Las obligaciones del Estado: el nuevo derecho fundamental de acceso a Internet y las garantías a partir de la redefinición de las clásicas libertades informativas

Abstract

43 p.La terminología que se emplea para hacer referencia a la idea de la sociedad de la información difiere así: sociedad del conocimiento, sociedad informacional, sociedad posindustrial, sociedad digital, ciberespacio, sociedad red, las TIC, las nuevas tecnologías. Aunque no de forma exclusiva, lo cierto es que cuando se hacen estas referencias permanece en el núcleo del pensamiento lo que es su exponente básico: la red de redes, Internet.Conceptos, vinculación de los derechos humanos con Internet y el grado de acceso Algunas definiciones Las dos facetas en el nexo Internet y derechos humanos La magnitud del acceso a Internet La conformación jurídica del acceso a Internet y su dimensión prestacional como nuevo derecho fundamental El acceso a Internet como dimensión positiva de otros derechos fundamentales y su potencial efecto jurídico negativo Un derecho prestacional en estado “larvario” en su reconocimiento internacional El evolutivo reconocimiento comparado del derecho de acceso a Internet hasta llegar a ser algo “esencial” para la vida El reconocimiento autonómico y estatutario del acceso a Internet en España El acceso a Internet en el ámbito laboral y su posible control total del empresario La “vieja” libertad de expresión e información y sus garantías ante el cierre de webs, el corte de acceso o ante el filtrado de contenidos en Internet La forja de las garantías judiciales ante el corte o restricción de Internet y los mandatos dirigidos a los prestadores de servicios de Internet La conformación de las garantías de Internet en Europa La conformación de las garantías ante el cierre de Internet en España El derecho de acceso y la garantía de la neutralidad de la red Una propuesta: la especial protección constitucional a los prestadores de servicios que permiten la comunicación pública electrónica esencial para la democracia moderna La no discriminación en la implantación de la administración electrónica y las obligaciones de relacionarse exclusivamente por medios electrónico