5 p.El enfoque epistemológico elegido para el desarrollo de la investigación fue el cuantitativo descriptivo, pues comprendió la descripción, registro, análisis e interpretación de la situación de las áreas de acción estatal para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia transicional.Metodología
Población
Caracterización de la muestra
Corte Constitucional
Consejo de Estad

Tafur-Charry, Magda Paola

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Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia

DISEÑO METODOLÓGICOMetodología“El enfoque epistemológico elegido para el desarrollo de la investigación fue el cuantitativo descriptivo, pues comprendió la descripción, registro, análisis e interpretación de la situación”7 de las áreas de acción estatal para la reparación in-tegral de las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia transicional. PoblaciónLa población corresponde a las providencias proferidas por la Corte Constitucional colombiana y el Consejo de Estado entre 2010 y 2014 respecto de las áreas de acción estatal para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia transicional. Para identificar las providencias fueron utili-zados, por índice temático, los buscadores de las mencionadas corporaciones, con las siguientes expresiones:a. “Verdad” y “conflicto armado”b. “Justicia” y “conflicto armado”c. “Reparación” y “conflicto armado”d. “No repetición” y “conflicto armado”e. “Justicia transicional”7 López Daza, G. A., Sandoval Cumbe, H. M. y Ceballos Posada, B. L. La acción de tutela contra sentencias ju-diciales: análisis y caracterización de las providencias de los jueces de Neiva. Neiva: Universidad Cooperativa de Colombia, 2008.224PÚBLICO 16Precedente jurisprudencial en materia de justicia transicionalEn el caso de la Corte Constitucional colombiana fueron encontradas en total cuarenta (40) providencias comprendidas en la población definida anteriormente. Por su parte, en el caso del Consejo de Estado fueron encontradas veinte (20) providencias coherentes con esta población.Caracterización de la muestraLa muestra seleccionada corresponde a veinte (20) providencias de cada corpora-ción, lo que equivalente a un 50% de la población total de la Corte Constitucional colombiana y a un 100% para el caso del Consejo de Estado.Corte ConstitucionalEl instrumento diseñado para caracterizar las veinte (20) providencias seleccio-nadas como muestra contenía los siguientes elementos:a. Número y tipo de fallob. Magistrado ponentec. Sala de revisiónd. Cargo de inconstitucionalidad invocado o derecho fundamental cuyo am-paro se reclamae. Decisiónf. ImportanciaAsí, la muestra está comprendida por nueve (9) providencias de constitu-cionalidad (C), nueve (9) fallos de tutela (T) y dos (2) sentencias de unificación (SU). De las anteriores, once (11) fueron sometidas a consideración de la Sala Plena de la Corte Constitucional, debido a la naturaleza de la acción incoada (C) y la naturaleza del fallo (SU), mientras que las demás se revisaron en las salas Primera, Segunda, Quinta, Séptima y Novena (T).De los operadores jurídicos resulta ineludible destacar la participación como ponentes de Luis Ernesto Vargas Silva, Nilson Pinilla Pinilla, Mauricio González Cuervo y Humberto Antonio Sierra Porto, debido a la excelencia con que cum-plieron el deber de motivación de sus decisiones judiciales y sus aportes al desa-rrollo jurisprudencial de la materia objeto de estudio.25PÚBLICO 16Magda Paola Tafur CharryEn relación con las sentencias de constitucionalidad, 34 disposiciones conte-nidas en el marco normativo para la justicia transicional en Colombia (Ley 975 de 2005, Ley 1424 de 2010 y Ley 1448 de 2011, etc.) fueron demandas, de las cuales once (11) fueron declaradas inexequibles, trece (13) exequibles, mientras que respecto de las demás la Corte Constitucional se inhibió en cuatro (4) opor-tunidades y en otras seis (6) se ciñó a los resultados de providencias anteriores.En estas providencias fue posible encontrar que los accionantes se refieren sobre todo a cargos de inconstitucionalidad por contrariar el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral, la igualdad, el límite de aplicación del principio de oportunidad, la paz, la dignidad humana y el principio de separación de los poderes del Estado e independencia judicial.En cuanto a los fallos de revisión de tutela, fue posible identificar que los accionantes reclamaron el amparo de quince (15) derechos fundamentales, de los cuales los más recurrentes fueron el debido proceso, el acceso a la justicia, la reparación integral, la igualdad y la vida digna, que son los que mayor vulneración presentan. Además, en ocho (8) pronunciamientos se revocaron las decisiones objeto de revisión y en su lugar