su práctica ha generado inconsistencias e incongruencias que hace necesario dilucidarlas para determinar las principales dificultades y realizar una propuesta que de una u otra manera puede incidir y ser una alternativa de solución para el legislador y los practicantes del derecho de familia.
Las dificultades encontradas son entre otras la falta de capacitación de las autoridades competentes, los defensores de familia y comisarios de familia que han hecho que su aplicación varíe de un despacho a otro y que no pueden ser solucionados por la falta de claridad en la norma; situaciones como: diferencias en la medición de tiempos para la pérdida de competencia, momento exacto de la realización de la verificación de derechos, período en que se dicta el auto de apertura, la forma de notificar a las partes del proceso, la ley que debe aplicarse en materia de conciliación, las pruebas que deben emplearse y en qué momento debe comisionarse a otra autoridad, medidas de restablecimiento de derechos, homologación y el seguimiento a las medidas.
Estas circunstancias ocasionan una vulneración generada por el Estado, revictimizando, dilatando y obstaculizando la labor de restablecimiento, generando una situación caótica en la realidad de los niños, las niñas y adolescentes en Colombia.
Este trabajo proporciona una nueva perspectiva que dé ser acogida puede contribuir en mejorar la situación de los niños en Colombia