se concedió el amparo de los derechos fundamentales reclamados, mientras que en solo una (1) ocasión se confirmó parcialmente la sentencia revisada. De lo anterior se vislumbra que las áreas de acción estatal para la reparación de las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia transicional (ver-dad, justicia, reparación y garantía de no repetición) se presentan como las prin-cipales exigencias del solicitante en el caso de las acciones de tutela y como los cargos más frecuentes en las acciones de inconstitucionalidad, junto a garantías inherentes a estas, como lo son la igualdad y la paz.Consejo de EstadoLa muestra seleccionada se caracterizó mediante un instrumento en el que se indagó por:a. Número de radicado y tipo de fallob. Sección o subsecciónc. Consejero ponented. Accionante26PÚBLICO 16Precedente jurisprudencial en materia de justicia transicionale. Ente del Estado demandadof. Hechosg. Pretensiónh. Decisión i. Importancia De este modo, en la muestra encontramos seis (6) impugnaciones de fallo de tutela, doce (12) acciones de reparación directa en recurso de apelación y una (1) consulta, de las cuales dieciocho (18) fueron examinadas por la Salas Contenciosas del Consejo de Estado y una por la Sala de Consulta y Servicio Civil.Este grupo de providencias permitió conocer los planteamientos de trece (13) magistrados respecto del tema objeto de análisis jurisprudencial, entre los cuales se destaca la participación de los consejeros de Estado pertenecientes a la Sección Tercera (Danilo Rojas Betancourth, Stella Conto Díaz del Castillo, Mauricio Fajardo Gómez, Enrique Gil Botero, Olga Mélida Valle de la Hoz y Jaime Orlando Santofimio Gamboa), debido a su postura garantista frente a los derechos de las víctimas del conflicto armado y la coherencia con las considera-ciones tanto de la Corporación Constitucional como del Sistema Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.En cuanto a los entes demandados que comprometieron la responsabilidad de la Nación, se halla que el Ministerio de Defensa —representado por el Ejército o la Policía Nacional— está vinculado en once (11) de los veinte (20) procesos tomados como muestra, pero solo en tres (3) casos es el victimario directo; ello, debido al régimen de responsabilidad objetiva basado en la teoría de la postura de garante que la entidad asumió en cada caso concreto y que se desarrollará a lo largo del análisis del precedente jurisprudencial.En igual sentido, se evidenció la vinculación, en calidad de demandado, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y la Unidad Administrativa Especial para la Integración y Reparación a la Víctimas, que tienen a cargo la materialización de las áreas de acción estatal para la repara-ción integral de la víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia tran-sicional, debido a situaciones como la arbitrariedad o negativa injustificada para dar trámite a solicitudes realizadas por las víctimas. 27PÚBLICO 16Magda Paola Tafur CharryEn cuanto a los daños antijurídicos o hechos victimizantes que dieron lugar a la imputación de responsabilidad del Estado, los más frecuentes son homicidio, lesiones personales, desplazamiento por la violencia y destrucción de bienes. Sus principales perpetradores son los grupos armados organizados al margen de la ley, en tanto sus principales víctimas son la población civil, los agentes de las fuerzas públicas y los líderes políticos y de la población vulnerable. Respecto de las decisiones, solo se tomaron aquellas que guardan relación con un fallo anterior o sujeto a ser apelado o impugnado ante las salas del Consejo de Estado, por cuanto allí es viable evidenciar la coherencia entre lo considerado por los tribunales administrativos y la Corte de cierre en la jurisdicción contencioso administrativa. De lo anterior se desprende que para la caracterización de las de-cisiones no se tomarán en cuenta únicamente las propias de la Sala de Consulta y Servicio Civil.Así, se vislumbra que de las impugnaciones de fallo de tutela, tres (3) fueron revocadas y tres (3) fueron confirmadas, mientras que de las acciones de repa-ración directa en recurso de apelación, diez (10) fallos fueron revocados, uno (1) fue confirmado y uno (1) fue confirmado parcialmente. No obstante, tanto las decisiones revocadas como las confirmadas reconocieron bien el amparo de derechos fundamentales o la responsabilidad del Estado en favor de las víctimas. Además, en nueve (9) de ellas se concedieron medidas no pecuniarias orientadas a la materialización del principio de restitutio in integrum y justificadas en su prevalencia sobre los de congruencia, no reformatio in pejus y causa petendi.

Diseño metodológico

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